La búsqueda tanto de Maricruz, como ahora de Camila, por parte del gobierno, nunca llegó. Los que deberían de investigar lo obstruyeron; los que tenía que resguardar, la Secretaría de Seguridad del Estado de Guerrero y la Guardia Nacional, nunca llegaron; los alcaldes de San Luis Acatlán y de Taxco no asumieron su responsabilidad en la búsqueda de las mujeres.

Por Kau Sirenio / @kausirenio

El día que fue desaparecida y asesinada la niña Camila Gómez Ortega en Taxco , se cumplió un año del feminicidio de Maricruz García Margarito en Cuanacaxtitlán, municipio de San Luis Acatlán, también en Guerrero; en ambos caso se denunció desde el momento de su desaparición pero la Fiscalía General de Justicia de Guerrero (FGJG) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) demoraron para iniciar la búsqueda.

En el caso de la niña Camila, los pobladores de Taxco se organizaron para tomar la justicia por su propia mano, porque la procuración y administración de justicia en Guerrero es lenta, feminicida e indolente; la misma suerte hubiera ocurrido en Cuanacaxtitlán, si no hubiera sido por el diálogo entre los familiares y vecinos de esa comunidad ñuu savi.

“No somos los mismo que los feminicidas, respetamos la vida aunque ellos no respeten la de nuestras hijas, hermanas, sobrinas, madres y vecinas; vamos a confiar en la justicia, así que vamos a entregar a los perpetradores del feminicidio”, así lo hicieron, los feminicidas fueron entregados a la fiscalía.

Desde principio, la fiscalía no integró la carpeta de investigación como debería, de hecho la primera declaración que el ministerio público de San Luis Acatlán, Guerrero que le tomó a la señora Aurelia Margarito Rómulo el martes 28 de marzo de 2023, ni siquiera la registró, o sea, nunca existió la declaración de las primeras horas de la desaparición de Maricruz.

Por la forma de como Maricruz fue privada de su libertad, había elementos de sobras para que la fiscalía y la SSP iniciaran la pesquisa para encontrar viva a la mujer ñuu savi, pero no lo hicieron, y no lo hubieran hecho si no fuera porque las mujeres na savi de Cuanacaxtitlán cerraron la carretera de San Luis Acatlán a Marquelia y al día siguiente tomaron las instalaciones del ministerio público.

Dos días de protesta en la cabecera municipal, mientras que el comisario de Cuanacaxtitlán, Claudio Jacinto acompañado de vecinos de la comunidad peinaron la zona donde Maricruz fue privada de su libertad, pero no encontraron no la encontraron, mientras que los vecinos de la comunidad de Yoloxochitl negaron la información que diera con Maricruz.

Por lo menos, más de una persona conocían a los perpetradores, pero no dijeron nada y no permitieron que la Policía Comunitaria peinara en los alrededores de la comunidad; fue un feminicidio que pudo haberse evitado pero no fue así.

Los familiares de Manuel “N” alias “El garrobo”  entregaron a las autoridades comunitaria de la comunidad de Yoloxóchitl, quien confeso de los hechos y dio la ubicación donde enterraron el cuerpo de la víctima. Por cierto es el único que está en proceso.

La pizca de confianza que los na savi tenían en la FGJG se diluyó días después, cuando la fiscalía dejó en libertad a Manuel “N” alias “El garrobo” único feminicida confeso del crimen de Maricruz; ni siquiera fue presentado ante un juez a pesar de que él dio los detalles del asesinato.

Así que la búsqueda de Maricruz por parte del Estado mexicano nunca llegó, los que deberían de investigar lo obstruyeron; los que tenía que resguardar a la comunidad ñuu savi (SSP y Guardia Nacional) nunca llegaron; el alcalde de San Luis Acatlán, Adair Hernandez Martínez guardó silencio y negó el apoyo a los familiares para buscar a Maricruz.

Tal vez, porque en Cuanacaxtitlán los na savi no lincharon a los feminicidas, por eso la gobernadora nunca se pronunció en este caso, o tal vez fue porque Maricruz, era una mujer indígena y su madre Aurelia Margarito no habla español, tal vez por eso Evelyn Salgado hizo mutis de este feminicidio.

En el feminicidio de la niña Camila Gómez Ortega la FGJG tuvo conocimiento de los hechos porque la madre de Camila, Magui Díaz, interpuso la denuncia; sobre todo porque tenía la certeza de que su hija llegó a la casa de la señora Ana Rosa, pero no se integró la carpeta de investigación.

La FGJG tenía todos los argumentos para solicitar una orden de aprehensión, pero no lo hizo. Además pudo haber solicitado el resguardo de la vivienda de los presuntos perpetradores del feminicidio, pero tampoco ocurrió. O sea, nadie cumplió con su responsabilidad y la consecuencia fue el linchamiento que terminó en un feminicidio colectivo.

La estructura arcaica con que opera la FGJG en Guerrero, así como la indolencia de las autoridades municipales y estatales ha provocado que aumenten los feminicidios. No solo eso, sino que no se investigan y no se castigan.

En el feminicidio de Maricruz, aun falta la detención de otros implicados, de acuerdo con las primeras declaraciones de uno de los involucrados, por lo menos participaron más de seis personas, pero están prófugos porque la Fiscalía no integró la carpeta de investigación y la jueza que lleva el caso ha negado las ordenes de aprehensión.

Para detener los feminicidios y linchamientos, urge que el congreso de Guerrero realice una reforma profunda para que la Fiscalía se transforme, para que realmente funcione y esté de lado de las víctimas y no de los victimarios, como hasta ahora a ocurrido.

Por cierto, ahora que la fiscalía de Guerrero está sin fiscal, el congreso local tiene la oportunidad histórica de elegir a una persona con el mejor perfil para que ocupe ese espacio y que realmente le sirva a las mujeres que viven la eterna violencia física, psicológica, económica, patrimonial, vicaria y digital.