Oponerse a la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota les ha costado muertes y persecución política a campesinos. Van nueve meses de la desaparición forzada del dirigente Vicente Suástegui Muñoz, pero las autoridades de Guerrero poco han hecho para encontrarlo

Twitter: @kausirenio

Cuando Marco Antonio Suástegui, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Construcción de la Presa La Parota (CECOP), habló ante la delegación de la Fundación Robert Kennedy el 9 de octubre de 2017, lo hizo para denunciar la criminalización en contra de los movimientos sociales en Acapulco, Guerrero. Ese día dijo: “El gobierno nos quiere ver en la cárcel y no va descansar hasta encarcelarnos, desaparecernos y asesinarnos. Por eso les pido que no nos dejen solos ante esta embestida gubernamental”. 

A 19 años que inició el movimiento de resistencia en contra del Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota, el Estado utilizó todo tipo de violencia para doblegar al CECOP, pero no lo consiguió. Sin embargo, los campesinos ganaron adeptos en el plano nacional y el tribunal agrario falló a favor de ellos.

Oponerse a la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota les ha costado muertes y persecución política. Aunque su lucha se conoció a nivel internacional, esto no fue suficiente para que los gobiernos emanados del PRI y PRD dejaran de criminalizarlos.

El presagio del líder de la CECOP, en la reunión con la Fundación Robert Kennedy, llegó el 5 de agosto de 2021, cuando tres hombres a bordo de una camioneta roja detuvieron y desaparecieron a Vicente Suástegui Muñoz. Van nueve meses de la desaparición forzada del dirigente campesino, pero las autoridades de Guerrero, poco han hecho para encontrarlo con vida.

Desde que Vicente Suástegui Muñoz empezó en la lucha en defensa de su tierra, el gobierno emanado del PRI resolvía las demandas de los campesinos, estudiantes, maestros, médicos e indígenas con base en fuerzas públicas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

De ahí la persecución en contra de los ejidatarios y comuneros de la CECOP, desde el gobernador de aquel entonces, René Juárez Cisneros, los gobernadores: Zeferino Torreblanca Galindo y Ángel Aguirre Ribero, ambos del PRD, y el priista Héctor Astudillo Flores, utilizaron la violencia para imponer la presa La Parota, pero no lo consiguieron.

El 28 de julio de 2003, los comuneros expulsaron a la empresa paraestatal CFE, por promover la presa y el saqueo de los recursos naturales en sus territorios, esa afrenta no la olvidan los gobiernos estatal y federal por lo que han diseñado estrategias para dividir a los campesinos y lo ha logrado con infiltrados y entregas de despensas y cooptación de varios líderes comunitarios.

Y es que la represa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretendía construir en esta zona es tres veces más grande que la bahía de Acapulco, lo que equivale a inundar a más de 30 comunidades de los municipios de Acapulco, San Marcos, Tierra Colorada y Tecoanapa.

La consigna de los ejidatarios y comuneros opositores a La Parota: “¡La Tierra no se vende! Es y seguirá siendo nuestro lema y el eje conductor de nuestro movimiento. Hemos obtenido triunfos estratégicos. El más importante es haber impedido en estos años de lucha la construcción de la presa, que afectaría irreversiblemente el entorno ecológico y el tejido social no se haya concretado”.

El 16 de julio de 2004, un juez de Acapulco giró seis órdenes de aprehensión en contra de los dirigentes del CECOP. Dos semanas después, la policía ministerio detiene con lujo de violencia a Marco Antonio Suástegui Muñoz, al día siguiente es detenido Francisco Hernández Valeriano los dos permanecieron encarcelados nueve días

A dos años que inició el movimiento opositor a la presa hidroeléctrica La Parota, empieza a subir el nivel de violencia, en un espiral: el 18 de septiembre de 2005 fue asesinado al compañero Tomás Cruz Zamora. Mientras que la represión sistemática de la CFE y el gobierno de Guerrero destruyeron el tejido social en las comunidades por el uso de la fuerza policiaca para contener a los campesinos. 

El 29 de enero de 2006, es asesinado Eduardo Maya Manrique por vecinos del ejido Dos Arroyos afines a la presa; Casi al cumplir el año del artero crimen en contra del opositor, fue privado de la vida, Benito Cruz Jacinto en la comunidad de Huamuchitos por promotores de la hidroeléctrica, que habían amenazado al CECOP.

Otro de los problemas que enfrentan los ejidatarios y comuneros de la CECOP, es la inseguridad que se ha expandido en las colonias populares del puerto y a las comunidades rurales donde se han asentando grupos de la delincuencia organizada. La ola de violencia ha causando graves daños a las familias que ahora viven con miedo ante el empoderamiento de las organizaciones delincuenciales. 

Para resolver este conflicto la CECOP impulsó la creación de la Policía Comunitaria en su territorio con el fin de contener la delincuencia. Con el apoyo y asesoría de la Coordinara Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán que respaldo la puesta en marcha de una casa de enlace en la comunidad de la Concepción. 

Con la apertura de la casa de enlace de la CRAC, en la Concepción, se cerró más el cerco en contra el CECOP, desde el gobierno del ex gobernador Héctor Astudillo Flores se alentó la división intercomunitaria con proyectos productivos. Y se impusieron autoridades agrarias y municipales para promover la división. 

Además minaron la confrontación, cuando el gobierno del estado apoyó a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) para asentarse dentro de las tierras comunales de Cacahuatepec. Este conflicto derivó el asesinato de tres policías comunitarios en la comunidad de la Concepción, el 7 de enero de 2017, por elemento de policías estatales y miembros del ejército mexicano y la entonces policía federal. 

Lo grave de estos hechos es la acción del Estado en contra de la policía comunitaria y el dirigente del CECOP Marco Antonio Suastegui para hacerlos aparecer como responsables del asesinato de tres policías comunitarios. El gobierno de Guerrero y los promotores de La Parota impulsaron un juicio sumario contra la policía comunitaria de la Concepción con el fin de encubrir el uso desproporcionado de las fuerzas policiaca en contra de la población civil. 

La desaparición de Vicente Suástegui Muñoz, miembro del CECOP, no es un hecho aislado, sino, una estrategia planeada y ejecutada con el propósito de desarticular a las comunidades rurales del municipio de Acapulco. De 2003 a la fecha, el CECOP es un referente nacional  e incómodo para el gobierno federal y estatal, por oponerse a la hidroeléctrica La Parota.