El vacío de autoridad que Fox desató lo llenaron los mandatarios locales. Esto empieza a cambiar. Lo más curioso es la forma como los gobernadores parecen aceptar ese destino

@anajarnajar

Con la llegada de López Obrador a la Presidencia, los gobernadores parecen volver a ceder el poder para su concentración y endosan facturas cuyo efecto puede variar según los resultados que se obtengan, como la seguridad.

Diez de la noche. 1 de diciembre de 2000. Televisa transmite un programa de análisis sobre la toma de posesión de Vicente Fox como presidente de México.

El politólogo Jaime Sánchez Susarrey habla sobre “un cambio democrático” cuando de pronto a su espalda ocurre un forcejeo.

Dos técnicos del estudio jalonean a un hombre de lentes, traje gris y corbata amarilla con figuras oscuras. Es el senador Eduardo Andrade, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“¡Déjalo, déjalo!”, ordena el conductor del programa, Joaquín López Dóriga quien encara al invasor. “Tienes aliento alcohólico”, acusa.

Andrade, excomunicador, el vínculo financiero del PRI con periódicos, estaciones de radio y televisoras, mecenas en cientos de escandalosas parrandas con periodistas –López Dóriga el favorito- sonríe.

“No me digas cuántas veces te he olido el mismo aliento alcohólico, mi querido Joaquín”, responde. El “Teacher”, como le gusta ser nombrado el periodista, se defiende: “Pero no trabajando, ¿eh?”.

La escena es un clásico sobre el pataleo del PRI, derrotado en las históricas elecciones de 2000, ante el inevitable momento de que un personaje que no fuera de su partido se convirtiera en el presidente de México.

Un momento gráfico de su incomprensión ante la derrota. Pero se recuperaron pronto. Fox concentró su vida presidencial en la frivolidad, corrupción y odio al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

Antes de 2000 el poder político del país se concentraba en el presidente, inclusive por encima de los gobernadores. Pero el vacío de autoridad que Fox desató lo llenaron los mandatarios locales.

Desde entonces los gobernadores se convirtieron en una especie de virreyes, algunos inclusive con el poder absoluto en sus territorios.

Esto empieza a cambiar. La decisión de designar en cada estado a representantes presidenciales es un intento de concentrar de nuevo el poder en el centro.

Lo más curioso es la forma como los gobernadores parecen aceptar ese destino. En la reciente campaña electoral algunos se mostraron abiertamente hostiles al candidato de Morena.

Pero después del 1 de julio la belicosidad se transformó en abierta cooperación. La excepción son los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral, y Jalisco, Enrique Alfaro.

Pero inclusive en esos casos la presunta inconformidad no suele pasar de declaraciones en los medios.

¿Cautela política? Puede ser. Lo único claro es que la decisión de aceptar casi sin chistar las decisiones del presidente va más allá de la sobrevivencia.

Y el ejemplo más claro es la ola de inseguridad que sigue en aumento. Es una factura que los gobernadores decidieron endosar a López Obrador.

Una apuesta con riesgo. Si se cumple la oferta presidencial de abatir la violencia, la posibilidad de revertir el resultado electoral de 2018 prácticamente se cancelaría.

Pero si la inseguridad no termina o se reduce a los niveles prometidos, el costo total del desgaste será del presidente.