La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos la validación de proyectos mineros en territorios indígenas sin consulta. El proyecto de sentencia presentado por el ministro Javier Laynez Potisek podría discutirse el 20 de mayo

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Consejo Tiyat Tlalli

En 2015 tres comunidades de la sierra norte de Puebla iniciaron un juicio para evitar que en sus territorios opere una mina a cielo abierto que devastaría sus hogares y dejaría las tierras inutilizables por décadas.

Después de cinco años, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero el ministro Javier Laynez Potisek presentó un proyecto de resolución que podría dar carta abierta para desestimar éste y otros juicios similares, lo que podría vulnerar los derechos de los pueblos indígenas de todo el país. 

Un año antes, 3 mil indígenas macehuales de los municipios de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan del Progreso encomendaron a un consejo llevar a cabo las acciones necesarias para la defensa de su tierra. Específicamente en contra de tres concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía a las mineras Autlán y Santa Martha.

En su demanda piden que se declare la Ley minera como inconstitucional. Durante el proceso para otorgar una concesión para explotar un pedazo del país, la Secretaría de Economía, la encargada de tramitarlas, ni siquiera avisa a las comunidades indígenas; mucho menos, les hace una consulta.

“Lo que decimos es que la ley es anticonstitucional porque cuando existe una ley que puede afectar los derechos, se tiene que consultar. La ley minera es del 92, en ese entonces México ya era parte del Convenio 169 de la OIT, por lo tanto, sí existe esa obligación”, argumenta sobre el caso la abogada Ximena Ramos.

Ella es directora regional de la oficina del Golfo de México del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Se trata de la organización que acompaña al Consejo Macehual Altepetajpianija en el caso. 

“Lo que suelen decir la Secretaría de Economía y las empresas es que el derecho es sobre el subsuelo, no sobre la tierra donde están ellos”, explica Ramos.

Los planes de estas mineras son desarrollar proyectos a cielo abierto, que devastan grandes extensiones de tierra ricas en recursos. 

Si se acepta la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek, entonces se crearía una tesis aislada, según explica Ximena Ramos. Es decir, una especie de precedente que obligaría a todos los juzgados de menor rango en el país a decidir en ese mismo sentido sobre otros juicios. Como en el país no hay ningún tribunal mayor que la Suprema Corte, esto obligaría al resto de los juzgados a resolver en el mismo sentido. 

“El problema es que ahorita hay cinco casos en el mismo sentido”, dice la abogada. Se refiere a una ubicada en Oaxaca y otras más: «En Guerrero en la mina San Miguel del Progreso; en Puebla, en Ixtacamaxtitlán; aquí un juez ya dijo que sí afectaba y está detenida la obra. También en San Luis Potosí hay un juicio así. Aún no se han revocado las concesiones, pero están suspendidas, va para largo en Wirikuta”.

El recurso de revisión 928/2019 es tan importante que incluso el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, del gobierno federal, hizo un llamado a que se declare la inconstitucionalidad de la Ley Minera. La razón: por violar el derecho a la consulta, a las tierras y a los territorios indígenas de los pueblos macehuales o nahuas de Puebla. 

Un amparo añejo

La demanda legal de los pueblos del norte de Puebla data de 2014. Su esfuerzo les ha ganado que en 2018 una jueza haya reconocido que la actividad minera conlleva afectaciones a su medio ambiente. Se trata de la juez quinta de distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales de ese estado. 

“Las afectaciones transitan desde un impacto negativo en la biodiversidad, flora, fauna, en el ciclo hidrológico, sistema hidrogeológico (subterráneo y superficial), calidad del agua, composición del suelo, agricultura, servicios de aprovisionamiento, de regulación de clima, de crecidas, de inundaciones, de control de erosión, depositación de sedimentos, sequías, regulación de enfermedades, purificación del agua y fertilización de suelos; hasta influencia relevante en la calidad del aire, ruido y modificación de la topografía y del paisaje”, dice una de las sentencias. 

Después de esa valoración, la juez ordenó llevar a cabo una consulta en los pueblos para validar las concesiones. Sin embargo, de aprobarse la propuesta del ministro Láynez, ésta se podría echar abajo.