La emergencia climática: una crisis de autonomía, cuerpos y territorios
22 noviembre, 2025
La crisis climática impacta la salud reproductiva -afectando fertilidad y embarazos- mientras en foros como la COP30 se excluye a los pueblos indígenas. Microplásticos invaden placentas y desastres interrumpen servicios de salud, revelando una emergencia que combina injusticia ambiental y vulneración corporal
Texto: Jade Guerrero
Foto: TNC
CIUDAD DE MÉXICO. – La crisis climática, provocada por el aumento de gases contaminantes que alteran el equilibrio del planeta, ha dejado de ser únicamente un fenómeno ambiental o económico para convertirse en una amenaza directa para el bienestar, la autonomía y la vida digna de millones de personas. Esta emergencia ha puesto al descubierto que el impacto recae desproporcionadamente sobre las mujeres, los pueblos indígenas y las juventudes en regiones marcadas por la desigualdad de género y la marginación sistemática, como México.
La emergencia reproductiva y la vulnerabilidad corporal
La evidencia científica confirma que la crisis climática está alterando dimensiones tan profundas de la vida humana como la capacidad de gestar y nacer. Fenómenos como el calor extremo, la contaminación del aire, los incendios forestales y la exposición a sustancias tóxicas impactan de manera directa en la salud reproductiva, comprometiendo la fertilidad y elevando los riesgos durante el embarazo.
Los impactos meteorológicos aumentan la probabilidad de mortalidad materna y abortos no seguros, mientras que surgen nuevas amenazas reproductivas, como alteraciones hormonales provocadas por contaminantes, embarazos expuestos a olas de calor extremo y partos prematuros vinculados al estrés ambiental. Además, la escasez de agua y la falta de saneamiento han agravado las infecciones del tracto urinario en mujeres indígenas, un problema que la OMS (2021) ya había identificado como prevalente en este grupo, con consecuencias directas sobre su salud reproductiva. A esto se suma la contaminación silenciosa, cuyos efectos pueden manifestarse mediante la acumulación progresiva de tóxicos en la sangre o a través de impactos duraderos en la salud materno-infantil.
En este contexto, los microplásticos, aunque no son un resultado directo del clima, forman parte de la misma crisis ambiental asociada a los combustibles fósiles, y su dispersión se ve favorecida por fenómenos extremos. Un estudio realizado en Brasil en 2025 confirmó la presencia de partículas de polietileno y polipropileno —provenientes de envases y textiles— en placentas y cordones umbilicales de mujeres gestantes. Este hallazgo revela que la exposición ambiental está invadiendo los espacios biológicos más protegidos, generando una preocupación fundada sobre cómo esta contaminación incipiente puede alterar los procesos reproductivos desde sus etapas más tempranas y vulnerables.
La crisis de cuidados
Aunque organismos internacionales reconocen el vínculo entre clima y salud reproductiva, este sigue ausente en la mayoría de las políticas públicas en países como México.
En contextos de desigualdad estructural, las mujeres, adolescentes y personas gestantes enfrentan barreras adicionales para acceder a servicios de salud reproductiva, especialmente después de desastres climáticos o durante desplazamientos forzados. Esto revela una falla estructural: las políticas de emergencia climática rara vez integran la salud sexual y reproductiva como un eje central de protección.
Organizaciones civiles han documentado que, tras desastres en comunidades mexicanas —como el huracán Otis en Guerrero o las inundaciones en Tabasco y Veracruz—, los centros de salud tardaron semanas en restablecer servicios. Esto dejó a mujeres sin acceso a anticonceptivos, consultas de control de embarazo y atención para emergencias obstétricas o abortos espontáneos. Para especialistas de ONU Mujeres y el UNFPA, la solución incluye desarrollar servicios móviles de salud y preparar a los sistemas sanitarios para responder a las necesidades específicas durante crisis prolongadas. México enfrenta el reto de reconocer que esta crisis es, también, una crisis de cuidados, desigualdad y autonomía corporal.
Exclusión política y violencia climática en la COP30
La dimensión política de la crisis climática se manifestó con crudeza durante la COP30 en Belém, una cumbre que prometía decisiones cruciales pero que dejó al descubierto profundas tensiones.
Mientras en la COP30 se debatía el futuro del planeta, un incendio irrumpió el 20 de noviembre en la Zona Azul, el espacio central de las negociaciones oficiales. Para muchos observadores, las llamas se convirtieron en un poderoso símbolo: así como las comunidades indígenas denuncian territorios incendiados y exigen justicia por ecosistemas calcinados, la propia cumbre ardía desde dentro. Este evento pareció gritar lo que los discursos no logran transmitir: que la emergencia climática no espera consensos ni decisiones postergadas.
Gustavo Alanís, director del CEMDA, describió durante el seguimiento de la cumbre un palpable «hartazgo». Señaló que los pueblos indígenas, a pesar de su histórica labor protectora de los territorios, siguen siendo ignorados y marginados en las decisiones que definen el futuro climático de sus tierras.
Alanís denunció que comunidades enteras sufren ya la «violencia climática»: fenómenos extremos como inundaciones y lluvias torrenciales que destruyen cultivos y viviendas. Estas catástrofes recurrentes fuerzan a comunidades a convertirse en migrantes ambientales.
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A pesar de que el Acuerdo de Escazú —ratificado por México— obliga a los Estados a garantizar un entorno seguro para defensores ambientales, en la práctica estos son «intimidados, amenazados, criminalizados, [y] asesinados» en un contexto de impunidad casi total en el país.
Existe, además, un vacío legal urgente: el delito de ecocidio no está reconocido en el Código Penal Federal (a partir del Artículo 414), lo que deja sin una categoría penal específica los daños graves a ecosistemas, fauna y flora.
Contradicciones y omisiones en la transición justa
Las omisiones políticas también se filtraron en los documentos oficiales de la COP30. El borrador del Programa de Trabajo para una Transición Justa eliminó toda referencia a los minerales críticos. Esta omisión preocupa a especialistas como María Fernanda Souza (Directora Nacional de Cambio Climático de Uruguay) y Anabella Rosenberg (experta en políticas ambientales), quienes advierten que esto podría profundizar las asimetrías históricas entre el Norte y el Sur Global, ya que estos minerales se extraen principalmente en países del Sur.
En México, la contradicción se replica a nivel nacional: aunque el país presentó su NDC 3.0, la delegación evitó cualquier mención al papel de PEMEX, a pesar de que la empresa es responsable de la mayor parte de la producción petrolera nacional. Expertos como Fernanda Ballesteros (Natural Resource Governance Institute) y Jorge Martínez (Oxfam México) coinciden en que esta omisión impide trazar una ruta realista hacia el abandono de los combustibles fósiles, especialmente cuando México se está rezagando en la transición energética global, donde el 94% de la nueva capacidad eléctrica proviene de fuentes renovables.
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La crisis climática se revela como una combinación letal de vulnerabilidad corporal, contaminación omnipresente, riesgos crecientes para la salud reproductiva e impunidad política. La transición energética, carente de voluntad política genuina y justicia social, corre el serio riesgo de perpetuar la historia de exclusión que los pueblos originarios ya conocen demasiado bien. La emergencia está aquí: filtrándose en nuestros cuerpos, en los territorios devastados y en las políticas que siguen fallando a quienes más protegen la vida.
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