Ni las protestas, ni las críticas, ni la denuncia penal contra el gobernador Rafael Moreno Valle -de la que Pie de Página obtuvo una copia vía la plataforma Méxicoleaks- han frenado la intervención del gobierno de Puebla para construir un parque sobre la ciudad viva más antigua de América. Este reportaje fue realizado con el apoyo del Fondo Canadá de Apoyo a Iniciativas Locales, en colaboración con LadoB

Texto: Aranzazú Ayala Martínez 

Fotos: Marlene Martínez

CHOLULA, PUEBLA.- Las obras del parque intermunicipal Cholula, que afectan “el registro arqueológico de la milenaria Pirámide de Cholula”, han seguido su curso, a pesar de que se demostró que, hasta finales del 2015, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no había autorizado trabajo alguno.

De acuerdo con la denuncia que presentó el antropólogo Reynaldo Lemuz Nieto, admitida por la Procuraduría General de la República (PGR) –folio 1373/UEIDAPLE/LE/1/2015— y ratificada en septiembre de 2016, el proyecto viola al menos dos leyes federales que protegen monumentos y zonas arqueológicas, y los bienes nacionales. 

Esto debido a que “las obras en Cholula han destruido además del contexto arqueológico, el entorno social y cultural, al montar arquitectura europea siglo XXI en las ruinas arqueológicas con una edad milenaria, con esta acción el gobierno estatal incurre en una conducta xenofóbica o racista, al destruir el legado arqueológico y reprimir a los actuales habitantes de ese sitio para imponer un proyecto mercantilista”, dice la denuncia, que fue enviada a PiedePágina y LadoB a través de la plataforma Méxicoleaks.

 En el documento se responsabiliza al gobernador Rafael Moreno Valle y al alcalde de San Andrés, Leoncio Paisano, además de ex funcionarios federales que han sido incluidos en la nómina del gobierno poblano, como María Teresa Franco, quien en agosto de 2016 dejó la dirección del INAH tras varios cuestionamientos por afectaciones al patrimonio arqueológico e histórico en varios estados entre ellos Puebla, Morelos y la Ciudad de México; desde marzo de 2011, Franco es además asesora del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla, organismo que preside el gobernador Moreno Valle.

Una ciudad milenaria cubierta de concreto

Cholula -cuenta la historia- fue fundada al menos cinco siglos antes de que los judíos sacrificaran al nazareno en el monte Sinaí. Está considerada la “ciudad viva más antigua de América”. El eje de la vida cholulteca fue la Gran Pirámide, coronada actualmente por la iglesia de la Virgen de los Remedios que se construyó en la cima del cerro falso que cubre la pirámide. Es decir, conjunta en un mismo espacio geográfico las culturas hispánica y prehispánica. Y a su alrededor se formaron dos municipios: San Andrés y San Pedro. 

En más de 30 siglos que se pueden contar desde los primeros asentamientos humanos hasta ahora, los linderos de la pirámide fueron un lugar dominado por el verde de la vegetación, con algunos jaspeados y tintados según la temporada, a ratos anaranjado por la flor del cempazúchitl (o cempasúchil), a ratos amarillo por el maíz que asoma su alimenticios dientes. 

Esos linderos de cultivo no podían ser más que para agricultura, por estar dentro del Polígono 1 del área protegida por el decreto presidencial que en 1993 emitió y firmó el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, y cuya vigilancia quedó a cargo del INAH.

Y así fue al menos hasta 2014, cuando la mancha del gris concreto invadió la zona.

Al iniciar las obras del llamado “Parque Intermunicipal” o “Parque de las 7 culturas”, también llamadas “Obras de mejoramiento urbano, deportivo, de esparcimiento y sustitución de calles banquetas y andadores en espacios públicos de Cholula”, se colocaron placas de concreto en gran parte de las áreas verdes.

Primero se intentó expropiar los terrenos, pero más tarde, ante el rechazo social, el gobierno de San Andrés comenzó a comprarlos. El proyecto se ha desarrollado principalmente en el área que pertenece a ese ayuntamiento que gobierna el alcalde Leoncio Paisano, del Partido Acción Nacional. Es una zona que se volvió una réplica de los demás parques construidos durante la administración de Moreno Valle: maceteros de metal color café, bancas rígidas, plantas de colores oscuros y mucho, mucho concreto.

Según los expertos, la zona arqueológica que comenzó a ser explorada desde el siglo XIX, arqueólogos como Adolph Bandelier y Lewis Henry Morgan, todavía necesita mucha exploración e investigación.

Uno de los que ha trabajado en el lugar, a partir de 1971, es el investigador Geoffrey McCafferty, del Departamento de Antropología y Arqueología de la Universidad de Calgary.

En junio de 2015, McCafferty estuvo en Puebla para dar una conferencia sobre la importancia de la Gran Pirámide. Ahí, dijo, que el Tlachihualtépetl (cerro artificial en náhuatl), es decir el montículo que cubre la estructura y sobre la cual se construyó la Iglesia de los Remedios, es una de las construcciones preindustriales más grandes del mundo. Otra de las particularidades de la zona arqueológica es el misterio del abandono de la ciudad milenaria, porque -a diferencia de otros centros urbanos prehispánicos como Monte Albán o Teotihuacán- ésta nunca cayó.

Además, los hallazgos de la cerámica encontrada en el lugar revelan que la Pirámide tenía alrededor de 2 kilómetros de largo en su ocupación, cinco reconstrucciones mayores y seis niveles, siendo un complejo ceremonial muy grande y difícil para su estudio y exploración.

A un lado de la Gran Pirámide está el ex hospital psiquiátrico Nuestra Señora de Guadalupe, que pertenecía originalmente a la orden religiosa de los Juaninos. El edificio también ha estado envuelto en el conflicto y fue el primero en ser expropiado por el gobierno del Estado para el proyecto del “Parque intermunicipal”, y a pesar del juicio de amparo que inició la orden religiosa para detener y revocar la decisión gubernamental el inmueble fue intervenido por el gobierno estatal.

Los habitantes de Cholula que se oponen al proyecto aseguran que las modificaciones interfieren con la tradición de la bajada de la Virgen de los Remedios a los distintos barrios y las procesiones, que son el corazón del pueblo cholulteca. Además, insisten, el concreto en esa zona incrementará la temperatura, sin dejar de lado que los terrenos alrededor de la pirámide son una recarga natural de agua que disminuirá su permeabilidad con las obras.

Por su parte, las autoridades han insistido en que las obras son para “dignificar” la zona.

Resistencia y represión 

El 26 de agosto de 2014 los cholultecas despertaron con letreros que circundaban los campos alrededor de la Gran Pirámide, anunciando que el terreno había sido expropiado por el gobierno municipal. 

La respuesta ciudadana vino poco más de un mes después: organizados en el Círculo de Defensa, Ciudadanos Unidos por una Cholula Viva y Digna y personas de las juntas auxiliares de San Bernardino Tlaxcalancingo y San Antonio Cacalotepec, cerraron vialidades y tomaron pacíficamente la presidencia de San Andrés Cholula. El calendario marcaba el 6 de octubre.

Después de todo un día de movilizaciones, acordaron quedarse a acampar afuera del inmueble como acción de resistencia.

Pero la respuesta gubernamental fue violenta: en la madrugada del 7 de octubre, un grupo de policías estatales y municipales rompió la protesta, tiró violentamente el campamento instalado y detuvo a cuatro personas: Adán Xicale, su hijo Paul Xicale, y los hermanos Primo y Albino Tlachi.

Los Tlachi recuperaron su libertad después de pasar seis meses en el penal de Cholula, mientras que Adán y Paul estuvieron recluidos casi un año y dos meses.

Los Xicale salieron el 30 de noviembre de 2015 y han continuado la resistencia con eventos culturales, convocando a movilizaciones y jornadas de difusión sobre la importancia de Cholula como ciudad prehispánica viva y también como centro religioso de los barrios de San Pedro y San Andrés. 

La organización Cholula Viva y Digna se consolidó en 2014 y ha acompañado otras luchas como la de las juntas auxiliares –pueblos agrupados en torno a municipios a los que se les quitó la autonomía política tras una reforma a la ley decretada por el Congreso del estado a iniciativa del gobernador–, y la resistencia contra megaproyectos en varios municipios de la entidad. 

Sin embargo, la represión no se limitó al encarcelamiento de los cuatro detenidos en octubre de 2014; otros diez integrantes del movimiento tuvieron que permanecer ocultos porque las autoridades emitieron órdenes de aprehensión en su contra. Entre ellos están Víctor Blanco, Roberto Formacio, Teódulo Cuaya, Karina Pérez y Paola de la Concha, quien fue acusada de una serie de delitos que difícilmente hubiera podido cometer, pues en esas fechas ella se encontraba en Estados Unidos, y los sellos de su pasaporte lo confirman.

El gobierno asedió al movimiento, intimidando a sus integrantes para que detuvieran las movilizaciones masivas y disminuir la convocatoria que tenía sobre todo al principio, cuando llegó a reunir a cientos de personas en defensa del territorio milenario.

En los últimos meses, la lucha se ha centrado en la parte de San Pedro Cholula, para evitar la construcción de un muro colindante al Parque Soria, a un costado de la Pirámide, pues se ha querido camuflar la construcción como un jardín vertical, pero los activistas han rechazado la iniciativa municipal exigiendo en cambio que el lugar se mantenga como un parque abierto.

La batalla de los arqueólogos

En octubre de 2015, el arqueólogo Reynaldo Lemuz Nieto, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), evidenciando numerosas violaciones a las leyes federales dentro de la construcción del “Parque Intermunicipal” y obras aledañas.

El 26 de agosto de 2016, el arqueólogo solicitó la ampliación de la denuncia de hechos pidiendo sumar a la denuncia formal al “actual gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, por ser el autor intelectual y material de la violación de las leyes federales en materia, al destruir y apropiarse de manera indebida del patrimonio nacional en Cholula”.

Aunque la PGR recibió la ratificación de la ampliación el 5 de septiembre y dijo que haría las investigaciones correspondientes contra el presidente municipal de San Andrés Leoncio Paisano (quien fue señalado como responsable desde la primera denuncia), contra el gobernador Rafael Moreno Valle y “contra quienes resulten responsables hasta deslindar responsabilidades”, no hay nada concreto aún. 

La denuncia llegó a Pie de Página vía la plataforma MéxicoLeaks; esta reportera buscó al demandante quien accedió a la entrevista y explicó que el proceso legal por la destrucción de cuatro sitios arqueológicos en el país, entre ellos el de Cholula, pese a la oposición de los habitantes y los señalamientos de omisiones del propio Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La intención de su denuncia, dijo, es detener la destrucción del patrimonio histórico, pues hasta la fecha no se ha logrado detener el avance de las obras, que no tienen los permisos correspondientes del INAH, ni tampoco un proyecto claro y difundido públicamente.

Sin embargo, el gobierno estatal siguió adelante con la destrucción del sitio.

Lemuz Nieto no es el único experto que conoce las implicaciones del proyecto y que ha buscado evidencias para detenerlo.

En enero de 2016, la activista y académica cholulteca Gabriela Di Lauro pidió, vía transparencia, los permisos correspondientes de la obra al INAH.

En la solicitud, con fecha del 18 de enero, Di Lauro pidió el “visto bueno de obra en áreas de monumentos arqueológicos o en que se presuma su existencia a favor del ayuntamiento de San Andrés Cholula y/o Gobierno del Estado de Puebla de enero 2014 al 30 de noviembre de 2015 para realizar obras públicas en el polígono protegido por decreto presidencial de 1993”. El INAH respondió que la Coordinación Nacional de Arqueología no había emitido ningún visto bueno para dichas obras. 

El INAH tampoco había dado el visto bueno al Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), quien estaba a cargo de las obras en la zona.

El portal LADO B también pidió al Capcee la “copia de los permisos emitidos por autoridades federales, estatales y/o municipales para realizar la obra de “Protección, conservación y restauración de la zona típica monumental en San Pedro y San Andrés Cholula” con número de contrato CAPCEE-074/2015-FED”, en la solicitud de información –folio 00029916–. Y la respuesta obtenida el 9 de febrero de 2016 fue que la información solicitada “se considera reservada”.

Al ser cuestionado sobre las implicaciones institucionales, Lemuz Nieto reiteró lo que pidió en la demanda desde el principio: la intervención de la Secretaría de Educación Pública (SEP) o la Presidencia de la República.

“Las autoridades de cultura, entendidas estas como la Secretaria de Cultura y la Dirección General del INAH, tienen que ser excusadas por haber creado un conflicto de intereses, ya que recordemos que la anterior directora del INAH Teresa Franco, era asesora del gobernador en materia de cultura y está de más decir que el actual Director del INAH (Diego Prieto Hernández) es del equipo de Teresa Franco”, dijo el arqueólogo.

“Si se hubiese respetado la leyes que rigen la protección, salvaguarda e investigación del patrimonio arqueológico, plasmados en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como en la Ley General de Bienes Nacionales, la normatividad que rige al INAH, así como las demás leyes de instituciones relacionadas con estos temas, no habría necesidad de recurrir a la vía legal”, insistió.

Moreno Valle acumula denuncias

Aunque la lucha por salvar los vestigios de Cholula lleva ya más de dos años, no ha sido el único caso de denuncias por la destrucción del patrimonio histórico en Puebla. 

En febrero de 2013 el abogado Fernando Cuéllar, del Centro de Derechos Humanos “Joel Arriaga”, interpuso una denuncia ante la PGR –número 153/2014 PGR– por la destrucción de la Casa del Torno, en el Centro Histórico de Puebla, para la construcción del teleférico. La obra fue sumamente polémica y criticada, debido a la destrucción de la antigua Casona. Sin embargo, el ejecutivo estatal no fue sancionado. Y hasta ahora, Cuéllar no ha tenido ninguna noticia de avances de la investigación.

Ese mismo año también hubo numerosos conflictos en torno a la construcción del teleférico, que finalmente fue instalado en la zona de Los Fuertes. El Comité Defensor del Patrimonio Cultural, Histórico y Ambiental de Puebla y la Fundación Manuel Toussaint revelaron en su momento que no había un estudio dictaminado por el INAH que estableciera que el recorrido inicial no perjudicaba monumentos históricos ni causaba impacto en el paisaje”. Además, el INAH ratificó que no había permisos para la obra.

Otra de las obras cuestionadas fue la construcción del Distribuidor Vial Cholula. Durante las obras se encontraron vestigios arqueológicos y sin embargo los trabajos continuaron. En marzo de 2014 el INAH dijo que no había dado los permisos para su construcción. La obra fue concluida a pesar de las denuncias.

Y apenas en 2016, dentro de la misma zona arqueológica de Cholula se construyó el tren turístico Puebla–Cholula, cuyo proyecto también fue reservado por cuatro años por las autoridades. El tren ya está listo pero aún no inician sus funciones.

Al finalizar el mandato de Rafael Moreno Valle, ninguna de las denuncias ni resistencias ciudadanas ante la destrucción del patrimonio en el estado han logrado detener las obras.

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