Al llegar al gobierno, el presidente López Obrador prometió un cambio radical en la Comisión Nacional del Agua; sin embargo, el fracaso de ese intento se constata con la remoción ilegal como subdirectora de administración de Elena Burns, quien es aliada de organizaciones ciudadanas que defienden el agua y había llegado para cambiar la institución

Texto y fotos: Arturo Contreras Camero

CIUDAD DE MÉXICO.- El descontento por la destitución de Elena Burns, que hasta el lunes pasado se desempeñaba como subdirectora general de Administración del Agua en Conagua (Comisión Nacional de Aguas), levantó el descontento a lo largo y ancho del país. La ahora exsubdirectora cuenta con una amplia trayectoria como activista y organizadora social en defensa del agua contra las grandes empresas, lo que le ha valido el respaldo de ciudadanos y organizaciones en todo el país. 

Al mediodía de este lunes las oficinas centrales de la Conagua en la Ciudad de México quedaron paralizadas por una protesta en defensa de Elena Burns; también hubo protestas en las oficinas regionales de la Comisión del Agua en Hidalgo, Coahuila, Baja California, Yucatán y Tabasco.

“¡Agua sí!” y “¡Fuera Santoyo! (el director de la Comisión)”, gritaban desde la avenida de los Insurgentes de la capital del país, que por ratos cerró su circulación por los manifestantes que se agolpaban en las puertas del edificio de oficinas.

El férreo respaldo a Elena se debe a su larga trayectoria junto con la coordinadora Agua para todos. Con su ayuda se elaboró la primera concesión colectiva e indígena de agua (en el país solo se concesiona agua a empresas o a gobiernos), se canceló la concesión de agua privada para el proyecto del acueducto Monterrey VI que saquearía agua de San Luis Potosí para llevarla a la urbe regiomontana y se edificó la lucha contra la instalación de una planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali. A su vez, Agua para la vida coordina los esfuerzos de colectivos y organizaciones locales que defienden el agua en 30 estados de la república. 

Con ese respaldo popular Elena llegó a la Conagua en octubre de 2020, unas semanas después de que seis subdirectores del organismo, vinculados con el Partido Acción Nacional, la dejaran bajo graves sospechas de corrupción. Ella y otras cinco personas más debían cumplir con el mandato presidencial de renovar la institución para que sirviera a los intereses del pueblo y no de las empresas; sin embargo, a lo largo de dos años, la única de ellas que permanecía en el puesto era Elena. 

Así fue hasta el pasado lunes 31 de octubre, cuando al llegar a las oficinas los guardias de seguridad le negaron el acceso. Dos días antes, el sábado, Elena y su equipo intererceptaron un mensaje de la dirección interna de Conagua en el que se solicitaba “por todos los medios” no permitir el acceso a las instalaciones de Hidra –nombre clave para Elena y su equipo. 

Así, preparada para lo peor, Elena acudió a su oficina acompañada de un notario público quien dio fe de que la funcionaria en ningún momento abandonó su trabajo, sino que fue víctima de un boicot al interior de la misma Conagua. Al día siguiente, el doctor Oscar Monroy, académico de la UAM Iztapalapa, y el abogado ambientalista Rolando Cañas, miembros del equipo de Elena Burns, fueron recibidos con armas largas al intentar ingresar a sus oficinas.

“Es una señal muy peligrosa. Qué nos pone a pensar que si en Insurgentes, en las oficinas centrales de Conagua, usan armas largas, qué no va a pasar en las sierras, en las costas, donde hay muertos y secuestrados que se defienden contra estos intereses, qué podemos esperar si el presidente, en estos dos últimos años de gobierno, no abraza las causas verdaderas del agua”.

Pedro Moctezuma, integrante de la coordinadora Agua para todos y estrecho colaborador de Elena Burns.

Desde 2012 Elena Burns y la coordinadora Agua para todos iniciaron un proceso de consulta y construcción de una propuesta ciudadana de Ley General de Aguas, una reforma que busca sustituir a la actual Ley de Aguas Nacionales que entrega el control del agua, mediante a concesiones, a grandes empresas como mineras, cerveceras o agroindustriales, muchas veces en detrimento de las comunidades locales. 

Con ese mismo ímpetu, Elena Burns entró a la Comisión Nacional del Agua con el afán de refrendar la promesa del presidente López Obrador de no privatizar el agua; sin embargo, pareciera que los intereses económicos al interior de la institución pesan más que el designio presidencial. 

Por la mañana de este lunes, antes de las protestas, el presidente se refirió al tema durante su conferencia de prensa diaria.

“Me consultó a mí el director de Conagua, Germán Martínez, a quien también le tengo confianza, y yo autoricé que se propusiera este cambio, buscando que Elena nos ayudara en otra tarea”.

Andrés Manuel López Obrador.

Formalmente la destitución de Elena Burns aún no tiene validez, pues el director Martínez no puede remover o nombrar subdirectores, pues es una facultad del consejo de la organización, presidido por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, María Luisa Albores. 

“Una propuesta es que me ayude a definir cómo hacer una reforma a las leyes para hacer un uso racional del agua y cuidar este líquido fundamental, básico”, continuó en su explicación matutina el presidente, sin mencionar la propuesta ciudadana ya existente.

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“La idea era que se hiciera cargo de una coordinación regional porque, la verdad, a mí me ayuda más quien trabaja en el territorio que quien trabaja en el escritorio. Tenemos tres proyectos importantísimos de desarrollo hidráulico de agua, dos en Sinaloa, donde el control de agua depende de grupos criminales”. 

El control del agua en Sinaloa; sin embargo, depende en gran medida de los tratos con la delincuencia organizada, según reconocen activistas locales, lo que convierte a cualquier esfuerzo de coordinación o subdirección territorial en una empresa poco productiva. Este lunes por la tarde Elena Burns se reunió con el presidente López Obrador, pero hasta el momento no hay información pública de la reunión.