La discusión de la reforma judicial llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de jueces y magistrados debatieron con funcionarios mexicanos sobre los impactos de esta nueva legislación en México. La Comisión, sin embargo, descartó que tuviera facultades para revertir la reforma

Texto: Luciana Oliver Barragán 

Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo una audiencia pública sobre la reforma judicial mexicana en Washington, donde debatieron jueces y magistrados y representantes del Estado Mexicano. 

La audiencia fue solicitada por 4 grupos de organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de jueces y magistrados, quienes se mostraron interesados en discutir “los efectos dañinos de la reforma en cuestión de independencia y autonomía del judiciario, así como el control interno de los mecanismos del poder judicial” como lo mencionó Roberta Clarke, presidenta de la Comisión.

Al recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los magistrados y jueces confiaron en que, de esta forma, podría revertirse la Reforma al Poder Judicial. Sin embargo, como mencionó la relatora de la CIDH Andrea Pochak, a pesar de mostrar ‘preocupación’ por la reforma judicial en México, esta comisión no cuenta con el poder para intervenir en asuntos internos de los países, mientras no se hayan agotado todas las instancias jurídicas:

“En este momento nuestras herramientas son: escuchar, recibir información, eventualmente manifestar nuestra preocupación (…) y facilitar instancias de diálogo, facilitar instancias de participación”. 

¿Qué esperar de las audiencias?

En el proceso de la audiencia fueron escuchados los argumentos de los representantes de jueces y magistrados organizados contra la Reforma Judicial. Juana Fuentes Velázquez, Directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito mexicanos, mencionó que la solicitud de intervención por parte de la CIDH se debía a que “la independencia judicial en México enfrenta un ataque sin precedentes”.

Posteriormente, Marisol Méndez, coordinadora de incidencia de la Fundación para la Justicia y del Colectivo la Justicia que Queremos indicó diversas veces la supuesta falta de “independencia judicial” contenida en la Reforma. 

En la misma línea, Manuel Saturnino Ordoñez representante del Comité Ejecutivo del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal solicitó a la Comisión se pronunciara públicamente sobre la reforma y que, de considerarlo oportuno, lo haga de forma conjunta con la relatoría especial.

Frente a esto, mostraron su postura los representantes del Estado mexicano Antonio Montero Solano, director de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y Luz Elena Baños Rivas, representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

Montero Solano, mencionó que la reforma “fortalece un poder judicial independiente dentro de un sistema democrático, que garantiza el ejercicio de una justicia imparcial”.

En su intervención, Montero describió detalladamente los puntos con los cuales se elegirán a las personas juzgadoras. De la misma forma planteó las problemáticas existentes en el sistema judicial actual.

México responde

Por su parte, la representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Baños Rivas destacó la legitimidad y legalidad de la aprobación de la reforma con los procedimientos correspondientes en las instancias normativas mexicanas señalando que “el proceso de reforma, al igual que otros procesos similares se desarrolló de conformidad con el marco normativo nacional, acorde a los procedimientos institucionales previstos de manera clara en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias.”

Ante la pregunta de la relatora Andrea Pochak sobre el diagnóstico que orientó a la reforma, su conocimiento público y los estudios que tuvo en cuenta el gobierno mexicano para afirmar la necesidad una reforma al poder judicial, Montero respondió: “no existe un diagnóstico, sin embargo desde el 2017 hay análisis hay diagnósticos hay artículos que establecen la necesidad de reformar al poder judicial” llevando a diversas risas y comentarios del público presente, que posteriormente fueron corregidas por la relatora.  

Durante la misma sesión, en un video grabado, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados por el Consejo de Derechos Humanos, Margaret Satterthwaite, mostró una preocupación “especial por el contexto en el que esta reforma está siendo hecha”, refiriéndose a reportes de intimidaciones y ataques verbales del gobierno mexicano a jueces.

Mencionó también que “la reforma adoptada tendrá un impacto directo en la función del poder judicial al someter a los candidatos a un proceso en el que las consideraciones políticas pueden prevalecer fácilmente sobre los méritos objetivos”. 

Para la Relatora de las Naciones Unidas, la elección popular de jueces y juezas “podría incrementar el riesgo de que los y las candidatas buscaran agradar a los votantes o a líderes políticos para aumentar sus posibilidades de ser elegidos”. 

Reforma no atenta contra leyes internacionales: Lenia Batres

Por lo contrario, la ministra Lenia Batres Guadarrama afirmó, durante una entrevista hecha por la periodista Marta Olivia en el Canal de Julio Astillero, que no  hay “formas en la que se pueda sostener esto, primero porque hay mecanismos que son bastante fuertes (…) de selección, hay tres comités de selección que incluso van a tener criterios distintos a la hora de calificar la idoneidad de quienes vayan a proponerse como candidatos o candidatas” 

Para la ministra, “es un sistema que yo no veo por dónde pueda pensarse que tiene posibilidad de escoger partidistamente a quienes terminen quedando como candidatos”

En este mismo sentido, bajo el criterio de  Batres Guadarrama, “no hay ningún artículo que pueda verse vulnerado dentro de los compromisos internacionales suscritos por México”.

Así  mismo, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó durante la conferencia matutina de prensa del 12 de noviembre que los cambios constitucionales son decisiones internas del pueblo mexicano y no violan los derechos humanos. Además, expresó su asombro por la rapidez e interés con que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atendió este tema, en contraste con la tardanza de otros casos.