En el conversatorio “La Comisión de la Verdad y su Construcción Social” expertos en derechos humanos, procesos de justicia y reparación hablaron de los retos a futuro de la Comisión de la Verdad. El mayor reto parece ser ganarle a la polarización partidista que se vive en México, para lograrlo las víctimas y sus familias deberán estar al centro 

Texto: María Fernanda Ruiz

Foto:  Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante agosto del 2021 la Universidad de Notre Dame realizó una encuesta en línea en la que descubrieron que la polarización ideológica pesa mucho a la hora de apoyar procesos de justicia transicional como lo es la Comisión de la Verdad en México que comenzó a trabajar este año y fue ordenada por el Poder Ejecutivo.
En esta encuesta en la que participaron 2 mil 57 mexicanos y mexicanas se evidenció que “las afiliaciones partidistas guían las preferencias ciudadanas sobre justicia transicional” explican Natán Skigin y Guillermo Trejo en un artículo publicado en la revista Nexos.

Durante el conversatorio “La Comisión de la Verdad y su Construcción Social”, Trejo compartió de esta información y explicó que la misma encuesta arrojó la solución: que estos procesos deben ser autónomos del Poder Ejecutivo, apartidistas y que víctimas y colectivos de sus familiares deben estar al frente, si es que se quiere contar con el apoyo de la sociedad.

“Si hay colectivos de víctimas que son autónomos y están al centro y al frente de estos procesos son garantía de que no se van a partidizar. Tienen que ser transexenales, deben ser autónomos y apartidistas para lograr los objetivos de las y los comisionados”.

¿Por qué? Por la relación del Estado con los perpetuadores de la violencia:

“Sabemos que los perpetuadores daban seguridad al Estado, administraban el crimen y disciplinaban a la sociedad a todo tipo de disidencias políticas y sociales. Estas tres cosas lo siguen haciendo hoy los agentes armados del Estado”, explicó el académico.

También recordó que el proceso de justicia transicional en México no se está dando a partir de una ley sino de un decreto presidencial. Esto le da a la Comisión únicamente dos años de trabajo. 

De acuerdo con el decreto presidencial publicado el pasado 6 de octubre en el Diario Oficial, la Comisión de la Verdad tendrá funciones de “investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con hechos” ocurridos entre 1965 y 1990.

Uno de sus principales retos será precisamente romper el pacto de impunidad y silencio con las autoridades militares y fuerzas policíacas en torno a crímenes cometidos en ese cuarto de siglo.

Piden perspectiva de género en la Comisión

Durante el foro también participó Julissa Mantilla, titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2020-2023). Mantilla coincide en la importancia de la participación de las víctimas y sus familias; pero recordó que en el contexto mexicano la seguridad de éstas es prioridad: 

Hay dos elementos que para México son desafíos: se va a investigar en un país donde no hay un corte de la violencia. Por eso, como yo víctima no voy a participar si tengo miedo por mi seguridad y no voy a participar si no tengo confianza en las instituciones. Cuando las víctimas dicen no confiar en ninguna autoridad no quiere decir que las autoridades digan que ‘tampoco confiamos en usted’ (como recientemente lo hizo el secretario de Gobernación Adán Augusto López a una madre buscadora). La confianza se tiene que construir y si no participan familias y víctimas habría pérdida de esperanza”, señaló.

La comisionada recordó que en este proceso de búsqueda de justicia la perspectiva de género es esencial:

“En México el 90 por ciento de las personas que buscan a sus desaparecidos son mujeres. Por eso la perspectiva de género es fundamental. Ésta no se limita a nombrarlas, decir ellas y ellos, o a cuántas mujeres hay, sino la capacidad de decisión y poder que puedan tener. El tema de violencia de género como violación de derechos humanos no solo se limita al abuso sexual. Hay que analizar el impacto y las causas diferenciadas, cuando desaparecen a un activista político y violan a su esposa en represalia, ahí hay violencia de género”, mencionó. 

Además puntualizó que una Comisión de la Verdad no puede reemplazar procesos de judicialización, hacerlo ampliaría el riesgo de impunidad.