Hermanos, esposa y otros parientes del fiscal general del estado ocupan en su mayoría cargos directivos o coordinaciones, con salarios que en suma representan 12.6 mdp al año

Texto: Melissa Esquivias / Pop Lab

Fotos: Pop Lab

GUANAJUATO. – Con puestos superiores al nivel 10 en el tabulador de personal, por lo menos una decena de familiares del fiscal general de justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, ocupan cargos en el gobierno del estado. Lo mismo hay parientes consanguíneos directos que familia política; la mayoría de ellos ingresó y fue ascendiendo en la nómina después de la designación de Zamarripa como Procurador general de justicia.

Varios de los parientes del fiscal ocupan cargos con rango de dirección. Desempeñan funciones en distintas áreas de la propia FGE, del congreso, en la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (Sicom), en la Secretaría de Finanzas, en la Secretaría de Seguridad Pública del estado, y más recientemente, en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Sin considerar bonos y aguinaldos, la suma anual de los salarios de los familiares cuya información de ingresos se conoce, supera los 12.6 millones de pesos de la hacienda pública de Guanajuato.

El pasado 27 de junio, luego de una campaña en la que la candidata y gobernadora electa Libia Denisse García puso sobre la mesa la inminente salida de Zamarripa Aguirre de la institución de la que ha sido titular desde 2009, la abogada Elvia Oralia del Pilar Durán Isaís fue designada por la mayoría panista del Congreso local como magistrada del TJA. Durán y el fiscal son esposos. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez defendió la llegada de la exfuncionaria -quien ya estaba jubilada desde 2017- al TJA, y calificó de machistas los señalamientos que exponen su parentesco con el fiscal.

Luego de ser propuesta por el mandatario estatal y nombrada por la mayoría del legislativo, Elvia Oralia Durán salió del retiro para ocupar una magistratura durante los próximos 10 años.

En el Tribunal, la magistrada tendrá como compañera de labores a la hija de ambos, Jessica Fernanda Zamarripa Durán, que tiene un contrato anual desde enero pasado con el TJA por “prestación de servicios profesionales” por la cantidad de 180 mil 224 pesos; esto es equivalente a 15 mil mensuales. Jessica Zamarripa obtuvo su cédula como licenciada en derecho por el Tecnológico de Monterrey en 2023. Su contratación, como figura en el documento, fue avalada por el magistrado presidente, Eliverio García Monzón.

Durante su comparecencia en el congreso este lunes 8 de julio, evidentemente molesto, el fiscal Carlos Zamarripa Aguire defendió ante los cuestionamientos de los legisladores de oposición la designación de su esposa, Elvia Oralia Durán y la contratación de su hija Jessica Zamarripa en el TJA como “un asunto de dignidad familiar”.

Hermanos en el poder

A partir de la designación de Carlos Zamarripa Aguirre en la institución responsable de la procuración de justicia de Guanajuato en 2009 -durante el sexenio del panista Juan Manuel Oliva Ramírez-, tres de sus hermanos, todos contadores públicos, han llegado a cargos públicos superiores al nivel 11 en distintas áreas del gobierno estatal.

En octubre de 2012, apenas unos días después de la toma de protesta del exgobernador Miguel Márquez Márquez, de la ratificación de Carlos Zamarripa como procurador y del nombramiento de Alvar Cabeza de Vaca Appendini como secretario de seguridad pública, la contadora Marcela Zamarripa Aguirre fue nombrada coordinadora administrativa de la Dirección General de Reintegración Social para Adolescentes, instancia que depende de la SSPE.

Previamente laboró como jefa de programación en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en la delegación con sede en León.

La hermana del entonces procurador es licenciada en contaduría pública por la Universidad de Guanajuato desde 1998. De acuerdo con la información obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia, este sería su primer puesto en la administración pública estatal. En 2018 fue promovida en un área dentro de la estructura de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE); estos nombramientos se encuentran reservados desde ese ejercicio fiscal. La Ley de Transparencia y Datos Personales otorga esta posibilidad a los funcionarios con cargos relacionados con la seguridad pública.

Hasta 2017, Marcela percibía un sueldo neto de 34 mil 790 pesos. Según el tabulador del Poder Ejecutivo, un Coordinador de Proyectos nivel 11 actualmente percibe 51 mil 203 pesos netos mensuales.

De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, la contadora Alejandra María de Lourdes Zamarripa Aguirre llegó al congreso local en 2013 como encargada de despacho de contabilidad. En aquel momento, el exalcalde panista de Purísima del Rincón, Juventino López Ayala, era presidente del legislativo, mientras que el diputado federal Jorge Espadas Galván ocupaba la secretaría general del Congreso.

La trayectoria de la profesionista, militante de Acción Nacional desde 2005, se limitaba a haber ocupado la Subdirección de Presupuesto y Nómina del Comité Directivo de este partido entre 2000 y 2007. Su ingreso al comité ocurrió cuando era presidente del partido Gerardo de los Cobos Silva, exdiputado local y federal.

Alejandra Zamarripa sobrevivió en 2015 a la avalancha de despidos que significó la salida de Jorge Espadas Galván del legislativo y pasó de ser encargada de despacho a directora de contabilidad. Su permanencia fue asegurada por el panista Christian Cruz Villegas, que llegó a ocupar la secretaría general tras ser secretario particular del entonces gobernador Miguel Márquez Márquez.

Actualmente, la hermana del fiscal Carlos Zamarripa es directora de administración financiera del Poder Legislativo, puesto con nivel tabular 14, lo que representa un sueldo bruto mensual de 91 mil 139 pesos.

El desempeño de otro de los hermanos del fiscal, Cecilio Zamarripa Aguirre, en el extinto Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato (INIFEG), fue menos discreto que en los casos de sus dos hermanas.

De acuerdo con la columna Asteriscos del diario AM, en noviembre del 2018 fue ratificado por parte del gobernador Diego Sinhue Rodríguez como parte del equipo del ingeniero Pedro Peredo, director general de la institución, a pesar de algunas inconformidades de empresarios del ramo constructor que se quejaban de tardanzas y problemas para tramitar los pagos por las obras con el funcionario.

La columna consignó que Diego Sinhue le dio un espaldarazo a Cecilio Zamarripa, pero prometió a los constructores reunidos en un congreso de la CMIC que “los problemas se resolverían”.

Con la fusión del INIFEG con la SICOM a finales de 2021, Cecilio Zamarripa fue reubicado en esta secretaría como coordinador/a de Seguimiento Administrativo de Infraestructura Educativa, puesto nivel 13, cuyo sueldo rebasa los 78 mil pesos brutos mensualmente.

Familiares políticos ascienden por igual

Bernardina Durán Isaís siguió los pasos de su hermana Elvia Oralia Durán y en 2002 obtuvo su cédula profesional como licenciada en derecho por la Universidad de Guanajuato. Cuando aún era una estudiante, ingresó al Supremo Tribunal de Justicia como oficial judicial y actuaria. De acuerdo con su currículum, en 2006 tuvo un puesto en la entonces Procuraduría General de Justicia de Guanajuato como asesora del procurador de aquella época, Daniel Federico Chowell Arenas.

En julio de 2011, ya con su cuñado Carlos Zamarripa como procurador de justicia, ascendió a la Dirección Jurídica de la Procuraduría, puesto con un nivel salarial 15. Luego de la transición de la institución para convertirse en Fiscalía General de Justicia, y de que la mayoría panista refrendó su permanencia ahora como fiscal, éste a su vez ratificó a Bernardina en el cargo que conserva hasta el día de hoy, con un ingreso mensual bruto de 108 mil 629 pesos.

Al año siguiente, el abogado Roberto Ávila García, esposo de Bernardina Durán y concuño del fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, pasó de ser coordinador técnico del despacho del entonces secretario de finanzas, Gustavo Adolfo González Estrada, a Director General de Programas de la Coordinación General Jurídica del Poder Ejecutivo, entre 2012 y 2017, durante el sexenio de Miguel Márquez Márquez

Apenas el 2011, con Carlos Zamarripa como procurador, el abogado formó parte de la terna propuesta por el entonces gobernador Juan Manuel Oliva para sustituir a Víctor Federico Pérez Hernández como consejero del Poder Judicial.

De acuerdo con su currículum, dentro de ese periodo hubo un lapso de un mes (en el 2015) en el que fue encargado de despacho de la Subprocuraduría Fiscal de Consultoría y Normatividad, adscrita a la Secretaría de Finanzas. Un mes después en ese mismo año pasó a ser encargado del despacho de la Procuraduría Fiscal del Estado durante un trimestre.

En diciembre de 2017, propuesto por el exgobernador Miguel Márquez Márquez, Roberto Ávila García fue designado en el Congreso local como magistrado propietario de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cargo que mantiene hasta la fecha con un sueldo mensual bruto de 217 mil 900 pesos.

Laura Padilla Zamarripa es ingeniera industrial por el Instituto Tecnológico de León, y además, es prima hermana del fiscal Carlos Zamarripa Aguirre. Entre 2010 y 2012 laboró como encargada de planeación de la empresa manufacturera leonesa Rancho Boots. En septiembre de 2016 ingresó como asistente jurídico a la entonces Procuraduría General de Justicia, pero tan solo dos meses después fue promovida como asistente de policía ministerial. Ambos puestos con nivel tabular 8.

En 2019 nuevamente fue promovida como jefa de mantenimiento vehicular y ocupó el cargo hasta marzo de 2022, fecha en la que nuevamente fue ascendida como coordinadora de procesos y mejora continua de la Fiscalía General de Justicia, puesto con nivel tabular 10, lo que representa un sueldo mensual bruto de 44 mil 992 pesos según el tabulador de la FGE en 2024.

De acuerdo con su currículum, la contadora María del Rocío Padilla Zamarripa obtuvo su primer puesto en el gobierno estatal entre noviembre de 2008 y mayo de 2009 como auditora contratada por honorarios. Tras desempeñar puestos administrativos en el IMSS y en sector privado, volvió a la administración pública en 2011 como auditora de dictamen, auditora de programación y en una dependencia no especificada dentro del gobierno estatal.

En 2020, según los registros de la PNT, fue promovida como supervisora de planeación de la Secretaría de Finanzas. Actualmente es coordinadora de programación de la fiscalización, puesto con nivel tabular 10, lo que representa un ingreso mensual bruto de 44 mil 922 pesos.

Angélica Gisela Padilla Zamarripa, al igual que su hermana María del Rocío, estudió la licenciatura en contaduría pública en la Universidad de La Salle Bajío. Su salto al mundo laboral se dio en 2013, cuando se incorporó como asistente administrativa en la empresa de comunicación Multimedios de Grupo Milenio. Pero su primer puesto en el gobierno estatal lo obtuvo en 2015, como auditora jefa de departamento en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).

En 2016, durante el primer trienio del panista Héctor López Santillana, llegó a la Contraloría municipal de León con el puesto de auditora. Hasta el día de hoy se desempeña como coordinadora de auditoría contable, con un sueldo mensual bruto de 30 mil 256 pesos.

Esta nota fue publicada originalmente en POP LAB, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.