Entre la falta de acceso a servicios de salud en sus comunidades, la falta de atención especializada como víctimas de la violencia, y la prioridad de ellos de encontrar a sus hijos, la salud de los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa merma con el tiempo

Texto: Margena de la O

Fotos: José Luis de la Cruz

GUERRERO.- Unos días antes de morir, Bernardo Campos Santos, padre de José Ángel Campos Cantor, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecido hace siete años en Iguala, se quejaba de malestares por su gastritis crónica, pero más le preocupaba que fueran  hacerle la endoscopia digestiva.

Le agobiaba el procedimiento.

Debían introducirle un tubo flexible por la garganta hasta el esófago para que a través de una cámara los médicos supieran cómo andaba su estómago. Personas allegadas a su familia sólo sabían que Bernardo tenía una úlcera.

La médica que monitoreaba a él y el resto de los padres de los 43 le había sugerido viajar de Tixtla, su lugar de origen, a Chilpancingo, para revisarse en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, después que él le reportó que le dolía fuerte el estómago, de acuerdo con el testimonio de familiares de Bernardo.

La médica que monitorea a los padres de los 43, explicó el abogado del movimiento, Vidulfo Rosales Sierra, quien es integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, es Angélica Narváez. En realidad sus funciones son la de un enlace de asistencia médica que les puso el gobierno federal.

El abogado explicó que aun cuando la médica es sensible con la asistencia a los padres, lo cierto es que sus funciones están limitadas, porque en realidad no garantiza que ellos tengan un óptimo servicio de salud, sólo los canaliza hasta donde puede y los monitorea.

Contó que hasta apenas con esta administración federal pudieron tratar ligeramente el tema de salud de los padres y madres de los 43, pero sin mucha cobertura, porque para los padres antes que ellos está la investigación sobre el paradero de sus hijos. El presidente Andrés Manuel López Obrador determinó que atendieran sus enfermedades en los centros de salud de sus comunidades, “como un usuario ordinario”, mencionó el abogado. Sólo por ser víctimas–indirectas, como se nombran de manera institucional a quienes tienen un familiar desaparecido o asesinado –tienen un enlace o monitoreo médico.

Independiente del malestar por la úlcera, Bernardo tenía otros padecimientos crónicos, como la diabetes, que surgió años antes de la desaparición de su hijo. Hace un tiempo, al menos un par de años, Bernardo detuvo su participación en el movimiento, sólo por un rato, porque a causa de esta enfermedad crónicodegenarativa le amputaron el primer dedo de uno de sus pies y hasta hace poco, es decir, antes de fallecer, traía vendado el segundo dedo. “Ya lo traía malo”, contó alguien cercano a él.

Bernardo era activo en el movimiento en reclamo de la aparición de los 43 normalistas, entre ellos su hijo. Quienes lo conocen han dicho de él que era muy optimista con la posibilidad de hallar a los muchachos y con seguir él en el movimiento. Todavía participó en la acción global de junio pasado: estuvo en la caseta de Palo Blanco, con otros padres; los normalistas tomaron las casetas de cobro de la carretera de cuota.

Esa ocasión él le dijo a un reportero de este medio que no aceptaría del gobierno de Andrés Manuel López Obrador un hueso como prueba de que hallaron a su hijo, y comentó de la reunión que ya tuvieron con el presidente este viernes, donde el resto de los padres y madres salieron inconformes porque no les dio avances del caso, según con lo que se documentó aquí, pero en la que Bernardo ya no estuvo.

Un familiar mencionó que vio a Bernardo y se quejó con él de su úlcera, pero lo que más le percibió fue un segundo dedo del pie muy afectado. Después se enteró que en agosto fue internado en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, en realidad por un diagnóstico poco claro, pero asociado a sus enfermedades crónicas.

Bernardo también participó en la jornada de lucha virtual que hicieron las madres y padres de los 43 en julio pasado, por los seis años y 10 meses de la desaparición de sus hijos. Estuvieron en la Ciudad de México del 26 al 29 de julio. El último día de esas fechas a todos los padres y madres les hicieron una revisión médica y la prueba covid-19, pero todos salieron negativos, informó en su momento a Amapola. Periodismo transgresor Cristina Bautista, una de las madres.

Pero Bernardo, en efecto, estuvo internado en el hospital de Chilpancingo, donde tardó alrededor de una semana, pero fue trasladado a la Ciudad de México para una atención especializada el 18 de agosto, según lo que supo también Cristina Bautista.

Rosales Sierra, el abogado de los 43, quien se encargó de gestionar su traslado, dijo que primero vieron que fuera internado en el Hospital General de México, pero no había espacio. Consiguió que lo internaran en el Instituto Nacional de Nutrición, donde falleció el 3 de septiembre pasado.

El padre de José Ángel, además de todos sus padecimientos, fue diagnosticado con la covid-19, confirmaron familiares. Pero el abogado cree que en realidad el virus lo que hizo fue acelerar todos los padecimientos ya complicados de Bernardo.

La salud de los padres, otro tema pendiente

Todavía hasta 2017, los padres y madres de los 43 eran atendidos de sus padecimientos los 24 y 25 de cada mes por los médicos voluntarios de la Red de médicos por los 43 en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en la Ciudad de México. Desde los primeros años del movimiento –el cual cumplió este domingo siete años, los mismos que llevan desaparecidos los normalistas– eran revisados en el contexto de sus jornadas de protesta en la capital del país.

Pero como esta atención también tenía fronteras, los abogados de Pro y Tlachinollan, organizaciones que acompañan a los padres y madres, analizaron la posibilidad de gestionar ante un hospital de la Ciudad de México para que les dieran atención más especializada –no es que los médicos voluntarios dejaran de verlos–, pero eso se quedó en un plan, porque se concentraron, y siguen haciéndolo, en la lucha por saber qué pasó con sus hijos desaparecidos en Iguala, contó Vidulfo Rosales Sierra. Saber dónde están sus hijos es la prioridad de los padres y madres desde hace siete años.

Admitió también que el tema de la atención médica para los padres y madres sigue pendiente porque aun cuando los activistas lo pensaron y planearon, ya no le dieron seguimiento.

En una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, recordó el abogado, llegaron a plantear el tema de atención médica de los padres y madres, y éste les sugirió que se atendieran en los centros de salud de sus comunidades. “Ahí es cuando no funcionó este modelo”, mencionó.

Las razones de su apreciación son varias, por ejemplo, hay padres que viven en lugares muy apartados en donde quizá no hay centros de salud o para llegar a uno hay que viajar por varias horas o no hay medicamentos o personal especializado. Estas necesidades en los centros de salud son constantemente denunciadas en la prensa.

Un ejemplo es el caso de Saúl Bruno García, quien debía viajar por dos horas de Los Magueyitos a la cabecera de Ayutla para atenderse en una clínica.

El abogado expuso que este planteamiento del presidente nunca garantizó un trato distinto a los padres y madres, no por una condición de privilegio, sólo por considerar que “son víctimas que se agravan por la desesperación de no saber de sus hijos”.

La única garantía de los padres y madres diferente a la de un usuario común, es que tienen un enlace médico, también con acotadas funciones.

Los padres han sido muy enfáticos con no requerir algún apoyo o reparación de daño al Estado, para que no se demore la investigación sobre el paradero de sus hijos, pero la Ley de Víctimas obliga a las instituciones a dar ciertas garantías a las víctimas indirectas.

El servicio de salud nunca ha sido garantía para los padres y madres u otro familiar de los normalistas desaparecidos, entre ellos, los hijos de los propios muchachos.

José Ángel Campos Cantor, uno de los 43, tuvo dos hijas con Blanca González Cantú, y cuando alguna se enferma, ella las lleva con médicos que prestan servicio en los consultorios de las farmacias, porque es para lo que le alcanzan sus ingresos de trabajadora doméstica.

*Este trabajo fue realizado por AMAPOLA PERIODISMO, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar el original.