Dos gobernadores de Nuevo León, y seis procuradores y fiscales de la República han desfilado por sus puestos desde que 49 cuerpos mutilados de migrantes fueron hallados en Cadereyta, sin que haya justicia. En esta historia de impunidad ocurrida en mayo de 2012, el expediente de este caso ha desaparecido.

Texto: Víctor Ronquillo /  Programa de Asuntos Migratorios de la UIA

Foto: Ginnette Riquelme

El destino de los migrantes es incierto, en el camino puede ocurrir lo más grave, como la muerte, el ser víctima de un atroz crimen que ocho años después de que ocurrió, aún permanece impune. Trece de mayo de 2012 en el kilómetro 47 de la carretera Monterrey—Reynosa el Ejército Mexicano reporta el hallazgo de 49 torsos humanos, seis de ellos de mujer. Torturados, asesinados, mutilados. Después de que se logró la identificación de algunas de las víctimas se comprobó que eran migrantes, migrantes extraviados en una de las rutas más peligrosas en México, país donde por entonces la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estimaba que 20 mil personas migrantes desaparecían cada año. Por este crimen no hay detenidos, no hay nadie sujeto a proceso, no parece haber culpables, el derecho a la justicia se ha negado de manera recurrente a los familiares de las víctimas. Ocho años después se escribe otro negro capítulo en esta historia de impunidad, el expediente de este caso, con las primeras investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, ha desaparecido.

Lo que se dice es que el expediente fue destruido por la compañía encargada de enviarlo a la Fiscalía General de la República en sus oficinas de Ciudad de México. La Fundación para la Justicia, organización de la sociedad civil que acompaña a algunos de los familiares de la víctimas de este crimen en su búsqueda de justicia, ha documentado este lamentable hecho, propio de lo que podemos llamar realismo trágico, una triste versión del realismo mágico de las novelas de Gabriel García Márquez, que retrata las negras historias que ocurren cuando el crimen organizado se constituye como un poder fáctico, cuando es capaz de dejar sentir su presencia y capacidad para intimidar y corromper. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una documentada recomendación sobre el crimen conocido en los medios como la Masacre de Cadereyta, el 17 diciembre de 2017. Con ese antecedente la Fiscalía General de la República solicitó el mencionado expediente. La Fundación para la Justicia denunció lo ocurrido a través de un boletín de prensa:

“En cumplimiento a la citada recomendación, la hoy FGR, a cargo de la investigación de los hechos, pidió a la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, la atracción del expediente 121/2010, iniciado el 13 de mayo de 2012 por dicha autoridad local. Después de varios recordatorios y peticiones directas y por oficios, la FGR nunca recibió el expediente sino una notificación de que el expediente había sido “destruido” por la empresa de paquetería encargada del envío. ¿Por qué? ¿A petición de quién? ¿Cuánta información contenía el expediente?”.

Preguntas que resultan determinantes no sólo para el esclarecimiento de este caso, sino para el de otros casos de migrantes desaparecidos.

Fabianne Cabaret, coordinadora del Área de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, interpuso una queja ante la CNDH por la destrucción del expediente de la “Masacre de Cadereyta”.

La pregunta es obligada para Fabianne Cabaret: ¿Qué fue lo que pasó con el mencionado expediente?

“Justamente eso quisiéramos saber.  Como lo señalamos en el comunicado de prensa, para evitar la fragmentación de las investigaciones se le pidió a la Fiscalía General que atrajera el expediente que estaba radicado en el estado de Nuevo León. Nosotros estamos muy cercanos a la investigación que está llevando la Fiscalía General y dando seguimiento a esa petición de la CNDH para que pudiera atraer el expediente de la fiscalía local y que se diera una sola investigación. La fiscalía local afirmó que no estaba en condiciones de entregar ese expediente, debido a que la empresa a la que había sido entregado para su remisión a la federación, así como lo comenta nuestro boletín de prensa, al parecer lo había destruido”.

Esta acción que puede calificarse de muchas maneras, de dilación de la justicia, de mera irresponsabilidad, expone un tramado donde se entreteje la burocracia, la omisión y la posible complicidad que lleva al ocultamiento de hechos, situaciones, personajes, que pudieran resultar determinantes  para el esclarecimiento de este crimen y para entender el modo de operar de organizaciones criminales en esta región del país, donde se ubican rutas clave para el narcotráfico en Nuevo León y Tamaulipas.

“Nosotros no somos quién para afirmar si fue destrucción, extravío o qué fue lo que pasó exactamente con el expediente –afirma Cabaret–, el hecho es que esa fue la respuesta proporcionada y eso nos preocupó muchísimo dado que estamos hablando de un expediente original, muy relevante porque es el primero que se inició con motivo de los hechos y cualquier información que incluya interesa para la investigación del caso”. 

 Terrorismo en el apogeo de la Guerra del narco

En la recomendación 8VG/2017 dirigida al gobierno de Tamaulipas, al gobierno de Nuevo León y a la entonces Procuraduría General de la República, la CNDH establece la ineficacia de la investigación realizada, las posibles líneas de investigación que no se siguieron, las declaraciones que no se llevaron a cabo, las pruebas omitidas. Los agentes del Ministerio Público encargados del caso limitaron sus acciones al mero requisito del cumplimiento de una investigación lastrada por la burocracia, el temor o la corrupción. 

Para mostrar lo que ocurrió en cuanto a esa limitada y dudosa investigación baste citar el siguiente fragmento de la recomendación emitida por la CNDH: 

“En el caso es preciso distinguir entre el lugar del hallazgo (el espacio físico donde fueron localizados los cadáveres) y el lugar de los hechos (sitio donde fueron privadas de la vida las 49 personas). Al respecto, del dictamen elaborado por personal de este Organismo Nacional se precisa que la segmentación de las extremidades y la decapitación fueron realizadas en un lugar distinto, aspecto que se encuentra motivado por la ausencia de la cabeza y varias amputaciones de las cuatro extremidades, por la presencia de una huella de neumático de un camión de carga, por las diversas lesiones que les fueron provocadas a los cuerpos antes de que fueran privados de la vida; de las declaraciones ministeriales de PR1, PR2, PR3, PR4, rendidas en la PGJNL en la AP1, así como la de PR5 recabada en la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, se corrobora que los cuerpos fueron trasladados por un medio de transporte hasta donde fueron encontrados. En ese orden de ideas, AR6 debió agotar todos los medios pertinentes para obtener las declaraciones de las personas que pudieron ser testigos de los hechos, con la finalidad de allegarse de información en torno a la privación de libertad y posterior homicidio de las 49 personas halladas sin vida en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, circunstancia que no fue realizada toda vez que no obran en la averiguación previa AP2”.

Las omisiones y los errores en la investigación de acuerdo a la CNDH se multiplican, el lugar donde fueron encontrados los cuerpos no fue preservado de manera adecuada, en las autopsias realizadas hay graves errores, no se agotaron los recursos para la declaración de personas posiblemente vinculadas con los hechos, que se encontraban sujetas a proceso por otros delitos. No se buscó a quienes, de acuerdo con los familiares de algunas de las víctimas identificadas, sobrevivieron a los hechos y pudieron ser testigos de lo que pasó.

Y lo que pasó, de acuerdo con lo que se infiere de la investigación realizada por la CNDH, fue una negra historia de realismo trágico que se inicia con un autobús que viaja a la frontera con varios migrantes a bordo.  El autobús es detenido, un grupo de hombres armados secuestra a los migrantes, quienes serán torturados, luego asesinados. Sus cuerpos mutilados terminarán abandonados en un tramo carretero cercano a Cadereyta. Un sórdido de mensaje del poderío y la violencia del crimen organizado. Terrorismo en los años de apogeo de la llamada Guerra del Narco, impulsada por el gobierno de Felipe Calderón.

Fabianne Cabaret precisa algunas circunstancias de este caso, ahora quizá un tanto olvidado, una masacre similar a la de San Fernando, donde en 2010 fueron secuestrados y asesinados migrantes en San Fernando, Tamaulipas.

“Hasta el momento se tienen identificadas 17 víctimas las cuales provienen de varios lugares, en su mayoría se trata de migrantes centroamericanos, pero también algunas víctimas identificadas son mexicanos originarios del Estado de Tamaulipas. Lo que también es importante considerar en este caso es que, si bien los secuestros se dieron en el estado de Tamaulipas, es un caso que nos da un panorama que atraviesa por lo menos dos estados involucrados”.

Sobre lo ocurrido quedan muchas dudas. Para empezar, hay que preguntarse cuál pudo ser el móvil de este crimen: 

“Hasta el momento falta todavía bastante como para que se tenga un esclarecimiento de los hechos respecto a cada uno de los secuestros de las distintas víctimas. El cómo se fueron presentando, en dónde fueron privadas de la vida y cómo fueron trasladadas al estado de Nuevo León. Un rompecabezas que la Fiscalía General de la República tiene entre las manos desde el año 2016 en que atrajo la investigación”.

El contexto en que estos hechos ocurrieron fue el de una sistemática violación a los derechos humanos. Ejecuciones, desapariciones, desplazamiento forzado. Los conflictos entre las distintas organizaciones criminales por el control de las rutas para el narcotráfico y el tráfico de personas. Si hubiera alguna duda de que la masacre fue perpetrada con la finalidad de enviar un mensaje a un grupo rival y a las mismas autoridades, en el lugar fue encontrada una narcomanta que atribuía el crimen a los Zetas, según notas periodísticas de la época.

“El caso se enmarca en un contexto digamos, que justamente hace que no lo veamos de forma aislada –señala Fabianne Cabarett–. Sabemos cómo era la situación de seguridad y la situación de violencia que operaba en esos lugares específicos, claramente se trataba de una ruta que muchos migrantes tomaban en aquel entonces, y hasta la fecha, para poder llegar a Estados Unidos.  En cuanto a los casos que nosotros representamos claramente se trata de inmigrantes que se dirigían a Estados Unidos, sus familiares perdieron la comunicación con ellos cuando llegaron a Tamaulipas y luego resultó el hallazgo del 13 de mayo. La última vez que algunos de ellos se comunicaron  fue días antes de este hallazgo”.

El caso de la masacre ocurrido en Cadereyta es parte de un modo de operar, de la acción de grupos de sicarios, de verdaderos comandos. La forma en que son capturadas las víctimas, luego asesinadas y sus cuerpos exhibidos con crueldad es parte del cruel escenario de la violencia de entonces y sus graves repercusiones presentes hasta el día de hoy.

“Yo creo que el caso de Cadereyta, al igual que otros casos, se tiene que analizar desde un contexto mayor, donde ocurrieron también otros hechos similares en algunas otras partes de los mismos estados o de otros estados de la República –señala Fabianne Cabaret–. No se trata de un asunto aislado y casual, creo que esto se enmarca en las investigaciones de crímenes masivos, sistemáticos.  No hay que olvidar que cuando ocurrieron los hechos de Cadereyta la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos había emitido informes sobre los riesgos y las situaciones que estaban ocurriendo con migrantes que estaban en tránsito en México. Entre el informe del 2009 y el informe del 2011, que emitió la Comisión Nacional sobre el tema, se sumó, por lo menos, una cifra de alrededor de 20 mil migrantes desaparecidos. Algunos migrantes se fueron localizando en fosas clandestinas, en casos como el de Cadereyta.  Casos como el de San Fernando también nos han mostrado la suerte de muchos migrantes en tránsito por México”.

Hay que insistir en señalar que el caso Cadereyta permanece en la impunidad. El derecho a la justicia le ha sido negado a quienes murieron en atroces condiciones y a sus familiares, quienes también son víctimas de este crimen.

Fabianne Cabaret, coordinadora del área de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia insiste en la impunidad que persiste en torno a este crimen: “Como fue un asunto, digamos, muy visible por su propia naturaleza, por el hecho de tratarse de la exposición de cuerpos, estamos hablando de una carretera no de algún lugar escondido, esto generó en su momento bastante movimiento a nivel de medios de comunicación en relación al asunto, pero finalmente las cosas se fueron diluyendo mucho. Lo que nos preocupa es que justamente lo que no se hizo en su momento de forma pronta como tiene que ser en cualquier asunto, pues lo va complicando cada vez más para su posible esclarecimiento. En su momento tanto la federación como las autoridades locales iniciaron las investigaciones, con todas las actuaciones que esto puede implicar para atender un caso con tantas víctimas, pero hasta el momento ni está esclarecido, ni hay responsables por los hechos. Podríamos decir que sigue en una situación de impunidad, en la medida en que no se ha establecido la verdad histórica de la situación y tampoco se ha responsabilizado a nadie por los hechos. No hay procesos en específico seguidos por este caso”.

Bien venidos a la Paz, Honduras

La Paz es una ciudad tranquila, con la apacible belleza de lo que, pese a la globalización y la supuesta modernidad que nos impone, todavía hoy podemos llamar provincia.

En tiempos de covid, del obligado aislamiento, José Dolores Suazo responde a una llamada telefónica  en su casa, ubicada en un barrio de La Paz, la ciudad que dejó atrás su hermano Mauricio Francisco cuando migró. Iba rumbo a Luisiana, donde había estado antes, cerca de Nueva Orleans, donde pudo trabajar. La muerte se le atravesó en el camino.

“Ese día fatídico día del 13 de mayo, nos llegó la noticia de que 49 personas habían fallecido en Cadereyta o que en ese lugar habían encontrado sus cuerpos desmembrados”.

Migrar se impone como un recurso para sobrevivir, “para los paceños  

–dice José Dolores–.  migrar es natural”. Las causas de que los paceños se busquen la vida en el norte se deben a lo que este hombre define como “represión económica del pueblo”. No hay trabajo, se pagan muchos impuestos, ni la educación, ni la salud, están garantizados. Si hay suerte se puede tener una comida al día de dos tiempos y si no pues hay que seguir adelante.

“Mauricio Francisco Suazo Mejía, mi hermano, era uno de los menores, me seguía en una línea de 10 hermanos. Sabía un montón de oficios: era peluquero, era pintor, era carpintero. Era multifuncional en esos y otros oficios, como otros paceños. En una sociedad como la nuestra donde la necesidad campea, las habilidades del ser humano afloran, aprendemos a hacer de todo. Mauricio era un emprendedor, era un tipo con ese espíritu de libertad, pero con la libertad de hacer las cosas bien, no en la línea del libertinaje, ni de la acción dañina para la sociedad, simplemente era un tipo habilidoso al que las condiciones de nuestro país lo obligaron a irse”.

  Cuando José Dolores le preguntaba si alguna vez iba a regresar a Estados Unidos no decía mucho, después de guardar silencio por algunos segundos, se quejaba de lo mal que estaba todo, de lo “jodido” de la situación. Cuando se marchó no le dijo a nadie, sólo se despidió de su esposa.

“Un día sábado me habló una sobrina y me dijo ‘tío, está llorando Ana, Ana’ es mi cuñada, la esposa de mi hermano.  ‘Está llorando Ana porque dice que mi tío Mauricio se fue’, me dijo la muchacha. Les dije porque lloran si esta situación lo obligó a irse, sólo hay que pedirle a Dios que pueda pasar y llegar con bien, de nada sirve llorar. Por acá decimos que las lágrimas son de mal agüero.  Yo creo que las personas tenemos un sexto sentido y que mi cuñada presintió lo que iba a pasar”.

Mauricio tenía 42 años al morir, le sobreviven su esposa, su hijo, ya casado, y sus nueve hermanos. Su madre y su padre murieron recientemente. Dice José Dolores, que jamás se recuperaron de la pérdida de su hijo. “Murieron esperando que el gobierno mexicano hiciera justicia”.

Un grupo de paceños se fue con Mauricio a buscar la vida en el norte. Alguno de ellos llamó a su familia cuando ya habían llegado a Tamaulipas. Después de no tener noticias de ellos los buscaron hasta que el azar jugó su papel y una de las víctimas fue identificado por la tarjeta de identidad que fue encontrada en los jirones de ropa que cubrían los restos de su cuerpo.

José Dolores Suazo no se atreve a hablar mucho sobre lo que pudo pasar, “no puedo decir si iban coyoteados o no”, a lo que sí se atreve es mencionar la causa de lo que considera hace de la ruta de los migrantes venidos de Centroamérica un peligroso camino donde la muerte acecha.

“Pienso que el Departamento de Estado de los Estados Unidos junto con el gobierno de México han armado un complot para que los migrantes no puedan cruzar al territorio norteamericano, parte de ese complot lo son verdaderas políticas de exterminio”.