Desde el 9 de mayo entró en vigor una nueva norma migratoria autorizada por Joe Biden, que otorga a los agentes de CBP la posibilidad de violar –aún más- el derecho al asilo humanitario de migrantes irregulares

Por Alberto Nájar / @anajarnajar

En el ruido mediático por las elecciones en ambos países, una regla impuesta por Joe Biden contra la migración irregular pasó en silencio.

El 9 de mayo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, publicó un comunicado donde anuncia el nuevo protocolo para definir qué persona migrante puede o no aspirar al asilo en Estados Unidos.

La nueva norma establece la deportación inmediata de todas las personas migrantes a quienes se consideren un riesgo para la seguridad de ese país.

Es algo que ha existido siempre, pero la diferencia es que ahora se incluye a quienes cuenten con antecedentes penales, o que tengan algún registro judicial en las bases de datos del gobierno estadounidense.

Pero hay algo más: desde la semana pasada a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) se les otorgó la facultad de rechazar de forma inmediata las solicitudes de asilo que presenten las personas migrantes.

Con los protocolos anteriores a la nueva medida, esa decisión se adoptaba en una etapa posterior al proceso de asilo, y era determinada por funcionarios de una oficina distinta a los agentes de migración, o por un juez especializado en el tema.

Ya no más. Con la regla aprobada por Biden, los elementos del CBP tienen la posibilidad de decidir, bajo sus propios criterios, qué persona cumple o no con las condiciones para pedir asilo.

Para esto no hay un criterio establecido. Las reglas anteriores establecían que ante una petición de esa naturaleza los oficiales tenían la obligación de iniciar un proceso de análisis que incluye, entre otros puntos, una entrevista para acreditar si existe la condición de Miedo Creíble.

Es uno de los pasos esenciales para tener acceso al sistema de refugio estadounidense por dos razones:

La entrevista se lleva a cabo ante oficiales de la Oficina Ejecutiva para Revisión de Casos de Inmigración (EOIR en inglés), quienes están entrenados para el tema y no frente a los elementos de la CBP, que generalmente son policías con una fuerte dosis de racismo.

Y, además, en ese momento las personas migrantes tienen la posibilidad de presentar elementos adicionales para sustentar su petición de asilo.

Para ellos es prácticamente la única oportunidad de convencer al gobierno estadounidense de que realmente corren peligro.

Eso se pierde con la nueva regla, que concede a los agentes del CBP la discrecionalidad de definir quién representa un peligro para Estados Unidos, y por lo tanto no tendría derecho a aspirar al refugio humanitario.

Y esto puede ser por cualquier tema: desde la sospecha de que la persona migrante podría cometer algún delito, hasta el color de piel del solicitante o el buen o mal humor del agente migratorio.

Peor aún: la norma autoriza a los elementos del CBP a expulsar inmediatamente del país a quien solicite refugio, sin necesidad de cumplir con protocolos legales o justificar sus decisiones.

Para ello cuentan con un elemento adicional: las personas que crucen las fronteras estadounidenses sin visa o por sitios no autorizados como son las aduanas, legalmente infringen las leyes migratorias.

Eso les convierte en infractores a quienes los agentes del CBP pueden considerar como potenciales delincuentes y, por lo tanto, sujetos de expulsión.

Ciertamente, estas decisiones suelen aplicarse con alguna frecuencia por parte de oficiales del CBP, pero los afectados tenían la posibilidad de pedir la revisión de su caso ante un juez migratorio.

Ahora no. Bajo la nueva regla, las personas migrantes pueden ser expulsadas inmediatamente y sin motivo de Estados Unidos.

En los hechos, esto amplía la cantidad de personas a quienes se les negará su derecho constitucional al asilo humanitario, porque la mayoría de quienes recurren a esta alternativa huyen de sus países sin nada, apenas con la ropa puesta.

Generalmente no tienen recursos para comprar un pasaje de avión, ni mucho menos la posibilidad de solicitar visa. Además del peligro que representa el viaje sin documentos por Centroamérica y México, ahora suman la desprotección legal de la nueva norma autorizada por Biden.

Más vulnerabilidad para los más vulnerables.