¿Es tiempo de una nueva reforma electoral? Quizás, pero lo más deseable es que ésta surja del consenso de todos los partidos, incluidos los minoritarios, y no sólo del deseo, el enojo o los humores postelectorales del presidente

Twitter: @chamanesco

Al calor de la polémica entre el Instituto Nacional Electoral y el partido Morena por la candidatura de Félix Salgado Macedonio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que promoverá una reforma político-electoral después de los comicios del 6 de junio.

Con el anuncio de presentar una iniciativa en esta materia después de las elecciones intermedias, el presidente pone sobre la mesa la carta de un juego que no había abierto en lo que va del sexenio: el de modificar las reglas de acceso al poder y el diseño de las instituciones encargadas de regular la contienda política.

Por lo que alcanzó a delinear en su conferencia mañanera del martes 13 de abril –horas antes de que por segunda vez el INE resolviera cancelar el registro de Salgado Macedonio por infracciones al reglamento de fiscalización–, el presidente buscaría reconfigurar el Consejo General del INE, sustituir a los actuales consejeros y someter al instituto a las políticas de austeridad del gobierno federal.

También podría plantear reducir el número de legisladores y empujar algo que no ha logrado en estos dos años: recortar a la mitad el financiamiento público a los partidos políticos.

Una reforma, dijo, “para que se mejore la democracia y también se logre ahorrar”.

Con este anuncio, que fue secundado días después por el senador Ricardo Monreal y el dirigente de Morena, Mario Delgado, el presidente López Obrador hizo patente su desconfianza en los actuales integrantes del Consejo General del INE, pese a que fueron los organizadores de las elecciones que en 2018 le permitieron llegar al poder.

De concretarse, la reforma electoral de López Obrador sería inédita en muchos sentidos.

En todas las reformas anteriores, fue la inconformidad y desconfianza de las fuerzas opositoras el motor de los cambios:

Al fraude de 1988 siguió la creación del INE, en 1990; a la inequitativa elección de 1994 le correspondió la profunda reforma de 1996, que propició la caída del régimen priista; a la burda irrupción del presidente Vicente Fox en las elecciones de 2006 sobrevino la reforma de 2007-2008, que creó un nuevo modelo de comunicación política y un artículo constitucional (el 134) para limitar la intromisión de funcionarios públicos en las elecciones, y a la polémica elección de Enrique Peña Nieto en 2012 le siguió la reforma de 2014, que fortaleció a la autoridad electoral nacional, sus facultades de fiscalización y su control sobre los institutos electorales locales.

Por primera vez en la historia, una reforma electoral se daría no como una demanda de los partidos opositores, sino como fruto de la desconfianza del poder hacia las autoridades electorales.

Y, en sentido contrario a anteriores reformas, ésta no se haría para volver más eficiente el sistema electoral, sino para hacerlo más austero.

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En el sexenio de López Obrador hubo ya otros intentos de reforma electoral, que no prosperaron porque no tuvieron el respaldo presidencial.

De hecho, en la 64 Legislatura se han presentado 506 iniciativas de reforma en materia político-electoral (327 en la Cámara de Diputados y 179 en el Senado), de las cuales, alrededor de 200 son de legisladores de Morena.

La principal de esas iniciativas fue presentada al inicio de la Legislatura por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, suplente de Horacio Duarte y actual representante de Morena en el Consejo General del INE.

Dicha iniciativa planteaba elevar el principio de austeridad a rango constitucional, recortar a la mitad el financiamiento público a los partidos políticos; reducir de 11 a siete los integrantes del Consejo General del INE y fusionar direcciones ejecutivas.

También, planteaba modificar el sistema actual de nombramiento de consejeros electorales; reducir el periodo de la presidencia del Consejo, de nueve a cuatro años, volviéndola rotativa; desaparecer los 32 Organismos Públicos Locales Electorales y establecer un mecanismo de nombramiento de consejos estatales del INE desde la Cámara de Diputados. Es decir, otorgaba al partido mayoritario en el Congreso el control del sistema electoral nacional.

Otra propuesta de dicha iniciativa era la de devolver la fiscalización de los ingresos y gastos de campaña a los institutos electorales de los estados, con lo que se estaría dando reversa al sistema de fiscalización centralizado que el INE ha tratado de perfeccionar en los últimos años, elección tras elección.

Pese a los intentos de un grupo importante dentro de Morena, la iniciativa de Gutiérrez Luna no prosperó, y las elecciones federales y locales de 2021 (las más grandes de la historia por el número de cargos a elegir) se están organizando con las reglas del 2014.

Esa reforma surgida del Pacto por México, que transformó al IFE en INE y a los institutos estatales en OPLEs, cumplirá el 6 de junio un ciclo de siete años, y habrá servido ya como referente para la organización de elecciones en todas las gubernaturas, todos los municipios, todos los Congresos locales y todos los cargos federales de elección popular.

Fue la reforma que creó las reglas con las que se disputaron la Presidencia y el Senado en 2018. 

Y la Cámara de Diputados se renovará por tercera vez bajo ese modelo.

De hecho, es la reforma político-electoral más duradera de la historia reciente, y contiene muchas de las normas y procedimientos que han profesionalizado el trabajo técnico del INE y creado condiciones de piso parejo para la competencia política.

El modelo híbrido INE-OPLEs ha dado pie a un buen número de alternancias a nivel federal y estatal. De las 36 elecciones de gubernatura celebradas después de la reforma, en 23 casos hubo cambio de partido político. De las 3 mil 507 elecciones de ayuntamientos, hubo alternancia en 2 mil 263, y de las mil 341 diputaciones locales que se han elegido en estos años, en 769 hubo cambio de partido político.

La alternancia en la Presidencia en 2018, la irrupción de una nueva fuerza política en el Senado y la Cámara de Diputados, también dan cuenta de que este modelo ha permitido, al menos, una libre competencia entre partidos.

¿Es momento de cambiar el modelo? Quizás, pero lo más deseable es que una reforma política surja del consenso de todos los partidos, incluidos los minoritarios, y no sólo del deseo, el enojo o los prejuicios del presidente de la República.

Una reforma pactada entre todos y avalada por todos, o al menos votada con el más amplio consenso posible, podría dar pie, incluso, a una renovación anticipada del Consejo General del INE, como ocurrió en 2008 y en 2014.

Y, de hecho, una prueba de que esto es posible ocurrió en 2020, cuando el nombramiento de cuatro nuevos consejeras y consejeros electorales fue procesado y votado en San Lázaro mediante un procedimiento legal, transparente y finalmente avalado por todas las fuerzas políticas.  

La reforma deseable debería depender de los acuerdos que logren alcanzar los partidos políticos en la nueva Legislatura, y no de los humores postelectorales de Palacio Nacional.  

En cualquier caso, los tiempos para la reforma electoral de López Obrador comenzarán a correr el próximo 7 de junio, un día después de los comicios en los que habrá de elegirse a la 65 Legislatura, que en septiembre podría encontrarse con la iniciativa presidencial en esta materia.

Morena tendrá apenas dos años para procesar la reforma y, de ser aprobada, para instrumentarla y echar a andar las nuevas instituciones que surjan de ella, incluido quizás un nuevo Consejo General del INE o nuevas salas del Tribunal Electoral.

El tiempo estará encima, pues en septiembre de 2023 comenzará a correr el nuevo ciclo electoral de 2024 y, para entonces, será constitucionalmente inviable modificar las reglas electorales.

Parece lejos, pero después de los comicios del 6 de junio, todos tendrán la mira puesta en esa fecha.