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La omisión de autoridades violó Derechos Humanos después del 19S: CDHDF

Texto: Arturo Contreras Camero. Foto: Fernando Santillán González / Archivo

Varias secretarías de la Ciudad de México, así como sus delegaciones violaron los derechos humanos de sus ciudadanos al no llevar a cabo medidas precautorias para mitigar los desastres provocados por el sismo de hace un año

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reconoció que en la capital hay un problema de desplazamiento forzado derivado del sismo de hace un año. Nombró como responsables a las autoridades capitalinas así como de las delegaciones respectivas, ya que no realizaron las acciones necesarias para evitar esta catástrofe.

Este desplazamiento es debido a la falta de certeza jurídica sobre la seguridad de diversos inmuebles, que se empeora por la falta de información adecuada respecto de los procesos de reconstrucción y sobre los problemas de grietas y fallas en diversas zonas de la ciudad.

Ayer la Comisión publicó las recomendaciones 12 y 13/2018, en las que se enumeran las omisiones en las que diversas secretarías locales incurrieron. Además, junto con las recomendaciones, presentó un informe de violaciones a los derechos humanos de las víctimas y los damnificados del terremoto del año pasado.

Al evento asistieron grupos de damnificados así como Edgar Tungüi, el actual comisionado para la reconstrucción, así como el que lo sucederá en el cargo, César Cravioto. Al respecto, este último publicó un mensaje en Twitter en el que aseguró que revisará el texto e incorporará sus observaciones al esquema de atención que iniciará el próximo 5 de diciembre, cuando el nuevo equipo de la jefatura de gobierno entre en posesión de sus cargos.

La Comisión reconoce que se violó el derecho a la vida y a la integridad de los ciudadanos afectados por el sismo ya que las autoridades competentes no tomaron las medidas necesarias para que con un temblor como el que sufrió la ciudad no se derrumbaran varios edificios.

Así mismo, se vulneraron diversos derechos de los capitalinos al no haber previsto ni atendido los problemas de grietas y fallas en las colonias Del Mar, Villa Centroamericana, Del Caribe, De los trabajadores, Santa Martha Acatitla, Ermita Zaragoza, Leyes de Reforma y Cananea.

Estas recomendaciones obedecen a la Teoría del riesgo conocido, que indica que ante el conocimiento de los peligros que existen en la ciudad por ser una zona sísmica, las autoridades no tomaron las medidas precautorias necesarias para evitar estos desastres. Y se hacen bajo el marco de derechos que otorga la nueva Constitución de la Ciudad de México que entró en vigor la víspera.

“Hoy ni las causas ni las consecuencias de dicho desastre han sido superadas”, dijo Nashieli Ramírez, la presidenta de la Comisión de Derechos local. “Dicho desastre implica la existencia de una situación, que se documentó ampliamente en el informe, que se caracterizan por un déficit en la efectiva garantía de los derechos humanos”.

Las recomendaciones solicitan que las autoridades competentes realicen estudios geológicos, geofísicos, geotécnicos y de mecánica de suelos para garantizar la vivienda de los ciudadanos en la capital, así como la actualización del Atlas de riesgo de la ciudad y la garantía de acceso efectivo a esos datos.

Actualmente, los habitantes de diversas colonias de Tláhuac e Iztapalapa no tienen certeza de la seguridad de su vivienda ni de si podrán permanecer en ellas, debido a las grietas geológicas que en ellas existen.

Así mismo, piden que se realice un censo de los damnificados y un padrón de personas que sufrieron o que podrían sufrir un desplazamiento de su vivienda. También solicitan al Instituto para la Seguridad de las Construcciones que realice todos los de dictámenes de daños por sismo que no se han hecho.

También señala que se debe de diseñar una estrategia para atender a las víctimas de desplazamiento forzado.

Además pide a diferentes entidades del gobierno que se realicen actos de reconocimiento de responsabilidad así como disculpas públicas.

Las secretarías involucradas son la de Protección Civil, de Movilidad, de Obras y Servicios, de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como el Instituto para la Seguridad de las Construcciones y el de Verificación Administrativa.

Así como las delegaciones Tláhuac, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa e Iztacalco.

A pesar de que grupos organizados de damnificados aplauden que se hagan llegar estas recomendaciones a las autoridades correspondientes, lamentaron que no se trate a profundidad otros temas como el uso de los fondos para la reconstrucción.

“La parte más radical es donde dice que la autoridad falló y es señalado, pero pues pudo haber sido algo más directo”, señaló Francia Gutiérrez, habitante del Multifamiliar de Tlalpan, una de las unidades habitacionales dañadas durante el sismo y de la cual se ha desprendido una gran organización civil.

“Y también (nos hubiera gustado) que hubiera más investigación sobre cómo se dan los permisos para construcciones de los edificios colapsados de construcción reciente. Cómo esa parte de la normativa que tiene que ver con la gentrificación fue la que agotó el sistema, porque estamos en medio de un cartel inmobiliario”, aseguró.

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