El 11 de mayo termina uno de los programas más estrictos de contención migratoria de Estados Unidos. Pero lo que viene será más duro para miles de personas migrantes

TW @anajarnajar

La fecha más esperada por cientos de miles de personas es el 11 de mayo.

Ese jueves termina, oficialmente, el decreto llamado Título 42, una medida establecida por el entonces presidente Donald Trump para contener la pandemia de covid-19 en Estados Unidos.

En el discurso se trató de una estrategia de salud pública. Pero en los hechos se convirtió en una eficiente herramienta de contención migratoria.

El decreto permite a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) expulsar de forma inmediata a todas las personas que crucen sin documentos a suelo estadounidense.

Por el cariz de emergencia como se estableció el decreto, quienes fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza perdieron el derecho a solicitar la protección de las leyes de ese país, como una audiencia para pedir formalmente asilo humanitario.

Así, entre marzo de 2020 -cuando se estableció Título 42- y el mismo mes de 2023, en total fueron echadas de Estados Unidos cinco millones 15 mil 703 personas migrantes.

De éstas más de la mitad, dos millones 524 mil 113, fueron expulsadas por el Título 42. Los datos son parte de las estadísticas del CBP.

El 90 por ciento de las personas migrantes fueron deportadas por la frontera con México, donde permanecieron sobre todo en ciudades fronterizas que son algunas de las regiones más peligrosas del país.

El programa Título 42 sirvió a Estados Unidos no sólo porque eliminó trámites burocráticos para conseguir su objetivo, impedir la llegada de personas que no le son útiles para su mercado laboral.

También fue una estrategia de contención política al reducir las presiones de grupos anti migrantes.

Pero la mayor utilidad fue allende sus fronteras: el riesgo de una expulsión exprés se convirtió en una advertencia más a quienes buscarían viajar a Estados Unidos.

Se nota en el movimiento del flujo migratorio a partir de 2022, cuando el presidente Joe Biden dijo que cancelaría el programa:

Ante el anuncio de tal posibilidad las detenciones en la frontera sur de ese país se duplicaron, básicamente porque aumentó el número de personas que llegaron a la región.

Un escenario similar se construye en estos días, conforme se acerca el 11 de mayo. La CBP ha dicho en varios momentos que se espera un aumento “significativo” en las aprehensiones.

Por eso la orden para desplegar mil 500 soldados en apoyo a los dos mil 500 de la Guardia Nacional que ya se encuentran en la frontera sur de ese país.

En el reforzamiento de la región también participa México. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó recibir a personas rechazadas originarias de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua.

También aceptará la expulsión hacia el territorio nacional de otras cien mil personas de Honduras, Guatemala y El Salvador.

No es cualquier cosa. Antes de 2019 México sólo permitía la repatriación de mexicanos expulsados de Estados Unidos, que tenía la obligación de enviar a sus países de origen a las personas migrantes de otras nacionalidades.

Con el programa Quédate en México, impuesto por Donald Trump, el gobierno de López Obrador aceptó recibir a migrantes de otros países.

El Migrant Protection Protocols (MPP), el nombre en inglés de la estrategia fue un programa controvertido.

Algunas organizaciones civiles denunciaron que los migrantes virtualmente fueron abandonados por ambos países, que las dejaron en una situación extrema de vulnerabilidad.

Hubo casos de personas secuestradas, victimas de abuso sexual o extorsiones. Miles vivieron más de un año en campamentos improvisados, a unos pasos de Estados Unidos.

La situación se repetirá ahora e inclusive puede empeorar, porque el fin de Título 42 no significa que la Casa Blanca suavice su política migratoria.

Por el contrario, las medidas que se anunciaron a partir del 11 de mayo serán más estrictas.

Un ejemplo: quienes pretendan solicitar asilo humanitario en Estados Unidos deberán inscribirse en una plataforma virtual, llamada CBP One, y solicitar una cita para evaluar su caso.

El gobierno de Biden lo presenta como una herramienta para facilitar el trámite “y evitar el viaje hasta la frontera sur”.

Pero en los hechos es una advertencia para no salir de sus países: quienes no cumplan con este requisito y sean detenidos en territorio estadounidense serán expulsados inmediatamente.

Además, cancelarán definitivamente la posibilidad de recibir asilo en ese país. Tampoco podrán solicitar visa a Estados Unidos durante cinco años.

Quienes no cumplan con estas disposiciones y sean detenidas por la Border Patrol podrían ser sentenciados a cinco años de cárcel.

“Hay consecuencias legales y criminales” para los migrantes, advirtió el embajador Ken Salazar.

No hay, pues, nada nuevo para cientos de miles de personas que ya se mueven por México hacia Estados Unidos.

Por el contrario. Lo que viene para ellas será peor.