Una pregunta ronda en circuitos políticos, académicos y jurisdiccionales: ¿se están creando las condiciones para una posible nulidad de las elecciones de 2024?

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Dentro de un año, aproximadamente, la Sala Superior del Tribunal Electoral deberá emitir la declaratoria de validez del proceso electoral federal 2023-2024; calificará la elección y declarará presidenta o presidente electo a quien haya ganado los comicios del 2 de junio.

Para ese momento, las magistradas y magistrados tendrán en su escritorio un voluminoso expediente de impugnaciones a un proceso electoral que, desde ahora, ya ha sido tocado por al menos dos factores disruptivos de la legalidad: el proselitismo anticipado de los contendientes y la intervención franca y abierta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El primer factor es fácil de describir; se trata de las acciones de proselitismo iniciadas desde 2022 por Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y en menor medida por Ricardo Monreal, que hasta la fecha suman más de 700 quejas interpuestas por la oposición, pero también por personas contratadas por las propias “corcholatas” de Morena para denunciarse entre sí.

El adelantamiento de los tiempos propició la convocatoria de la elección de la Coordinación de la Defensa de la Transformación, una simulación que muy pronto fue copiada por la oposición bajo la forma de elección del responsable de construir el Frente Amplio por México.

Ambos procesos están siendo tolerados por las autoridades electorales, tanto del INE como del Tribunal, pero no están exentos de futuras impugnaciones, tanto por la violación de las reglas que se han puesto para tratar de regularse, como por la legalidad de los procesos en sí mismos.

Tanto la magistrada Janine Otalora como la consejera Claudia Zavala han vertido argumentos suficientes para considerar que ambos procesos implican una “burla a la ley”, pues en los hechos adelantan precampañas que debieron comenzar hasta noviembre.

El segundo factor que dificultará la calificación del proceso electoral es aún más grave y, al provenir del Poder Ejecutivo y beneficiar a uno solo de los polos del espectro político, hace que flote sobre el proceso electoral la sensación de que la cancha no será pareja en 2024. Me refiero a la intervención del presidente.

Andrés Manuel López Obrador ha decidido ser un actor político en el proceso electoral 2023-2024, y no un factor de estabilidad, neutralidad y certeza para los competidores.

De hecho, el presidente se ha convertido en El Factótum de las elecciones. No sólo quiere controlar el proceso interno de Morena, al definir “corcholatas” y crear un proceso para disfrazar el destape de su favorita, sino que pretende ser la voz que anticipe lo que ocurrirá en el frente opositor.

En sólo un mes, el presidente de la República ha sumado cinco sanciones de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE por sus dichos en las conferencias mañaneras, algunas de ellas ya confirmadas por el Tribunal Electoral.

El 30 de junio, 13 y 20 de julio, la Comisión dictó medidas cautelares por sus descalificaciones al Frente Opositor, al considerar que las conferencias mañaneras son un acto financiado con recursos públicos y distribuido en las plataformas oficiales, que no debería utilizarse para hablar de los actores políticos.

El 29 de julio, la Comisión sancionó al presidente por la exhibición de encuestas que favorecen a Morena: ordenó bajar esos fragmentos de los archivos públicos y emitió lo que en el mundo electoral se conoce como “tutela preventiva”, con el objetivo de que el titular del Ejecutivo se abstenga de realizar o emitir manifestaciones relacionadas con el proceso electoral 2023-2024, al considerar que éstas pueden vulnerar los principios de neutralidad e imparcialidad.

Apenas en el cuarto día de agosto, el presidente sumó una quinta amonestación: aquella en la que se le pide que frene sus dichos en contra de Xóchitl Gálvez -y de las mujeres en general-, pues expresiones como “es un títere” pueden constituir Violencia Política en Contra de las Mujeres en Razón de Género.

El presidente dice no entender eso, y ha pedido que le expliquen “¿cuál violencia?”, pues según él sólo está describiendo una realidad.

El viernes, en la sesión de la Comisión de Quejas, las consejeras se lo explicaron con peras y manzanas: decir que Xóchitl Gálvez será candidata porque así lo decidieron, “en lo oscurito”, hombres como Carlos Salinas de Gortari y Claudio X González, es invisibilizar la trayectoria de la senadora y deslegitimar su trayectoria y aspiraciones políticas legítimas.

Aun así, López Obrador insistirá en que no entiende dónde está la violencia, y se mantendrá firme en su convicción de que lo quieren callar y censurar. Eso alimenta su narrativa de que en el INE y el Tribunal no “están del lado de la transformación”, sino “al servicio de la élite corrupta”.

No son correctas, pero tampoco extrañan estas declaraciones de un presidente que lleva todo su sexenio preparando el terreno de la deslegitimación de las autoridades que deberán organizar y calificar las elecciones en las que se decidirá a su sucesor. La pregunta es si esa narrativa le será útil al final del proceso electoral, y con qué fin: ¿estar listo para descalificar desde el púlpito presidencial unas elecciones en las que no gane Morena?  

Lo cierto es que el presidente suma cientos de expedientes en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, pues durante todo su sexenio ha decidido ser una voz activa e influyente en procesos electorales locales, los federales de 2021 y los procesos de Consulta Popular y Revocación de Mandato.

Con su conferencia mañanera -ese fenómeno disruptivo e inédito-, su voz se ha vuelto incontenible con el marco legal vigente. Y es muy poco probable que cese en sus intervenciones sobre las elecciones de 2024.

Mientras tanto, el calendario avanza inevitablemente: falta un mes para el inicio formal del proceso electoral federal (4 de septiembre); tres meses para el arranque de las precampañas (5 de noviembre); siete meses pata el inicio de las campañas (1º de marzo) y 10 meses para los comicios del 2 de junio.

En el camino se seguirán acumulando las declaraciones mañaneras y, con ellas, las quejas, las denuncias, las medidas cautelares del INE, las sentencias del Tribunal, las decenas de veces en las que se pedirá al presidente “se abstenga de…” y los respectivos desacatos.

Todo ello alimenta una enorme incógnita que, cada vez con más frecuencia, se hace en círculos políticos, académicos y mediáticos: ¿se están creando las condiciones para la nulidad de las elecciones de 2024?

La pregunta ronda ya los pasillos del Tribunal Electoral, donde siete magistradas y magistrados tendrán la última palabra, en agosto de 2024.

PD. Paradójicamente, a quien más convendría que el presidente deje de hablar de las elecciones, y evite aportar más elementos para una descalificación del proceso, es a Claudia Sheinbaum o a quien vaya a ser candidato presidencial del oficialismo. La historia ya la vivimos en 2006, cuando la intervención de Vicente Fox obligó a Felipe Calderón a iniciar su sexenio con el fardo de la ilegitimidad.