El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, vetó la Ley de Identidad de Género aprobada por el Congreso local con un argumento que la propia iniciativa descartaba: el supuesto riesgo para las infancias. La decisión, calificada como un acto de “marketing político” por activistas y académicos, desató protestas callejeras, una ola de discursos de odio digitales y la advertencia de una batalla legal que llevará el caso a juzgados federales

Texto: Jazmin Sandoval / con información de CUPI UAQ

Foto: César Gómez Reyna / Archivo Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO.— La reforma legal aprobada representa el intento de resolver una deuda histórica que el Estado mantiene desde hace nueve años con las personas de la comunidad LGTB+. A lo largo de casi una década, diversas iniciativas ciudadanas y legislativas fueron sistemáticamente congeladas por las sucesivas legislaturas. Esta omisión institucional obligaba a quienes buscaban el reconocimiento legal de su identidad a recurrir a juicios de amparo sumamente costosos y tardados o, en su defecto, a trasladarse a la Ciudad de México u otras entidades federativas para poder realizar el trámite.

El panorama pareció cambiar radicalmente cuando se presentaron dos propuestas formales ante la actual legislatura. La primera fue impulsada por un bloque partidista de oposición que incluyó a Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, el PRI y Movimiento Ciudadano; la segunda fue promovida de manera conjunta por la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico. El propio titular de la Defensoría, Javier Rascado, respaldó públicamente la iniciativa en enero de 2025, cuando fue entregada en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo. Tras una fuerte presión social, la iniciativa logró salir de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y fue aprobada en el pleno del Congreso con 14 votos a favor el pasado 30 de abril, lo que marcaba un avance democrático sin precedentes.

El discurso oficial: acusaciones de «agenda ideológica» e infancias

Sin embargo, el avance fue frenado drásticamente por el Poder Ejecutivo. Al anunciar su decisión de no publicar la reforma y devolverla al Congreso con observaciones (el veto), el gobernador Mauricio Kuri González emitió un posicionamiento directo a través de sus canales oficiales que causó una profunda indignación. En un mensaje grabado en video y publicado en sus cuentas oficiales la tarde del lunes 25 de mayo, el mandatario arremetió contra lo que calificó como una «izquierda radical» que presuntamente intenta imponer una agenda externa a la entidad.

«Esto va en contra de los valores, la educación y la integridad de las familias queretanas. Es un tema ideológico que se quiere imponer a nuestra sociedad», apuntó categóricamente el gobernador. Asimismo, en declaraciones posteriores ante medios de comunicación locales, Kuri González defendió su postura argumentando fallas técnicas en la redacción de la ley y asegurando: «Mire, fue una ley que yo revisé muchísimo. Es una ley muy ambigua […], por supuesto que sí lastima a nuestros niños, niñas y adolescentes». El mandatario cerró su discurso con un llamado a la sociedad civil para respaldar su decisión institucional bajo la consigna: «La familia no se toca».

El veto fue respaldado por el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Martín Arango García, quien consideró que la medida fue «responsable» y «congruente». Diputadas y diputados locales del PAN también apoyaron la decisión del gobernador; Juliana Hernández Quintanar lo hizo en un video difundido por canales oficiales, mientras que el coordinador de la bancada —quien votó a favor del dictamen en comisión—, Guillermo Vega Guerrero, apareció sin decir palabra. En contraste, el presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, Sinuhé Piedragil Ortiz, calificó como «lamentable» el rechazo del Ejecutivo estatal y sostuvo que el dictamen aprobado establecía de manera «clara y expresa» que el trámite únicamente aplicaría para personas mayores de 18 años.

«Un texto que no existe»: la respuesta de la academia

Especialistas, juristas y activistas reaccionaron de inmediato desmintiendo los argumentos del mandatario. Alejandra Martínez, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y activista por los derechos humanos, señaló con preocupación que el gobernador justificó su freno basándose en un dictamen ficticio. Explicó que, para destrabar la ley en las mesas técnicas y atender las inquietudes de los sectores conservadores del propio PAN, se acordó explícitamente limitar el alcance de la reforma de manera exclusiva a personas mayores de edad, dejando fuera a las infancias y adolescencias trans.

«El gobernador está usando un texto legislativo que no existe», puntualizó Alejandra, subrayando que toda la documentación técnica demuestra que los menores de edad no estaban incluidos en el beneficio del trámite administrativo aprobado.

«Estas declaraciones imprecisas del gobernador no solo exhiben que no leyó el documento o que está mal asesorado, sino que también está distorsionando argumentos apoyándose en el marketing político, pretendiendo privilegiar la seguridad de las infancias cuando la realidad jurídica es otra. Es un capricho desinformado».

Alejandra recordó que el proyecto original contó con un profundo sustento científico y universitario. Mesas de trabajo técnicas demostraron de forma rigurosa ante el Congreso que la rectificación administrativa del acta no vulnera los derechos de terceros en ámbitos penales, deportivos o del sector salud, sino que dota de certeza jurídica a un sector históricamente precarizado. «La respuesta que está brindando el gobernador, en donde coloca sus prejuicios personales y sus presiones electorales, da como consecuencia que cualquier tema relacionado con derechos humanos en Querétaro pueda estar en riesgo».

La propia Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ publicó un posicionamiento el martes 26 de mayo —retomado en sesión ordinaria de Consejo Universitario el jueves 28— en el que «reafirmamos que las identidades trans y no binarias existen, son legítimas y merecen el reconocimiento pleno por parte del Estado».

El impacto social: odio digital y pánico moral

Para los colectivos de la diversidad sexual, el impacto de la narrativa gubernamental ha sido inmediato y devastador en la vida cotidiana de las personas trans. La profesora Alejandra Martínez denunció que el uso del argumento de la protección infantil ha creado un «pánico moral» artificial que coloca a una población históricamente vulnerable en el centro de ataques injustificados.

Desde el momento en que se difundió el discurso del gobernador, las redes sociales de activistas, organizaciones aliadas y colectivos LGBT+ en la entidad se inundaron de comentarios discriminatorios, insultos y amenazas de muerte explícitas. «Las palabras de un gobernante no se quedan en el aire; validan y legitiman la transfobia en las calles y en los entornos digitales, poniendo en riesgo real la integridad física de las personas», enfatizó Alejandra, quien también describió la situación como un proceso sumamente desgastante a nivel emocional para quienes sostienen el activismo en el estado.

El Observatorio Estatal de Derechos Humanos (OEDH) señaló, mediante un pronunciamiento, que «no resulta compatible con la responsabilidad institucional convertir una discusión sobre identidad jurídica, igualdad y no discriminación en una narrativa de amenaza, discriminación, destrucción o confrontación social». Asimismo, advirtió que cuando «una autoridad de alto nivel comunica información falsa […] puede generar alarma social, desplazar el debate técnico y reforzar prejuicios contra grupos históricamente discriminados».

Resistencia en las calles

La indignación comunitaria no tardó en trasladarse de las plataformas digitales al espacio público. En respuesta al veto, integrantes de diversos colectivos trans, organizaciones de la sociedad civil y estudiantes universitarios convocaron a manifestaciones pacíficas la mañana del jueves 28 de mayo. Las protestas se realizaron tanto a las afueras de las oficinas del gobernador y del secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, como en el exterior del Poder Legislativo.

«Somos personas que exigen reconocimiento», mostraron integrantes de la comunidad trans en una pancarta colocada frente a Palacio de Gobierno, en la Plaza de Armas de la capital, mientras pedían a la población no hacer caso al «miedo» que consideraron acompaña el discurso del mandatario. Durante la movilización, los manifestantes portaron banderas de la diversidad trans y pancartas con consignas como «La dignidad no se veta» y «Derechos humanos para todos», acusando al gobierno de claudicar ante presiones ultraconservadoras y dogmáticas. En el acto político estuvo presente personal de la Defensoría de los Derechos Humanos e incluso liderazgos políticos de oposición, quienes respaldaron la exigencia ciudadana de frenar la desinformación institucional.

La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro reiteró su respaldo a la iniciativa y señaló que continuará acompañando el proceso legislativo tras las observaciones emitidas por el Ejecutivo estatal. «La Defensoría de los Derechos Humanos trabajó desde un inicio esta iniciativa bajo ese principio. Acompañamos la construcción del marco y contenido jurídico, y estuvimos en cada etapa del proceso en que fue requerida nuestra presencia», manifestó su titular, Javier Rascado.

Más allá de la protesta social, el movimiento ya delinea la ruta jurídica para defender el dictamen votado. Alejandra Martínez adelantó que las organizaciones civiles y el cuerpo legal aliado se encuentran completamente preparados para interponer recursos de amparo indirecto en los juzgados federales una vez que las observaciones del mandatario sean formalizadas ante el Congreso. Explicó que obstaculizar los avances en derechos humanos ya aprobados por la vía democrática legislativa constituye un grave retroceso internacional y una contradicción constitucional.

El Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico consideró que el mensaje del gobernador fue «claramente partidista y electoral» y advirtió que «inauguró» el proceso electoral 2026-2027 en Querétaro «de la peor manera posible», porque, a juicio de sus integrantes, Mauricio Kuri convirtió los derechos humanos «en moneda de cambio político». El Comité Organizador de la Marcha del Orgullo y Dignidad LGBT+ de Querétaro también respondió al gobernador del PAN: en un pronunciamiento público, destacó que si Kuri González decide «frenar derechos», «que lo haga de frente y con argumentos verificables».

Al cierre de esta edición (viernes 29 de mayo), no se había dado a conocer un documento oficial con los argumentos y las observaciones del Poder Ejecutivo para vetar la Ley de Identidad de Género. La lucha por esta ley en Querétaro entra así en una etapa de alta confrontación política y legal. Académicos y colectivos sociales concluyeron que las redes de apoyo ciudadano se mantendrán firmes en el espacio público para recordarle a la administración estatal que la identidad de las personas no es un asunto ideológico ni una moneda de cambio electoral, sino un derecho humano fundamental que no se puede condicionar.