A un poblado de Oaxaca llegaron, hace casi una década, empresas españolas a instalar parques eólicos. Lo hicieron sobre tierras fértiles que tenían uso de suelo comunal. Pasaron las leyes agrarias por alto y engañaron a los comuneros. Después de varias protestas infructuosas, un grupo de habitantes inició una batalla legal que podría ser un precedente para otras comunidades que busquen expulsar a mega proyectos de sus territorios

Texto y fotografías: Ana Cristina Ramos

UNIÓN HIDALGO, OAXACA.- El último domingo de cada mes, los comuneros de este pueblo se reúnen bajo la sombra de un árbol para celebrar la asamblea de bienes comunales, la junta donde se decide el rumbo de la comunidad. Lo hacen así desde 2012, el año en que recuperaron parte de su legado indígena -la asamblea- y encontraron otra forma de luchar contra sus nuevos conquistadores: los parques eólicos.

Desde el quiosco de la plaza donde se reúnen los 50 comuneros se puede ver al norte y al poniente las tierras de cultivo del pueblo que ahora parece que sólo siembra aerogeneradores; la torre eólica más cercana está a 500 metros del poblado, las demás se extienden hasta el horizonte. Los inmensos molinos modernos dividieron la tierra y a los habitantes del pueblo.

Unión Hidalgo es un municipio ubicado a 15 minutos en coche de la ciudad de Juchitán, en el Istmo; es una zona donde viven descendientes del pueblo zapoteca.

Esta comunidad ha dado una batalla legal contra una empresa española por la instalación de un parque eólico; los comuneros esperaron tres años y medio por una sentencia que finalmente se dio en los primeros días de diciembre de 2016, con un resultado desconcertante: el magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Georg Ruben Silesky Mata, reconoció que las tierras en donde se asentó el parque eólico son agrarias, pero dejó vigentes los contratos civiles que firmaron de forma irregular algunos comuneros de Unión Hidalgo (esos contratos son ilegales porque no los firmó la asamblea). La decisión final está ahora en manos de un Tribunal Colegiado, ante quienes los abogados de los comuneros presentaron un amparo contra la sentencia.

Los engaños

La historia de la venta ilegal de las tierras comenzó en 1964, cuando el ex presidente Adolfo López Mateos decretó que todas las tierras de Juchitán y sus anexos –Unión Hidalgo, La Venta, Xadani, Chicapa de Castro y El Espinal– pertenecen al régimen de tierra comunal; así, poco más de 68 mil hectáreas fueron reconocidas como propiedad de las comunidades indígenas y, por lo tanto, serían administrados por una asamblea

Esa asamblea duró 14 años. La última sesión se realizó en 1978 y coincidió con las elecciones para escoger al nuevo comisario de bienes comunales. El ganador nunca ocupó su cargo, pues algunos miembros lo desconocieron y la asamblea se disolvió, aunque el régimen de la tierra siguió siendo comunal.

La disolución de la asamblea fue un manjar para los partidos políticos que durante la década de los 80 entregaron títulos de propiedad a los comuneros, a cambio de votos. Por lo menos, eso fue lo que les dijeron, ya que legalmente sólo podían entregarles certificados de propiedad agrarios, lo que les permitía trabajar y hacer uso de la tierra, pero no los hizo dueños de ella.

Sin embargo, ese “intercambio” de votos por certificados de propiedad resultó en la confusión que permea hasta hoy: con este papel los comuneros “adquirieron” hectáreas, y si ellos podían comprar la tierra, ¿por qué no iba a poder rentarle su terreno a una empresa?

Desarrollos Eólicos Mexicanos, Demex, y su filial española, Renovalia Energy, llegaron a Unión Hidalgo en el 2005 con la intención de construir un parque eólico de 2 mil hectáreas. Lo llamaron Piedra Larga.

“En un primer momento, en el 2007, la empresa llegó acaparando terreno, apartando casa por casa, a través de unas muchachas edecanes que acosaban a los propietarios, cuando no lograron reunir las hectáreas, llegó la rifa de los aerogeneradores en el 2009, regalaban boletos para una camioneta Nissan y otras regalías a las personas que firmaran, un año después hicieron la vela del aerogenerador, igual le regalaban 10 cartones de cerveza a los que firmaban”, cuenta con los ojos cerrados y su hablar pausado Juan Regalado, vocero de los comuneros.

Regalado fue de los últimos comuneros en firmar el contrato de arrendamiento; cedió después de que lo visitó el representante de Demex y le ofreció un puesto como consultor, pero eso nunca ocurrió. No fue el único engañado: a un comunero le prometieron la construcción de una universidad; a otro, le dijeron que los pagos eran mensuales, no los 250 pesos por hectárea anuales que recibe ahora.

La empresa española se hizo de los campos de cultivo de los pobladores de Unión Hidalgo, “pero los contratos no sólo se obtuvieron con dolo, estaban mal planteados desde un principio”, explica Juan Antonio López, abogado de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC).

“La empresa recababa la documentación, los certificados, se los presentaba al notario, este hacía las escrituras y después se las llevaba a los posesionarios a firmar junto con el contrato de arrendamiento”, dice el defensor.

Las escrituras apócrifas datan desde 1992, dos años antes de que se instalara el primer parque eólico. Las empresas aseguran que no eran conscientes de la propiedad de la tierra, y aunque no está comprobada una relación de complicidad entre la empresa y la Notaría, según el abogado, las notarias que redactaron estas escrituras, Aurelia Benítez Castillejos y María de la Luz Emelia Martínez Carvallido, debieron revisar la documentación y notificarle a la empresa y a la comunidad de Unión Hidalgo que no era posible rentar esas tierras porque ese acuerdo debían consultarlo con la asamblea de la región y hacerlo por la vía agraria. En cambio, la redacción de estas escrituras sembró la idea errónea de que los comuneros podían rentar.

La resistencia

En el Istmo de Tehuantepec hay 27 parques eólicos y 12 de ellos están dentro dentro de las 68 mil hectáreas de tierra comunal; los más conocidos son: Bii Hioxo, Eurus y Fuerza Eólica del Istmo. Todos los contratos con los comuneros, en los cuales las empresas se amparan para funcionar, están realizados sin tomar en cuenta el régimen de la tierra y fuera de la ley porque no existía una asamblea con quien negociar.

Pero nada de esto se supo en el poblado, mientras corría la cerveza, cuando los representantes de Demex y Renovalia terminaron de conseguir las firmas necesarias que requería el proyecto (en 2010). Al año siguiente, empezó la construcción, la represión y las amenazas.

A principios del 2011, sin notificarle a los pobladores, llegó la empresa a Unión Hidalgo con camiones; talaron, pavimentaron caminos y excavaron para colocar las bases de los grandes molinos de viento. El mismo día se constituyó la mesa directiva de los propietarios, una asociación de 72 hijos y parientes de comuneros quienes movilizaron a la población para conseguir un adelanto del importe del contrato, el cual despliega un tabulador de precios anuales por la renta de los terrenos y una cláusula de vigencia donde se establece que la fecha de terminación se puede prorrogar indefinidamente.

Dentro de esa asociación, un grupo de 48 hombres y mujeres –en su mayoría de la tercera edad– buscó proteger a la comunidad de abusos por parte de la empresa. Ellos fueron quienes promovieron la investigación del régimen de la propiedad y el contenido de las clausulas de otros parques eólicos ya instalados.

Entonces empezaron a conocer las inconsistencias: Los pagos de Demex eran entre 10 a 25 veces menores de lo que se ofrecía en otros parques eólicos por la renta, y no estaban considerando las afectaciones que iba a generar la construcción de la empresa. “Prometieron una relación de precios por los árboles, igual estaban tirando palmeras que árboles de Huanacastle de más de 50 años”, cuenta uno de los comuneros, que pide no publicar su nombre.

También se dieron cuenta que la empresa hipotecó sus tierras, lo cual le impidió a Juan Regalado continuar con su trámite para obtener un crédito bancario. El crédito más bien lo obtuvo la empresa española Renovalia, al gravar los territorios obtuvo 160 millones de dólares financiados por el gobierno mexicano a través de Nafinsa, Bancomext, Banobras-Fonadin, y tres bancos privados.

Ese mismo año y frente al incumplimiento de los contratos, los comuneros solicitaron una reunión con la empresa.

“Se le citó a la empresa para analizar estas situaciones, en el contrato había un cláusula que especificaba que se iba a revisar para mejorar las condiciones. Si no nos convenía se podía rescindir… esto no se logró”, recuerda Juan Regalado.

A la junta asistió el representante de Demex, Fernando Ballester Surroca, quien dijo una frase que no han olvidado los habitantes y contra la que el Comité de Resistencia luchó desde entonces: “Ya firmaron, ya se chingaron”.

La respuesta de la comunidad fue que bajo esas condiciones no podían entrar en los terrenos a seguir excarvando para la cimentación y abriendo caminos.

Los siguientes ocho meses Unión Hidalgo vivió en resistencia, peleas entre vecinos y una posible rendición.

La primera pelea se dio, paradójicamente, entre los 72 miembros de la Mesa Directiva de Propietarios. Juan Regalado y su esposa Lupita lo recuerdan desde la galera de su casa: dentro del comité había mucha ambición -narran- y la representación la llevaran jóvenes que no eran dueños de esos terrenos.

”La empresa al vernos constituidos empezó a abordar a los propietarios, amenazando, intimidando, ofreciendo dinero, prometiendo obras como pozos, tanques de almacenamiento, casitas en los terrenos y así fueron firmando”, dice Regalado.

Lupita suelta una risa sin humor “Cuando lograban convencerlos los exhibían como si fuera un gran trofeo. Así nos hacían hasta que quedamos menos.”

El segundo frente se dio en los campos donde se construyó el parque. Los manifestantes se aliaron con la organización de Bettina Cruz –defensora de derechos humanos– primero para bloquear la entrada y después para evitar que la empresa construyera en sus terrenos.

“Ahora me da risa, pero su momento tenía mucho miedo. Pasé una semana con machete en mi territorio. De repente se acercaban los muchachos del pueblo que vigilaban para la empresa, pero en su mayoría estuve sola”, relata una comunera, rodeada por fotos de su familia y los títulos de su hija.

La última protesta

La última protesta de la resistencia se dio el 28 de octubre del 2011, en la carretera Panamericana, que conecta Juchitán con Tuxtla Gutiérrez, uno de los caminos principales de la zona. La manifestación empezó a reunirse a la sombra del puente para repartir volantes, las primeras en llegar fueron Lupita con las defensoras de derechos humanos Bettina Cruz y Maribel Pedro. Los demás manifestantes, una comitiva de 30 personas llegaron a las 4 de la tarde.

Apenas bajaron de sus vehículo pasó un policía federal de caminos preguntando, qué iban a hacer. Unos minutos después llegó el Agente Municipal del municipio La Venta con seis muchachos, gritando groserías y amenazando con matar o quemar a los manifestantes. Juan Regalado recuerda que llegó buscando a su esposa –quien fue a sacar más copias de los volantes– y en su lugar se encontró con los puños del Agente Municipal cuando intentó defender a Bettina Cruz. El agente regresó con 50 hombres. “¡Van a ver si no se salen!”.

Luego empezó la balacera.

El agente amenazó con el arma y con golpes a Juan Regalado, a Rodrigo Sánchez Miguel y a Bettina Cruz. Su llegada y la amenaza de las balas disolvió la manifestación y una persona fue asesinada. La presión sobre los 48 hombres y mujeres en resistencia fue clara: al asesino se le vinculó con la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT, es la organización que dirige Bettina Cruz), y al ex agente de La Venta, que llegó con su pistola, se le declaró inocente.

Después de la manifestación en La Venta, de los 48 posesionarios sólo quedaron 23.

Cambio de juego: batalla en los tribunales

ProDESC asumió a la defensa de Unión Hidalgo después de que la empresa y la policía estatal detuvieran, en 2011, a cinco personas durante una de las manifestaciones contra la instalación de una torre sin autorización.

Con el apoyo de ProDESC el pueblo revisó la posibilidad de dar una batalla por la vía agraria, en lugar de limitarse a demandar el fin anticipado de los contratos.

Esta batalla obligó a volver al año de 1978, cuando se hizo la última asamblea de la comunidad. Así 34 años después, el 24 de junio de 2012, la Asamblea Comunal de Unión Hidalgo se reanudó. Su primera decisión fue elegir a Óscar Marín como Representante de Bienes Comunales. Un año después, el 11 de junio 2013, se presentó la demanda contra Renovalia por nulidad de contrato. Ya tenían el mapa y el decreto para comprobar el régimen de la tierra.

En los últimos tres años y medio el juicio fue un sube y baja; primero el Tribunal Agrario de Tuxtepec se declaró incompetente para tomar la decisión, esto impulsó un amparo ante el Tribunal Superior que resolvió que la demanda se iba a determinar con una prueba topográfica y designó a tres peritos para determinar si Unión Hidalgo está dentro de las 68 mil hectáreas de tierra comunal.

Al final, el diciembre pasado, el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec declaró que la tierra sí es comunal, pero permitió que los contratos se mantuvieran vigentes. ProDESC presentó un amparo y ahora, la última instancia que resolverá este conflicto es un Tribunal Colegiado.

Una sentencia en favor de los comuneros no sólo sería un logro para Unión Hidalgo, sino para sentar un precedente jurídico que ayudaría a otros procesos similares.

Desde el 27 de octubre de 2015 hasta el 10 de febrero de 2016, Demex y Renovalia buscaron salvarse: a los 23 posesionarios que resistieron hasta el final, las empresas les ofrecieron terminar los contratos de manera anticipada y saldar los pagos en deuda. Pero se trataba de un engaño más. Uno de los posesionarios fue al Registro Público de la Propiedad y descubrió que las escrituras falsas de sus terrenos seguían hipotecadas.

Para los 23 posesionarios que sobrevivieron este proceso, volver a usar sus tierras es mucho más fácil ya que no se construyó en ellas; el problema será para los propietarios donde sí se instalaron las torres, porque el camino que lleva al aerogenerador y la base de este están hechos de cemento, cuyo uso deja prácticamente infértiles a las tierras.

En espera de la resolución de esta batalla, los comuneros saben que otra pelea se aproxima: los cambios que traerá la reforma energética.

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