Ante el aumento de la violencia y desapariciones de mujeres en el estado de San Luis Potosí, la Fiscalía General del Estado ha negado el problema, ha revictimiza a las familias y decretó la desaparición de la UEMI, unidad creada para la investigación de feminicidios como respuesta a la sentencia de la SCJN por el caso de Karla Pontigo

Texto: Marcela Del Muro

Fotos: Fabiola Rodríguez 

Ilustración: María Carlock

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- La familia de Nayeli no pudo reconocer el cuerpo que la investigación de la Fiscalía de San Luis Potosí señaló presuntamente como su hija. Para el día del hallazgo, el 1 de abril, Nayeli Alfaro Silva, de 25 años, tenía nueve días desaparecida, pero el cuerpo que mostraron a su papá, el señor Jesús Alfaro, “era un esqueleto, sin carne ni cabello”. 

Al fiscal general “se le fue la lengua”, relata el señor Alfaro, al dar información sobre el descubrimiento del cuerpo, durante una conferencia de prensa, sin el consentimiento de la familia; sin embargo, «el lunes (4 de abril) reconocieron que se adelantaron», concluye. El pasado 8 de abril, la Fiscalía avisó que el cuerpo encontrado tiene un 99.9% de coincidencia genética con las muestras tomadas a la familia Alfaro. 

Pero no fue únicamente la Fiscalía, en entrevista con medios, el Secretario de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, catalogó el caso de Nayeli como “un tema pasional” -término jurídico en desuso que justifica el feminicidio e indulta al asesino- y negó que existiera una ola de desapariciones en el estado. 

Aunque el principal sospechoso de la desaparición de Nayeli sea su pareja, las treinta y cuatro mujeres que han sido reportadas como desaparecidas, y continúan sin ser localizadas, durante los primeros tres meses del año, confirma que hay un problema que no se está reconociendo. 

“Existen tres temas en curso: la de los dos menores de 13 y 17 años; la de la persona que aparece en el video y la de Nayeli”, comentó Torres Sánchez en entrevista. “Los dos primeros están ligados a temas de delincuencia organizada”, agregó. 

Cuando el secretario habla de “la persona que aparece en el video” se refiere a Brenda González Ibarra, de 36 años, que fue desaparecida el 25 de marzo en el fraccionamiento Los Álamos, en la capital del estado. La forma cómo se la llevaron quedó grabada en las cámaras de seguridad de su vecino. 

Para Fátima Alvizo, abogada y defensora de derechos humanos de las mujeres en el estado, “se está normalizando condiciones violatorias de derechos humanos por parte de las autoridades ministeriales”. Ella comenta que la filtración de información, que viola los derechos de las víctimas, se dan para colocar y sostener una narrativa que minimiza y niega que existe un problema de violencia feminicida y trata de mujeres. 

En medio de la crisis, el 18 de marzo la Fiscalía dejó sin efecto el Acuerdo mediante el cual se construyó la Unidad Especializada, Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género (UEMI), creada en respuesta a las exigencias que dicta la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el feminicidio de Karla Pontigo, caso que fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) por un comprobado conflicto de interés tras el nombramiento del fiscal José Luis Ruíz Contreras. 

Las familias con hijas víctimas de feminicidio que conforman la colectiva Por ellas, por nosotras y por todas pidieron que se conservara y fortaleciera la unidad que “es una necesidad urgente ante la incapacidad histórica del Estado para dar respuesta a nuestro derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación. Incapacidad que se hace evidente, nuevamente, con la atracción del caso de Karla”, se lee en el posicionamiento. 

La investigación por la desaparición de Nayeli Alfaro

La tarde del jueves 24 de marzo, Uriel, esposo de Nayeli, informó a su suegra que su hija había desaparecido cuando se dirigía al gimnasio. Jesús Alfaro se enteró en la mañana del viernes, cuando comenzó a circular una publicación que anunciaba la búsqueda de su hija desde su mismo perfil de Facebook. 

“Soy Uriel, el esposo de Naye. Vamos a estar usando las redes sociales de Naye para estar en contacto con ustedes. Ayer por la mañana, alrededor de las 7am, iba rumbo al gimnasio de Picos ubicado en San Felipe, llevaba una sudadera verde con pans negro. Cualquier información, por favor compartirla por estos medios o en su whatsapp”. 

El señor Alfaro recuerda que ese día pusieron la denuncia y llevó a su yerno a declarar. Según lo dicho en conferencia de prensa, la Fiscalía comenzó a trabajar ese mismo día y se habló de una investigación organizada, pero lo narrado por los vecinos de la colonia Ricardo B. Anaya da una impresión distinta. 

El fin de semana comenzaron a llegar policías de investigación para solicitar acceso a las cámaras de vigilancia que, supuestamente, se conectan con el C4. “Esas cámaras se colocaron cuando Nava (el pasado alcalde de la capital) estaba terminando su mandato y forman parte de un programa que se llama ‘Vecinos Vigilando’. Lo pusieron aquí en la casa porque es un punto clave: puedes entrar a tres calles distintas”, narra María Carlock, su casa era un lugar de paso obligado de Nayeli y su familia. 

Para el miércoles, María relata cómo llegó el quinto grupo de policías de investigación a preguntar lo mismo sobre las cámaras y la respuesta fue la misma que las veces anteriores: ningún miembro de la familia tiene acceso a la aplicación para ver los videos. “Yo ahí me di cuenta que no se estaban comunicando absolutamente nada entre ellos”. 

Un especialista en cámaras de la Fiscalía quitó la memoria y entonces pudieron acceder a los videos. Ahí se dieron cuenta que la versión de Uriel era falsa, Nayeli no salió de su casa caminando por su propio pie. 

La Fiscalía pudo dar seguimiento a la camioneta, que es propiedad de una tercera persona, y se trazó la ruta del vehículo hasta llegar a un predio rústico en la comunidad de Santa Rita, en Villa de Pozos en la ciudad de San Luis Potosí. Ahí se hizo “una reducción de cuadrantes por horas, por espacios” que permitió encontrar el cuerpo de una mujer rodeado de “diversos indicios que hacen presumir se trata de la joven Nayeli Alfaro”, mencionó el fiscal. 

“Nos sentaron en una mesa y nos dijeron que tenían un 99% de seguridad de que el cuerpo era mi hija. Yo les dije que quería verla. Ellos me dijeron que estaba muy descompuesto, hasta hinchado. Pero cuál va siendo mi sorpresa, era un esqueleto sin carne ni cabello. Según ellos, en nueve días los animales se la acabaron. Nosotros no quedamos satisfechos y exigimos que la búsqueda de mi hija continúe”,  dice el señor Alfaro. 

Violencia familiar y pruebas filtradas

El papá de Nayeli sospechaba que su hija sufría violencia, pero ella nunca le comentó nada a él ni a su mamá. Pero la sospecha de que la desaparición de su hija fuera pensada y ejecutada por Uriel, prendió los focos rojos del señor Jesús. 

Él notó que su nieto, un bebé de dos años y medio, estaba triste y lloraba mucho. El niño repetía continuamente que su mamá se cayó y se golpeó en la cabeza, que su papá le había pegado y le había salido sangre. El señor Alfaro grabó a su nieto, para usar su declaración como prueba. 

“Yo llevé el video a la Fiscalía y filtraron a mi nieto, el video se viralizó. Esto me enoja mucho porque están poniendo en riesgo a mi nieto”, el lunes pasado, en reunión con la policía de investigación, negaron haber filtrado el video y prometieron investigar quién lo hizo. 

Fátima Alvizo señala que las filtraciones que hacen las autoridades ponen en riesgo la integridad física y mental de las víctimas directas e indirectas. Y pregunta: “¿Por qué la Comisión Estatal de Derechos Humanos no ha abierto una investigación de oficio por estas irregularidades?”.    

“Yo solo estoy tratando de cuidar la integridad de mi familia porque dejaron ir a ese sujeto y eso nos pone en riesgo. Desde que desapareció esta persona (Uriel), en la Fiscalía nos dijeron: ‘Él piensa que se está escondiendo, pero nosotros lo tenemos vigilado”, dice el señor Alfaro. Pero la Fiscalía no lo ha detenido e informó que continúa la búsqueda de Uriel como el presunto culpable de la desaparición. 

La búsqueda de Nayeli concluyó el viernes 8 de abril, cuando la Fiscalía avisó que la prueba genética del cuerpo encontrado tuvo una concordancia del 99.9% con las muestras tomadas a la familia Alfaro. Unos días antes, el señor Jesús comentó: «Si sale positivo, si nos dicen que es ella, vamos a pedir una segunda opinión porque no confiamos en lo que ellos (la Fiscalía) nos dicen”. 

Una ola de desapariciones de mujeres

Desde finales del 2021, una ola de violencia y desaparición de personas ha inundado varios municipios de San Luis Potosí: Matehuala, Cerritos, Rioverde, Tamasopo, Tamazunchale, Soledad de Graciano Sánchez y la capital. Es a partir de este año, que las mujeres también han empezado a desaparecer con más frecuencia, en comparación a las fichas de búsqueda del año anterior. 

Un día después de la desaparición de Nayeli, el 25 de marzo, “como a las siete y media de la noche. Todos estábamos en la casa, ella salió a conseguir algo que necesitaba su hija”, relata Ernesto Haro, esposo de Brenda González Ibarra. 

El video muestra a la mujer de 36 años, que vestía una pijama oscura con el estampado de un perro blanco en el pecho. Estaba platicando con su vecino que llenaba cubetas de agua, cuando un hombre vestido de negro corrío hacía ella mientras la apuntaba con un arma, la amagó y la subió a un auto blanco.  

Cuando se confirmó que el video era real, algunos medios buscaron respuesta de las autoridades. En el noticiero de Mónica Garza en ADN40, el vocero de seguridad, Miguel Gallegos, aseguró que Brenda “formaba parte de carpetas de investigación donde estaba relacionada con actividades ilícitas propias de organizaciones delincuenciales”. 

Ernesto solicitó a la Fiscalía que mostraran esas supuestas carpetas, pero “no existe ninguna investigación contra mi esposa, no hay ninguna carpeta contra ella en el estado. Solo lo usaron para restarle importancia a su desaparición, pero nosotros estamos desesperados”.

La académica e investigadora Brenda G. Lugo señala que es relevante que el vocero de seguridad haya reconocido que existe un vínculo entre desapariciones y crimen organizado, no por la utilización de una narrativa revictimizante, sino porque hay muy pocas declaraciones que señalan esta problemática. 

“Yo creo que frente a esto, urge un análisis de contexto que nos permita identificar las posibles lógicas que hay detrás de esas desapariciones para reconocer cuáles están relacionadas con conflictos entre cárteles, cárteles-Estado y cuáles no”, comenta la académica.  

Ernesto reconoce que hay investigadores trabajando en el caso de su esposa. Los ve dando vueltas por la colonia, preguntado, pidiendo los videos de las cámaras de seguridad, pero pide que sean cautos con las palabras que dicen sobre ella. “Brenda es mamá, es una mujer de su familia. Yo estoy muy molesto porque trataron de dañar su imagen”.

La desaparición de mujeres es cíclica en la capital potosina

“Yo veo que estamos en un momento coyuntural, donde la violencia comunitaria -violencia interpersonal en los espacios comunitarios que no son cometidos por personas del círculo íntimo de la víctima y tiene la intención de causar daño- está repercutiendo en los cuerpos de las mujeres. Yo sí creo que son casos de trata”, analiza y señala Fátima Alvizo. 

“Hace unos años, empezaron a desaparecer mujeres, niñas y adolescentes con la misma frecuencia que ahora”, comenta Brenda G. Lugo. 

En marzo del 2018, aproximadamente a las tres de la tarde, la periodista y artista gráfica potosina María Alejandra Ruiz fue atacada por un hombre que la subió a una camioneta doble cabina con vidrios polarizados y placas de Tamaulipas. 

“Grité que no los conocía, había como cinco personas en la calle y ninguno se animó a hablar a la policía. Me subieron a la camioneta que se dirigía al Boulevard Río Españita. Me rompieron toda la ropa”, María no recuerda bien cómo salió de ahí, pero en cuestión de segundos se aventó por la ventana de la camioneta y corrió. Un taxista la ayudó y pudo llegar a su casa. 

La plática con María se dió en octubre del 2020, cuando la capital y las zonas conurbadas pasaba por otro ciclo de desaparición de mujeres. Al igual que ahora, “los fiscales en el estado han minimizado los casos de trata y no han querido utilizar el Protocolo Alba”, señala Fátima.

De un momento a otro, dejamos de escuchar y ver denuncias sobre “levantones” de mujeres en las calle y la sensación de seguridad se apoderó, nuevamente, de algunas mujeres. Solo de algunas, porque las que somos cercanas a casos como el de María o Brenda, no podemos caminar libres por la ciudad. 

Respuesta reactiva y anacrónica de las autoridades 

“Es fácil decir y desacreditar lo que está pasando en el estado con la desaparición de mujeres, mientras a ellos no les afecte. Pero con esta ola de violencia, lo único que queda claro es la incapacidad de las autoridades para brindarnos seguridad”, piensa Susana González, mamá de Lupita Viramontes, víctima de feminicidio en el 2012. 

Para Fátima Alvizo la respuesta de las autoridades estatales ha sido “reactiva y anacrónica”, sólo reaccionan cuando la situación los ha rebasado, pero negando la realidad del país y sin reconocer el lugar estratégico que tiene el estado, una zona de paso, y cómo ha aumentado la violencia. 

Las acciones anunciadas para disminuir la inseguridad han sido robustecer las corporaciones policiacas. Recientemente se creó una guardia civil que se prevé comience a operar en la tercera semana de abril y se anunció la entrada de 500 elementos de la Guardia Nacional al territorio. Sin embargo, se ha vulnerado el derecho a la justicia y la verdad de las mujeres. 

El pasado 18 de marzo, se decretó la desaparición de la UEMI, unidad que investigó el caso de Karla Pontigo de forma «extraordinaria y sensible”, comenta la señora Esperanza Lucciotto, mamá de Karla, desde abril del 2020 hasta finales de febrero de este año. 

La fiscal a cargo de la unidad denunció conflicto de interés cuando Ruiz Contreras tomó el cargo de fiscal general. Él es hermano del juez que emitió la sentencia por homicidio accidental y era el secretario particular del procurador durante la primera investigación del caso. El 28 de febrero, cuando la PGR acepta el conflicto de interés y toma el caso de Karla, las familias de la colectiva Por ellas, por nosotras y por todas pidieron que la UEMI se robusteciera para poder atraer la investigación del caso de sus hijas. 

Al igual que en la investigación de los casos de Nayeli y Brenda, las familias de la colectiva han denunciado malas prácticas de la Fiscalía, que se siguen repitiendo hasta ahora. 

“Nuestro caminar en la búsqueda de justicia para nuestras hijas lo asumimos como una lucha porque hemos vivido  omisiones sistemáticamente. Hemos sentido la indolencia y el efecto de las violaciones graves a nuestros derechos más elementales”, dice el comunicado.  Por eso Susana pide al gobierno del estado que se dé respuesta a sus dudas sobre la desaparición de la UEMI y se garantice el derecho a las mujeres potosinas a vivir una vida libre de violencia en medio de esta crisis de seguridad que se ha reflejado en los cuerpos de las potosinas.