Entre las y los jornaleros agrícolas persisten las muertes maternas y pediátricas, las muertes por golpes de calor, la desnutrición crónica. Si bien responden con sus saberes ancestrales, el Estado tiene una deuda de garantizar su derecho a la salud

Por José Eduardo Calvario Parra

En Sonora recientemente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) informó que hubo una reducción de la pobreza del 2020 a la actualidad, pues 235 mil personas salieron de la pobreza; y para el caso de la pobreza extrema, la cifra alcanzó los 53 mil 800 personas que dejaron de ser consideradas como pobres en situación extrema (no les alcanza para una canasta básica y cuentan por lo menos con tres carencias sociales).

Nos pueden parecer cifras alicientes que reflejan cierta mejoría de la población en condiciones de vulnerabilidad social. Con todo lo positivo, resulta que al visitar alguna comunidad de trabajadores/as agrícolas podemos palpar la falta o endeble cobertura en salud, entre otros rubros. Acceder a los servicios tanto de promoción como de atención a la salud es sin duda una asignatura pendiente. Y lamentablemente, dicha situación es generalizada para el caso de las personas jornaleras de nuestro país. Sin duda, los programas sociales universales del gobierno federal, y aquellos de origen estatal, han paliado las condiciones tan adversas que han imperado durante décadas, pero es difícil contradecir la realidad, la salud, como la educación o la vivienda, aún requieren una fuerte inversión social.

Cabe recordar que la salud como derecho constitucional no solo implica el acceso a medicamentos y/o atención cuando ocurre la enfermedad, sino además a un conjunto de acciones preventivas, sin mencionar que el Estado mexicano debe proporcionar las condiciones que impidan el agravamiento y/o aparición de la enfermedad. En dicho sentido, una vida saludable debe entenderse desde una visión integral que conlleve una nutrición del individuo fuera del alcance de las empresas propulsoras de la comida chatarra, una vida alejada de la violencia social y de accidentes, un saneamiento comunitario vigoroso, la recuperación de cosmovisiones de los pueblos originarios respecto a la salud y enfermedad. Frecuentemente las autoridades gubernamentales cuando refieren la atención a la salud en los diferentes grupos sociales la ciñen solo a aspectos relacionados a consultas médicas, número de atenciones, la distribución de materiales de prevención bucal, sexual y reproductiva, entre otras, pero con poca articulación de los distintos niveles que conlleva un modelo integral de atención a la salud. Es decir, las intervenciones de los sistemas de atención a la salud gubernamental están anclados en el modelo biomédico que impera de manera dominante cuando se piensa en mejorar la salud de las personas.

Es indudable que la población jornalera carece, en varios sentidos, de la mano visible del Estado.  Afortunadamente, las capacidades comunitarias tanto de los grupos migrantes que llegan a laborar a los distintos campos agrícolas del centro y norte del país, como de los/as jornaleros/as asentados/as, despliegan un conjunto de acciones de resistencia ante la avalancha de problemas. Así, el conocimiento de la salud incorpora la sabiduría tradicional para atender los padecimientos que les aquejan tras una larga y extenuante jornada laboral. Si por una parte, los programas universales de transferencias monetarias podrían mejor dicha capacidad, ha sido utilizado con relativo éxito el modelo alternativo de atención, en este caso, la medicina tradicional; queda pendiente, por parte de las autoridades gubernamentales de todos los niveles, implementar programas focalizados que puedan mejorar sustantivamente la salud desde una visión más holística que sea capaz de combinar viejos y nuevos saberes, o sea con una perspectiva cultural adecuada. La población jornalera tiene rasgos suigéneris que requiere atención especial para que los rezagos históricos sean minimizados y desterrados en el mejor de los casos. Las muertes maternas pediátricas aún persisten, los fulminantes fallecimientos por golpes de calor y la desnutrición crónica no desaparecen. La focalización para atender las carencias múltiples es indispensable. Esperemos que este 2024 sea un año de mayor avance de la justicia social para quienes producen lo que comemos en nuestras mesas.

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