Esta iniciativa de Ley constituye una gran oportunidad para hacer frente a la problemática de la gran pérdida de especies y la degradación de ecosistemas y la enorme pérdida de sus servicios ambientales que afrontamos en el país y en el mundo

Por Gustavo Alanís Ortega*

En días pasados, Greenpeace-México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)  hicieron un llamado a través de los medios de comunicación para que la iniciativa de Ley General de Biodiversidad (LGB) sea discutida lo más ampliamente posible  en el Congreso de la Unión, a través de un Parlamento Abierto. Lo anterior,  debido a que es un tema de gran trascendencia nacional para poder garantizar la protección efectiva de las especies y los ecosistemas, así como el bienestar de las personas en México. 

Como es del conocimiento público, el pasado 12 de febrero de 2025 se presentó en el Senado de la República del Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General de Biodiversidad que abroga la Ley General de Vida Silvestre vigente hoy en día.  La iniciativa en comento tendrá gran impacto en lo relativo a garantizar la continuidad de los procesos ecológicos, la viabilidad genética, la salud de los ecosistemas y las especies que en ellos habitan, así como en la salud, la vida y la calidad de vida de las personas.  Recordemos que México es uno de los países más  megadiversos del mundo, que alberga entre el 10 y 12% de las especies que habitan en el planeta gran parte de ellas endémicas^[1]. Esta iniciativa de Ley constituye una gran oportunidad para hacer frente a la problemática de la gran pérdida de especies y la degradación de ecosistemas y la enorme pérdida de sus servicios ambientales que afrontamos en el país y en el mundo.

En México, únicamente en lo que se refiere a vertebrados y plantas con flores, se han perdido 127 especies, de las cuales el 58% eran endémicas.^[2]  Por otro lado, en el periodo 2001- 2023 se perdieron en promedio 217,103 hectáreas al año de ecosistemas forestales debido al cambio de uso de suelo, de los cuales el 42% corresponde a selvas húmedas^[3]. El país ha perdido también el 62% de sus ecosistemas originales de humedales.^[4]  Incluso, la  titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, reportó recientemente que en el país se ha perdido 15 por ciento de las dunas de manglares, lo que representa 150 mil de aproximadamente un millón de hectáreas.^[5]

Por lo anterior, resulta fundamental que los diversos actores de la sociedad civil en México, academia, organizaciones, propietarios y legítimos poseedores de la tierra en donde se ubica la riqueza natural, tengan la oportunidad de retroalimentar  la iniciativa que se comenta. A continuación, algunas recomendaciones que se hacen al respecto.

1. Implementación plena y efectiva del derecho a un medio ambiente sano mediante acciones de conservación y manejo adecuado de la biodiversidad. 

El texto actual requiere brindar mucho mayor claridad sobre los mecanismos, instrumentos y procedimientos de implementación adecuada que serán aplicados para garantizar el ejercicio pleno y efectivo del derecho humano a un medio ambiente sano, mediante acciones de conservación y el manejo adecuado de la biodiversidad. De igual forma, se deben garantizar de manera efectiva los derechos de pueblos y comunidades indígenas a acceder a conocimientos tradicionales y a la participación justa y equitativa en los beneficios.

2. La iniciativa debe incorporar los compromisos internacionales asumidos de manera transversal (mainstreaming)^[6], además de abordar la intersección entre biodiversidad y cambio climático.

Es necesario que la iniciativa garantice la integración de la diversidad biológica en todos los sectores, para lo cual es necesario que establezca pautas para que, en políticas, programas, leyes  y presupuesto, se integren acciones para la conservación, uso sostenible, gestión y restauración de la diversidad biológica y los ecosistemas. De manera complementaria, la iniciativa debe abordar  integralmente la intersección entre biodiversidad y cambio climático, especialmente en lo referente a la adaptación. 

3. El Estado debe asumir la obligación de garantizar y promover la conservación, el manejo sustentable y la restauración de los ecosistemas, con apoyo y la participación adecuada de propietarios y legítimos poseedores de la tierra.

La participación de propietarios o legítimos poseedores de la tierra debe ser una herramienta complementaria a la obligación del Estado mexicano, a través de sus autoridades, para conservar, manejar y restaurar los ecosistemas. 

4. Se debe garantizar una gestión basada en resultados y contar con una Estrategia Nacional de Biodiversidad con visión de largo plazo.

Es necesario establecer atribuciones y disposiciones para garantizar que las autoridades realicen una gestión basada en resultados, así como evaluar los resultados de implementar la política de conservación y de sus programas.  Asimismo, se deben incluir indicadores de cumplimiento dentro del Subsistema Nacional de Información.

5. La iniciativa debe garantizar la protección, conservación y manejo de la vida silvestre, y retomar la prohibición expresa de actividad minera dentro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), anteponiendo la protección de los ecosistemas prioritarios.

La iniciativa de Ley debe, al menos, mantener las definiciones y estándares de protección sobre el trato digno y respetuoso hacia los animales que actualmente contiene la Ley General de Vida Silvestre. Por ello, resulta indispensable establecer disposiciones que permitan el pronto aseguramiento precautorio de vida silvestre para evitar riesgos a la vida, salud e integridad de los ejemplares y garantizar que, tanto durante los traslados como en las unidades de manejo y centros de conservación, se cuente con atención veterinaria especializada. 

Asimismo, conforme al Principio de no regresión de los derechos humanos, es necesario que la iniciativa de LGB retome la prohibición expresa contenida en la actual Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) sobre actividades de explotación minera dentro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP); se debe incluir esta salvaguarda para ampliar su alcance sobre las legislaciones de las 32 entidades del país. Además, la iniciativa debe contener la pauta para que los Programas de Manejo de las ANP especifiquen las densidades, intensidades, condicionantes y modalidades a que se sujetarán las obras y actividades que se realizan en cada una de las ANP bajo esquemas de capacidad de carga o límite de cambio aceptable. De igual forma, es importante que el texto de la iniciativa priorice la protección de ecosistemas como humedales, manglares, dunas, arrecifes de coral y bosques -entre otros-, esenciales para la protección y conservación de la biodiversidad.

Estos son solo algunos de los principales temas, expuestos de manera muy sucinta,  que requieren ser revisados y retroalimentados. Existen otros más que de igual manera deben ser atendidos para que México cuente con el mejor marco legal posible en cuanto a la biodiversidad se refiere y que este se implemente efectivamente.  Tomando en cuenta todo lo anterior, las organizaciones Greenpeace-México y CEMDA  han reiterado  su llamado al Senado de la República para que lleve a cabo un ejercicio de Parlamento Abierto en torno a la propuesta de la Ley General de Biodiversidad previo a su votación para así poder escuchar a todas las voces que se quieran manifestar al respecto. Se espera que así sea.

*Director Ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y  Juan Carlos Carrillo Fuentes, Abogado Sr. del CEMDA, en exclusiva para Pie de Página.

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^[1] Conabio. 2008. Capital natural de México, vol. I : Conocimiento actual de la biodiversidad. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México.

^[2] Sarukhán, J., et al. 2017. Capital natural de México. Síntesis: evaluación del conocimiento y tendencias de cambio, perspectivas de sustentabilidad, capacidades humanas e institucionales. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México

^[3] Comisión Nacional Forestal (Conafor), 2023.

^[4] Landgrave, R. & Moreno-Casasola, P. 2012. Evaluación cuantitativa de la pérdida de humedales en México. Red de Ecología Funcional. Instituto de Ecología A.C, Xalapa, Ver. 17 p.) 

^[5] https://www.jornada.com.mx/2025/03/14/estados/022n2est

^[6] Mainstreaming se refiere a la integración de criterios de conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en todos los sectores o actividades productivas.