Las comunidades pobres y marginadas, entre las primeras y más afectadas por el cambio climático. América Latina requiere reducir con urgencia los contaminantes climáticos de vida corta  o supercontaminantes, responsables del 45% del calentamiento global

Por Viviana Krsticevic* / IPS Noticias**

WASHINGTON.- Nos enfrentamos a una emergencia climática con implicaciones cruciales para los derechos humanos. Si bien el cambio climático afectará a la humanidad en su conjunto, las comunidades pobres y marginadas están y estarán entre las primeras y más afectadas. Desde las inundaciones en Argentina hasta las sequías y huracanes en Centroamérica y el Caribe, pasando por los incendios forestales en Brasil y Bolivia, ya estamos viendo un aumento del sufrimiento, el envenenamiento de la calidad del aire, la inseguridad alimentaria y los refugiados climáticos.

Los informes y compromisos internacionales, los sucesos catastróficos y la movilización social han hecho que se exija una acción rápida para evitar puntos de inflexión en los que la Tierra se vuelva inhóspita de forma irreversible para la vida humana. Se han propuesto diversas medidas para garantizar la mitigación, revertir el impacto del cambio climático y trabajar en medidas de adaptación, pero se adoptan y aplican de forma desigual.

El marco de los derechos humanos puede reforzar las respuestas necesarias para hacer frente a la emergencia y así proporcionar herramientas para garantizar la dignidad humana y el derecho a un ambiente sano. La entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, subraya el poder de los derechos como instrumentos para hacer frente a la emergencia.

Al revisar las estrategias multisectoriales y multidireccionales para hacer frente a la emergencia, hay un vacío notable en algunos de los trabajos para acelerar el cambio: la falta de atención a las políticas nacionales y regionales para hacer frente a los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), o “súpercontaminantes”, especialmente en América Latina.

Los CCVC son contaminantes con una vida atmosférica corta que oscila entre unos pocos días y 15 años y que son responsables de aproximadamente 45% del calentamiento global actual.

Además de aumentar el calentamiento global, los CCVC también tienen un impacto negativo en la salud pública, ya que están vinculados a condiciones pésimas de calidad del aire. A su vez, esto ha provocado millones de muertes prematuras relacionadas con las enfermedades de los CCVC cada año, así como la reducción del rendimiento de las cosechas, lo que contribuye al hambre, la pobreza, los desplazamientos y la inestabilidad política.

Los CCVC se diferencian de los contaminantes climáticos a largo plazo (principalmente el CO2) sobre todo en la duración de sus efectos sobre el calentamiento global. Por consiguiente, la reducción de las emisiones de CCVC confiere beneficios más inmediatos para la salud y un camino necesario para una rápida reducción del ritmo de calentamiento global. Por ejemplo, se pueden disminuir los niveles de emisiones de carbono negro.

La reducción de las emisiones de CCVC confiere beneficios más inmediatos para la salud y un camino necesario para una rápida reducción del ritmo de calentamiento global.

La reducción de los CCVC tiene el asombroso potencial de evitar 0,6 grados de calentamiento global para 2050, lo que incluye “hasta 90 % del calentamiento prevenido previsto en una década”. Además, los CCVC tienen un impacto tangible en tiempo real en las comunidades porque afectan a la calidad del aire.

Como los hogares, el transporte, la eliminación de la basura y la producción industrial son grandes fuentes de emisiones de CCVC, sus efectos llegan a quienes viven en zonas muy urbanizadas, como las megaciudades, y a quienes viven en las llamadas “zonas de sacrificio”, es decir, zonas contaminadas adyacentes a la actividad industrial pesada.

Por ello, la reducción de los CCVC es un elemento clave para actuar con rapidez para hacer frente a la emergencia, no a expensas de abordar la deforestación y las estrategias centradas en el carbono de manera forzosa, sino como un complemento necesario.

Estos súpercontaminantes tienen un impacto dispar en el calentamiento global; actuar sobre ellos acelerará los esfuerzos para reducir el calentamiento global y nos permitirá ver un cambio positivo en tiempo real, además de mejorar la calidad del aire y la calidad de vida. En consecuencia, abordar los CCVC no sólo supone una ganancia futura, o de nuestras futuras generaciones, sino que conlleva una mejora palpable de las condiciones de vida y la salud en el presente.

Además, centrarse en estos súpercontaminantes podría crear interesantes oportunidades para que las coaliciones entre la comunidad científica, los responsables políticos, las comunidades y los activistas impulsen nuevas medidas para hacer frente a la emergencia climática.

Para avanzar en esta dirección, es fundamental contar con hojas de ruta locales, nacionales y regionales claras, basadas en información verificable, para determinar estrategias y abogar por el cambio. El acceso a la información, la producción y el análisis de datos destinados a determinar los niveles, las fuentes, los impactos y las políticas para curvar los CCVC son, por tanto, decisivos.

Como subraya el Acuerdo de Escazú, el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia y la garantía del trabajo activo de los defensores de los derechos humanos ambientales son también fundamentales. Sin embargo, una revisión de las bases de datos e informes sobre el cambio climático muestra una mayoría de casos centrados en el Norte global y una notable ausencia de casos vinculados a los súpercontaminantes.

La concienciación y la adopción de medidas rápidas para reducir los súpercontaminantes son los siguientes pasos importantes para alcanzar los objetivos establecidos por la comunidad científica y política con el fin de hacer frente a la emergencia climática y al derecho al aire limpio, que está vinculado a la salud, la alimentación, el agua y la calidad de vida.

En América, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú crea una serie de herramientas que pueden ayudar a reducir la brecha de concienciación sobre los CCVC, llevar a los defensores del medio ambiente a la vanguardia y acelerar las medidas clave a nivel municipal, estatal, nacional o regional para mitigar su impacto.

El activismo y la movilización social son fundamentales para garantizar que los compromisos internacionales tengan sentido a nivel local, regional y mundial.

*Viviana Krsticevic, abogada y activista de derechos humanos y actual directora ejecutiva del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

**Este artículo fue publicado por IPS, lo reproducimos con su autorización.