El 21 de agosto sesionará la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE para elaborar el proyecto de acuerdo de asignación de diputaciones y senadurías de Representación Proporcional, que deberá aprobarse el viernes 23 en Consejo General. Ahí quedará resuelta, al fin, la espinosa discusión de la sobrerrepresentación legislativa.

Por Ernesto Núñes Albarrán / @chamanesco

Esta semana se definirán las diputaciones y senadurías de Representación Proporcional que, de acuerdo con las votaciones del pasado 2 de junio, corresponden a cada partido político. Y el Instituto Nacional Electoral tendrá bajo su responsabilidad una grave decisión: otorgar, o no, la mayoría calificada a la coalición gobernante.

Aunque la Constitución es muy clara en su artículo 54, que impide que un partido político pueda tener más del 8 por ciento de representación en la Cámara de Diputados respecto al porcentaje de su votación obtenida en las urnas, pareciera que no todo está resuelto en el espinoso tema de la sobrerrepresentación.

Las advertencias y llamados de ex consejeros electorales y exmagistrados del Tribunal Electoral, académicos, juristas y opinadores de diversa índole, en favor de que se considere el límite por coalición y no por partido político, parecen haber hecho mella en el ánimo de los 11 integrantes del Consejo General del INE, donde el próximo viernes 23 de agosto habrá de votarse la asignación de las plurinominales.

Si hace dos meses la mayoría de consejeras y consejeros —empezando por su presidenta, Guadalupe Taddei— estaban decididos a hacer una lectura textual de la Constitución, y aplicar a raja tabla el acuerdo de asignación que aprobaron por mayoría de 10 votos contra 1 en diciembre del año pasado, ahora algunos podrían haber cambiado de opinión.

Casi dos meses de debate público, y la insistencia de que la Constitución debe interpretarse con una mirada histórica y teleológica (esto es, considerando el contexto actual y el espíritu original de una reforma que lo que pretendía era impedir que una sola fuerza política pudiera modificar a su antojo la Carta Magna), han calado hondo en consejeras y consejeros.

Qué pasa si se lee textualmente el artículo 54 de la Constitución

Existe la certeza de que, si se asignan las curules haciendo una lectura literal de la Constitución en cuanto al límite a la sobrerrepresentación (es decir, aplicando el 8 por ciento por partido, y no por coalición), Morena, el PVEM y el PT se llevarían, juntos, 373 curules, con lo que tendrían mayoría calificada de manera sobrada en San Lázaro, suficiente para aprobar las reformas constitucionales del plan C en el primer mes de la nueva Legislatura, y algunas de ellas antes de que Andrés Manuel López Obrador deje el poder.

Conquistada la Cámara de Diputados, Morena, PVEM y PT sólo necesitarían tres votos en el Senado para que la Cámara alta -convertida en cámara revisora- avalara el plan C con una mayoría calificada oficialista. 

Dos de esos votos podrían tenerlos ya en la bolsa, pues hay una senadora y un senador del PRD electos por primera minoría, que se quedarán sin partido ni grupo parlamentario y que ya han sido contactados por Morena en sus estados: Tabasco y Michoacán. 

Con mayoría calificada en ambas Cámaras, y mayoría en más de 16 Congresos estatales (que también ya tienen), Morena y sus aliados podrían aprobar lo que quieran, con lo que el régimen que heredará López Obrador a Claudia Sheinbaum podría tener, prácticamente, una nueva Constitución, con un Poder Judicial distinto, un INE diferente; sin Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, ni otros organismos constitucionales autónomos; además de un Congreso sin plurinominales, que fueron la fuente de la pluralidad a finales de los 70, y sin reelección legislativa (como quiere Claudia Sheinbaum). Y, claro, una Guardia Nacional legalmente militarizada.

¿Qué cambió en el ánimo de consejeras y consejeros?

No sólo es la visión de ese país de híper mayorías oficialistas, y la amenaza de un nuevo presidencialismo sin contrapesos, lo que parece haber movido los ánimos en el Instituto Nacional Electoral; aunque bastaría ese panorama -apocalíptico para muchos-.

Hay otros factores que podrían haber movido la ecuación en la llamada “herrada de la democracia”.

Uno de ellos es la presión excesiva del gobierno y los dirigentes de Morena, cuya campaña en defensa de la sobrerrepresentación incluye al presidente López Obrador; a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que cada semana desde hace un mes ha insistido con el tema en las “conferencias mañaneras”; a Mario Delgado, dirigente de Morena, y a la presidenta electa, que en su discurso al recibir la constancia de su triunfo incluyó un párrafo para advertirle a los magistrados cómo deben aplicar el límite del 8 por ciento, en caso de que la asignación del INE sea impugnada y llegue a sus manos.

Otro factor es la soberbia con la que se conducen algunos dirigentes de Morena, que han dicho que a la oposición no le queda más que resignarse y aguantarse. 

Misma soberbia con la que han anunciado que la primera reforma del plan C, la del Poder Judicial, se hará tan rápido, que todavía le tocará a López Obrador promulgarla, antes del 30 de septiembre, su último día de gobierno.

Un factor más proviene de las declaraciones de Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, quien de manera solícita ha secundado a la secretaria de Gobernación en su dicho de que el instituto se apegará “cien por ciento” a lo que dice la Constitución. Declaraciones que anuncian un desenlace y que no han caído bien en otras consejeras y consejeros.  

Y, finalmente, hay otro elemento: la división que existe en el INE y su evidente crisis institucional, que podrían convertir la votación del 23 de septiembre en un asunto de pronóstico reservado.

Se sabe, en el INE, que hace unas semanas la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, convocó a sus pares a una reunión fuera de la Ciudad de México, para hacer un balance de las elecciones del 2 de junio e intentar que, en la quietud de Valle del Bravo, poder discutir el futuro del INE en una encerrona de dos días.

Algunas consejeras y consejeros sugirieron crear una especie de “libro blanco” de los comicios (qué salió bien y qué pudo salir mejor), con la intención de tener una contrapropuesta de reforma político-electoral, lista para ponerla sobre la mesa en 2025, cuando Claudia Sheinbaum y Morena podrían ejecutar la reforma que AMLO heredó en su plan C.

La reunión, que también buscaba limar asperezas después de la evidente división en dos bloques, terminó mal y sin acuerdos. Y, así, el bloque de Taddei sigue siendo un bloque ensimismado y cercano al oficialismo, pero ahora sólo con tres integrantes absolutamente leales a la presidenta: Norma Irene de la Cruz, Jorge Montaño y Rita Bell López.

El quinto consejero del bloque de la presidenta, Uuc-kib Espadas, ha manifestado públicamente su distancia y ha dicho abiertamente que él no forma parte de ningún grupo. 

El ex diputado yucateco, quien siempre se ufana de haber militado en la izquierda democrática de los años 80 y 90, resulta clave en este tema, pues preside la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, de donde saldrá el proyecto de acuerdo con la asignación de las 200 plurinominales.

La sesión de la Comisión de Prerrogativas es el miércoles 21 de agosto, y en ella también participarán Norme Irene de la Cruz (del grupo de Taddei); Arturo Castillo (quien ha permanecido neutral), Carla Humphrey y Dania Ravel (quienes han defendido la autonomía del INE y se han distanciado del grupo de la consejera presidenta).

Además, Espadas ha cambiado su postura frente a la sobrerrepresentación: ya no dice, como lo declaró en junio en una sesión de Consejo General, que la Constitución debe leerse textualmente y aplicarse el límite del 8% “por partido político”, y recientemente ha afirmado que aún no tiene una decisión tomada al respecto.

Cuando el proyecto salga de la Comisión, caerá en la decisión de los 11 integrantes.

Ya se sabe cómo votarán De la Cruz, Montaño, López y Taddei, pero no el resto.

Además de Dania Ravel y Carla Humphrey, otras consejeras y consejeros se han asumido como defensores de la institucionalidad y autonomía del INE y contrarios al sometimiento del órgano electoral por parte del gobierno: Martín Faz, Jaime Rivera y la consejera Claudia Zavala.

¿Eso quiere decir que votarán en contra de que Morena y sus aliados alcancen un número suficiente de curules para obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados?, no necesariamente, pero hoy en día tampoco se puede asegurar que sí otorgarán esa mayoría derivada de una sobrerrepresentación excesiva, principalmente del Partido Verde y el PT que, con la interpretación sugerida por Gobernación, se convertirían en la segunda y la cuarta bancadas en San Lázaro, siendo que fueron el quinto y sexto partidos más votados, respectivamente.

El acuerdo de diciembre y el papel de Claudia Zavala

La consejera Claudia Zavala resulta clave en todo esto, pues es la única que, de manera sistemática y desde 2021, ha votado en contra de que se aplique el límite de sobrerrepresentación de máximo 8% por partido político, leyendo la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) de manera gramatical. 

Ahí está su voto particular en 2021, cuando el INE aprobó la asignación después de las elecciones intermedias, y su voto en contra del acuerdo de asignación que aprobó el INE el 7 de diciembre de 2023.

En esa ocasión, Claudia Zavala presentó un voto particular en el que defiende que el artículo 54 de la Constitución y la LGIPE deben interpretarse de forma tal que se haga prevalecer el principio de pluralidad.   

“La lectura e interpretación gramatical respecto del capítulo II del Título Segundo del Libro Segundo de la LGIPE (artículos 15 a 20) atinente a la representación proporcional para la integración de las Cámaras y las fórmulas de asignación, mantiene una de las posturas que generaron, precisamente, las distorsiones advertidas en la asignación de diputaciones de RP en los años 2015, 2018 y 2021, razón por la cual es necesario realizar una interpretación conforme con la Constitución, que evite el incumplimiento de límites de sobre y sub representación reconocidos en el sistema constitucional y atienda las razones históricas y teleológicas que motivaron la representación proporcional a partir de la igualdad del sufragio”, propuso en dicho voto.

Aunque Zavala se quedó sola en aquella sesión del 7 de diciembre de 2023, esta vez podría convencer a otras consejeras y consejeros de hacer la dichosa interpretación integral, con una visión histórica y teleológica, dadas las circunstancias ya referidas.

Qué va a pasar después del 23 de agosto

El tema se ha vuelto tan relevante en la opinión pública, que el INE prepara la sesión del viernes 23 con mucho esmero, y una acreditación especial para medios de comunicación, que probablemente acudan en masa a presenciar y cubrir la discusión y votación del acuerdo.

Ese día, luego de que se emitan los 11 votos en el Consejo General, la consejera presidenta entregará a los representantes de cada partido político la constancia con el número de diputaciones que le correspondan por el principio de Representación Proporcional en cada una de las cinco circunscripciones.

En ese momento se darán por notificados a los partidos políticos, que contarán solamente con 48 horas para impugnar el acuerdo de asignación.

Se prevé que esa impugnación ocurra, tanto si es la oposición la que busque combatir una sobrerrepresentación excesiva del oficialismo, como si son Morena y aliados quienes busquen defender las 373 curules que ya presumen tener.

Y entonces las miradas volverán a concentrarse en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde el asunto volverá a estar en manos de la magistrada Mónica Soto, sus magistrados afines, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, y los dos integrantes que han sido renuentes a complacer en todo al gobierno y su partido: Reyes Rodríguez y Janine Otálora.

Se prevé que el 27 de agosto haya una sentencia definitiva, y que a partir del 28 se haga la acreditación de las nuevas diputadas y diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

La LXVI Legislatura deberá instalarse en el último día de agosto, para entrar en funciones el 1º de septiembre. Ese día veremos de qué tamaño son las bancadas del oficialismo y si, finalmente, volveremos a los tiempos del partido hegemónico.