Diez gobernadores abandonaron la Conago. Una decisión celebrada por los opositores al presidente de México pero que, en el fondo, no fue más que una llamarada de petate. La soberbia de los supuestos rebeldes les marca el destino de su fracaso

Fue la nota principal en varios diarios de Ciudad de México: diez mandatarios abandonaron la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) porque, argumentaron, el presidente Andrés Manuel López Obrador “dejó de escucharlos”.

El anuncio desató un escándalo en varios medios y redes de internet. No faltó quien lo presentara como una fractura de la República, la disolución del Pacto Federal que sustenta el nombre oficial del país, Estados Unidos Mexicanos.

De hecho así se lo creyeron los gobernadores disidentes, miembros de la llamada Alianza Federalista que desde el año pasado mantiene un intenso activismo en contra de López Obrador.

Son los mandatarios de Aguascalientes, Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Durango, Nuevo León, Colima, Michoacán y Coahuila.

Fue llamarada de petate. En pocos días la rebelión dejó de ser tema, se murió en el debate. Y la razón principal es que se trató de una farsa.

La Conago nació en 2002, auspiciada por los gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), derrotado en la elección presidencial de 2000.

Oficialmente se dijo que era un espacio de diálogo con el presidente Vicente Fox Quesada, pero en el fondo se trató de un intento de recuperar el poder que, durante más de 70 años, concentró el jefe del Poder Ejecutivo.

En sus primeros años la Comisión Nacional de Gobernadores pareció un mecanismo efectivo de negociación con el gobierno federal.

Pero al paso del tiempo se convirtió en un refugio de virreyes. Ni Fox ni quien fue el nuevo inquilino de la residencia oficial de Los Pinos tuvieron la capacidad de mando que gozaron los presidentes del PRI.

Los gobernadores mutaron en señores feudales, los dueños absolutos del poder en los territorios donde gobernaban. Juntos, inclusive, fueron capaces de doblegar al Congreso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo.

La Conago tuvo un papel central en la aventura sin sentido del impresentable Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa para legitimar su ilegítima imposición en la presidencia.

Cientos de miles de asesinatos son consecuencia de la guerra que emprendió contra México. Los gobernadores avalaron esa barbarie. 

Algo que empezó a cambiar en el gobierno de Enrique Peña Nieto, un presidente nacido en Atlacomulco, Estado de México, emparentado con una de las raíces más fuertes del árbol que, en su momento, sostuvo al PRI.

Pero fue sólo en las formas. La Conago no tuvo el peso de sus primeros meses, ni siquiera con un presidente de la misma cepa de sus fundadores. 

Peña Nieto se apoyó en quienes llamó “gobernadores modelo”, una especie que representaban un aire nuevo en la política mexicana. Ése fue, de hecho, el lema central de su campaña electoral: EPN era algo nuevo.

La historia es conocida. Al menos tres de los políticos de esa nueva ola peñista se encuentran ahora en prisión: Javier Duarte, gobernador de Veracruz; Roberto Borge, de Quintana Roo, y César Duarte, de Chihuahua.

Todos, acusados de corrupción. Todos, protagonistas centrales en la Conago como lo fue en su momento Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas y ahora enjuiciado por narcotráfico.

Hace rato entonces que la Conago no es más allá de un membrete porque, además, en términos legales el grupo no tiene peso en las decisiones de política pública en el país.

Lo que allí se acuerde no es vinculante. Las decisiones del colectivo deben, o deberían pasar, a otras instancias de validación legal antes de convertirse en acciones concretas. La Conago es, en el fondo, un club de cuates.

Sí, es o fue un espacio de discusión política. Sí, es o fue un organismo que haría más fácil el diálogo entre el presidente y los gobernadores. Pero ya no lo es más.

Mucho menos en estos años que López Obrador recupera el poder que sus antecesores dejaron suelto. Ya se acabó la época de los virreyes. Los señores feudales quedan en un deshonroso capítulo de la historia mexicana.

Por eso la decisión de esos diez gobernadores de abandonar a una entelequia tuvo su destino predecible: un espectáculo.

Porque claramente el objetivo de esa maniobra se ubica en las elecciones intermedias de 2021. La mayor parte de los abajo firmantes de esa rebelión no estarán presentes después de esos comicios.

Es obviamente una jugada electoral. Matizada con la tormenta del caso Lozoya, y la urgente necesidad de crear algo, lo que sea, que pueda servir como contrapeso al proyecto de López Obrador.

Porque los diez rebeldes que abandonan la Conago legalmente están obligados a cumplir con las leyes de coordinación fiscal –de otra forma se quedan sin recursos-, de seguridad, salud, educación, cultura, economía, finanzas, inversión extranjera…

Es la letra chiquita de la realidad. Mientras México sea una República y se mantenga el Pacto Federal, las decisiones de políticos sobrados, pagados de sí mismos, por más gobernadores que se ostenten, se quedan allí:

Una soberbia e inútil (por no decir ridícula) faena política.