15 mayo, 2021
En el primer día Por la Justicia de las Víctimas de Feminicidio en San Luis Potosí fue develado un memorial realizado por la escultora Ivette Gasca, quien trabajó con seis familias que han exigido justicia por los feminicidios de sus hijas. La escultura indica que el Estado sigue en deuda con todas las víctimas y con sus familias
Texto: Marcela Del Muro
Fotos: Caro Quintanilla y Aída López Castro
SAN LUIS POTOSÍ.- “Este memorial es producto del trabajo de seis familias, durante muchos meses. Es un proceso de reparación que demuestra nuestros deseos sobre cómo queremos reivindicar la historia de nuestras hijas. Hoy venimos a reconocer que la violencia feminicida es un problema público, que no solo nos arrebata la vida de las mujeres, también nos arrebata la vida de las familias. Hoy venimos a exigir que nos escuchen, no queremos escuchar a las autoridades, no queremos más simulación. Queremos que sepan que este es el comienzo. No estamos todas, pero estamos juntas”. Entre aplausos y gritos que exigen justicia, la señora Susana Cruz, mamá de Lupita Viramontes, termina su discurso en la conmemoración del primer día Por la Justicia de las Víctimas de Feminicidio en San Luis Potosí.
Para llegar hasta hoy, las familias han caminado cargado ese dolor y desesperanza que les trajo el feminicidio de sus hijas en un estado donde no existe el acceso efectivo a la justicia. Han tratado de estar presentes en la investigación de sus casos sin recibir respuestas, a cambio han sido humillados y re victimizados constantemente por los trabajadores de la Fiscalía.
“Yo estuve dos años tocando puertas en dependencias de gobierno, hasta que llegamos con la instancia. Este día no es nada más de mi hija, es para todas nosotras y, sobre todo, para las que ya no pueden luchar. Tenemos que cobijar esto y hacer una exigencia para que las autoridades hagan su trabajo […] En San Luis Potosí tenemos una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y tenemos que hacerla valer por todas”, comenta doña Esperanza Lucciotto, mamá de Karla Pontigo.
El establecer en la ley estatal el 14 de mayo como el día Por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio en San Luis Potosí es uno de los primeros peldaños que ha logrado subir la señora Esperanza para lograr una reparación integral del daño después de la sentencia decretada por la SCJN, el 13 de noviembre del 2019. Dicha sentencia desestima la investigación inicial del caso de su hija Karla, reconociendo que el ministerio público construyó esta historia sin sustento legal, científico o de lógica común. Esto ha marcado precedente en México: es el segundo caso en materia de feminicidio en dejar sin efecto la sentencia inicial y ordenar una nueva investigación con perspectiva de género, además, de exigir la reparación integral del daño.
Desde que doña Esperanza vio a Karla en el hospital, supo que había sido atacada. Ese mismo día, el 29 de octubre del 2012, su hija murió. Su cuerpo se encontraba muy dañado, había sido fuertemente agredida, física y sexualmente, pero esto no se vio reflejado en las averiguaciones previas. Doña Esperanza exigió ser testigo de las investigaciones del caso y lo logró por medio de un amparo, dándose cuenta que la entonces Procuraduría ya había dictado una orden de aprehensión por el delito de homicidio culposo. Es decir, las autoridades sostenían que Karla Pontigo había muerto accidentalmente, tras atravesar una puerta de vidrio en su lugar de trabajo.
Karla tenía 22 años. Ella trabajaba como animadora en el antro “Play”, una de las discotecas más populares en aquel momento. Llevaba unas cuantas semanas sintiéndose incómoda y pensando en renunciar, su jefe la acosaba constantemente. Este es Jorge Vasilakos, uno de los empresarios del entretenimiento más reconocidos en el estado. Hasta ahora, este sujeto continúa libre. La señora Esperanza y sus asesores sabían que Karla había sido víctima de feminicidio y no descansaron hasta lograr que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estudiara su caso.
“Todas las víctimas ganan a partir de esta sentencia, no solo el caso de Karla, porque todos los casos donde las víctimas consideren que existen elementos que indican que se trata de un feminicidio, la Fiscalía tiene la obligación de hacer una investigación. Porque el feminicidio es un fenómeno delictivo que está afectando al estado. Ojo, porque tienes un fenómeno que te obliga, a través de tu Fiscalía, a hacer investigaciones con perspectiva de género que te permita determinar cuándo sí y cuándo no hay un feminicidio”, explica Yesenia Valdez, asesora jurídica del caso de Karla y parte de la asociación Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
La sentencia también ha impulsado que la búsqueda de justicia por los casos de feminicidio en el estado se hiciera entre familias, acompañándose y acuerpándose entre ellas.
“Me da mucho gusto que se empiecen a concientizar del dolor que significa la pérdida de nuestras hijas, que no se les olvide que se les tiene que seguir nombrando. Es fundamental seguirlas nombrando. Ahora vamos por un camino justo, por un camino de hermandad entre familias que tienen el mismo dolor y solo entre nosotros entendemos que tan difícil ha sido para cada uno”, dijo la señora Susana Cruz, el pasado 6 de mayo, cuando se aprobó al 14 de mayo como el día por la justicia de las víctimas de feminicidio en el Congreso del Estado.
Para Susana es importante que recordemos que su hija Lupita estaba a un mes de cumplir los 16 años, cuando su exnovio la desapareció y asesinó brutalmente. El asesino y sus tres cómplices llevaban meses amenazando a la familia Viramontes Cruz, en la Procuraduría, ahora Fiscalía, le dijeron que ningún asesino amenaza antes de matar, pero en los casos de feminicidio sí es muy probable. La señora exigió por todos los medios que se hiciera justicia, llegando a una sentencia de 37 años para el autor intelectual, pero uno de sus cómplices, su hermano menor, aún sigue prófugo por un error del ministerio público a cargo. Desde entonces, y con la justicia a medias, la carpeta de investigación se encuentra congelada.
El nombre de Lupita y de 47 mujeres víctimas de feminicidio en el estado están grabados en la capa que cubre la escultura de Karla Pontigo, una monumenta de bronce que sostiene un signo de venus con una mano empuñada al centro, que fue revelada este 14 de mayo en uno de los costados de la Plaza de Armas, rodeada por el Palacio de Gobierno, el Congreso del Estado, el Palacio Municipal y la Catedral metropolitana.
Las familias eligieron a la señora Esperanza como la encargada de mostrar la monumenta. Porque la lucha de muchas familias ha sido acuerpada por ella.
La escultora Ivette Gasca trabajó con las seis familias para lograr este memorial. Una escultura que indica que el Estado sigue en deuda con todas las víctimas y con sus familias. Ivette cuenta que mientras grababa todos los nombres sentía una fuerte energía que la acompañaba. Había nombres que la invadían de tristeza y desesperanza al momento de grabarlos.
Pero la reparación simbólica no es un fin, tiene que ir acompañada de procesos de justicia para que la reparación por los feminicidios de las mujeres en San Luis Potosí sea efectiva.
“Muy chido el memorial, pero yo quiero saber por qué está mal integrada la carpeta de investigación del caso de mi hija. Yo busco justicia porque en el camino solo me he encontrado con corrupción. Todas las personas que perdemos hijos queremos transparencia. Yo me sentía sola con la corrupción, pero ahora estoy con ellas y eso me fortalece”, comenta la señora Yolanda Rodríguez, mamá de Nataly Alonzo.
Nataly tenía 17 años cuando la desaparecieron, el 15 de junio del 2019. A los pocos días fue encontrada en un lote baldío. La señora Yolanda dice que sus ministerios públicos fueron incompetentes: primero perdieron la carpeta de investigación, cuando fue hallada, descubrió que no estaba bien integrada. Ella dice que el probable asesino de su hija ya salió del país.
El año pasado, las dos asesoras jurídicas de la Instancia de la Mujeres del municipio comenzaron a acompañar a las seis familias en las mesas de seguimiento a sus carpetas de investigación. Esto trajo esperanza a las familias, sus casos comenzaron a avanzar, pero también demostraron el mal trabajo de las corporaciones encargadas de la investigación y justicia del estado.
“A Samantha la mató un compañero de la universidad y otro fue cómplice. Yo escuche cuando Gamaliel daba su declaración y decía que la mató por celos. Eso no fue suficiente, los dos están libres y lograron graduarse de la universidad. Les dieron una cédula y ahora están ejerciendo. Qué calidad moral tienen los médicos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, comenta la señora Patricia Rojas.
A Samantha Rodríguez la arrojaron desde una ventana. El feminicida de la joven de 21 años logró titularse de médico cirujano, aunque vio como moría Samantha y no hizo nada por salvarla. El expediente del caso no ha podido ser analizado porque no ha sido entregado por las autoridades.
Tras una marchar por el asesinato de Ale García, uno de los primeros feminicidios del 2021, Las familias se agruparon para respaldar a la señora Dora García. Su hija fue desaparecida y encontrada sin vida el pasado 17 de enero. Al término de la marcha las seis familias entraron a Fiscalía y exigieron tener una reunión con el Fiscal.
Fueron atendidas por el vicefiscal del estado, Aaron Edmundo Castro, en esa ocasión, don Carmelo Hipólito, papá de Odalys Anahi Hipólito, le recalcó que nadie lo atendió como se debería. Tras encontrar a su hija suspendida de un barandal de la zona de transferencia del transporte público, empezaron las re victimizaciones. El caso se cerró en el primer aniversario luctuoso de la joven de 16 años y se declaro suicidio.
“Necesitan tener a personal calificado que cuando nos dan una noticia tan grave como esa nos acompañen. Porque para ellos simplemente es un espérate, siéntate, espérame allá, y eso no debe de ser así. Imagínese, viene desde quién sabe dónde para (que te digan) vete a sacar ese papel, cuando no sabemos cómo”, comenta don Carmelo.
“No puede haber memoria ni reparación si no hay justicia”, comenta la señora Esperanza. Junto a ella se encuentra Patricia, Susana, Dora, Yolanda y don Carmelo, pero hay muchas mujeres arropándolos, acuerpando esta exigencia de justicia.
San Luis Potosí ocupa el séptimo lugar a nivel nacional por feminicidios.
“La verdad tiene que apegarse a una investigación efectiva, a una investigación diligente. La impunidad, cuando hay violencia contra las mujeres, manda un mensaje de que la violencia es permitida. Este memorial es un mensaje muy claro para las autoridades de San Luis Potosí, mientras haya impunidad en cualquier caso de violencia contra la mujer están aceptando que exista violencia”, exige Ana Lorena, directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
*Foto destacada: Aída López.
Periodista freelance con base en San Luis Potosí. Le gusta escuchar historias y trata de preservarlas, por eso es periodista. Su visión se centra en la cobertura de temas de derechos humanos, migración, desaparición, violencia de género y crisis ambiental.
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