En varios países de Centroamérica y América Latina se extiende la tentación de aplicar la estrategia de mano dura del presidente Nayib Bukele, de El Salvador. Pero la estrategia que le ha ganado popularidad es un peligro para la democracia y los derechos humanos

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Fue alcalde bajo un partido de izquierda, el FMLN, postulado después como presidente por una organización de ultraderecha y ahora es líder de su propio movimiento: el de la mano durísima contra la delincuencia.

Su estrategia de seguridad lo ha convertido en cliente favorito de organizaciones civiles internacionales, que acusan una violación masiva de derechos humanos en su país.

Pero al mismo tiempo los resultados en el índice delictivo alcanzados en menos de un año son la envidia de algunos gobiernos y políticos conservadores de América Latina.

Hablamos de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, un personaje difícil de encasillar políticamente, pero sobre el que muchos coinciden:

Su estilo de gobierno es uno de los mayores desafíos a la democracia y estabilidad de Centroamérica.

No sólo por las múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos, hostigamiento judicial a organizaciones de derechos humanos y periodistas independientes, o su ilegal intento de reelegirse.

El problema es que su ejemplo se extiende por Centroamérica. Y eso es peligroso.

El punto de mayor riesgo es la campaña de Bukele contra la violencia en su país, a la que enfrenta con medidas extremas.

Una de ellas es el régimen de excepción que mantiene en casi todo el país desde marzo de 2022.

Bajo este virtual toque de queda la Policía Nacional Civil y el Ejército tienen permiso de detener sin orden judicial a quienes consideren sospechosos.

Una categoría que incluye a cualquiera. En El Salvador es sospechosa la persona que tenga tatuajes, los que sean.

No importa si es una flor, un corazón, el nombre de la madre o la pareja. Para el gobierno de Bukele equivalen a una amenaza, la confesión de haber cometido delitos graves.

También son sospechosos los adolescentes y jóvenes o los vecinos de cantones y barrios marginados.

Más de 65 mil personas han sido detenidas. Muchos son integrantes de las pandillas de Maras, pero de acuerdo con organizaciones civiles por lo menos diez mil son ajenas a estos grupos.

El resultado de la estrategia es, para algunos, el principal atractivo de la política de mano durísima de Bukele.

En 2019 El Salvador era el país con la mayor tasa de homicidios en el mundo: 103 por cada cien mil habitantes.

Cuatro años después la realidad es distinta. En marzo pasado, por ejemplo, no se cometió un solo asesinato.

Cifras positivas. Pero a un alto costo.

Además de la represión contra pandilleros, jóvenes, adolescentes y barrios pobres la organización Cristosal denuncia que al menos 153 reos han sido asesinados dentro de las cárceles.

 La Fiscalía Salvadoreña archivó 142 de estos casos porque “no constituyeron delitos”, pues la causa de muerte fue “enfermedades preexistentes o algún otro tipo de enfermedad”.

Cristosal, sin embargo, asegura que las víctimas fueron asesinadas. En respuesta, Bukele acusó a la organización de proteger delincuentes.

Nada extraño. El presidente salvadoreño suele reaccionar con violencia a las críticas.

Medios independientes como El Faro sufren desde 2019 una intensa ofensiva gubernamental. Otros espacios periodísticos se han visto obligados a guardar silencio o bajar el perfil en sus coberturas sobre el presidente salvadoreño.

Hay razones para la autocensura. El mandatario ha emprendido una persecución judicial contra algunos medios, como El Faro.

Los periodistas de ese espacio han sido espiados por el gobierno salvadoreño. Por eso los periodistas de ese país viven, literalmente, aterrorizados.

Éste es el modelo Bukele que empieza a extenderse por la región. Un ejemplo fueron las recientes elecciones presidenciales en Guatemala, donde los tres principales candidatos ofrecieron aplicar la estrategia de seguridad de El Salvador.

El caso más reciente es Honduras, donde el gobierno de la presidenta Xiomara Castro divulgó fotografías de prisioneros sometidos y en ropa interior.

Las mismas imágenes que presumió Nayib Bukele en los primeros meses de su guerra contra las pandillas de maras.

La tentación por repetir la estrategia llegó hasta México, donde el excandidato presidencial Ricardo Anaya ofreció atacar la violencia en el país con acciones similares a las del mandatario salvadoreño.

Más allá de la propaganda, el riesgo de contaminar a otros países con el efecto Bukele es que el modelo se aplique completo:

Además de la mano dura contra pandilleros y delincuentes, el plan implicaría aplicar toques de queda, perseguir periodistas independientes y activistas pro derechos humanos así como militarizar pueblos y comunidades rurales o indígenas.

Sería muy mala noticia para los países cuyos gobiernos cedan a la bukelización, sobre todo en una región como Centroamérica donde la desigualdad social es profunda.

Una estrategia como la del salvadoreño es popular, especialmente en regiones con altos niveles de inseguridad y violencia.

Pero el costo es muy alto: el problema no es sólo el efecto inmediato con su estela de violaciones a derechos humanos, sino que después es casi imposible de contener.

La historia recuerda que modelos como el de El Salvador llegan para quedarse. Erradicarlos ha costado dolor y sangre en los países contaminados.

Ése es el peligro de la bukelización.