Urge desmontar la narrativa que construyó la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la “Verdad Histórica”. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no es una orden del narcotráfico ni confusión entre grupos civiles delincuenciales, sino una represión política. Es un ataque contrainsurgente

Twitter: @kausirenio

Hace nueve años platiqué con el normalista Luis Hernández sobre la represión que él y sus compañeros vivieron el 30 de noviembre de 2007 en la caseta de cobro de La Venta, de la Autopista del Sol. Ese día la Policía Federal detuvo a 56 normalistas de Ayotzinapa: 28 alumnos y 28 egresados de la Generación de Egresados de Ayotzinapa-Lucio Cabañas Barrientos (GEA-LCB). 

Durante la detención y después en las barandillas, los uniformados torturaron a los normalistas para incriminarlos y en su caso relacionarlos con la guerrilla. Aquí se recupera parte de la narrativa de persecución política en Guerrero, donde ser estudiantes normalista es un delito:  

Cuando Luis Hernández escuchó su nombre desde la celda del lado izquierdo de la entrada de los separos de Acapulco, creyó que su libertad se aproximaba. No fue así. Apenas dio unos pasos para atender el llamado, un hombre fornido lo tundió a culatazos en la espalda.

Ahí se dio cuenta que la tortura y la persecución contra la escuela Normal de Ayotzinapa apenas comenzaba. Por lo menos en su experiencia como egresado de esta escuela. 

Él y otros 55 de sus compañeros fueron detenidos y trasladados a los separos de la Procuraduría General de la República (PGR), delegación Guerrero, el 30 de noviembre de 2007 durante una protesta en la caseta de La Venta, de la Autopista del Sol, acusados de terrorismo, vandalismo y daños a las vías generales de comunicación. De los detenidos, 28 eran estudiantes, otros 28, de GEA-LCB.

La represión contra los normalistas inició dos semanas antes. El 14 de noviembre de aquel año, fueron desalojados por cuerpos de antimotines estatales del Congreso local, con tal exceso de fuerza que un centenar de estudiantes quedaron heridos.

–Al escuchar mi nombre pensé que era una visita, pero no fue así, apenas salí, me recibieron a culatazos. De ahí me llevaron a una oficina donde cuatro personas, entre ellos una mujer, me torturaron –recuerda el normalista.

El 30 de noviembre de 2007, egresados y estudiantes arribaron a la caseta la venta a las 11:40 para protestar en demanda de una audiencia con el gobernador. Apenas empezaban a pintar sus demandas con aerosol en las paredes, cuando comenzaron a llegar patrullas sector caminos de la Policía Federal Preventiva (PFP) con armas largas, toletes, escudos y gases lacrimógenos.

Luis ingresó a la Normal Rural de Ayotzinapa a la edad de 20 años; antes estuvo en la sierra de Oaxaca como instructor comunitario de Consejo Nacional para el Fomento Educativo (Conafe). Ahí tuvo su primer acercamiento con los niños y de paso decidió ser maestro rural.

–Mi experiencia en Conafe es la más fuerte. Ahí aprendí a convivir con la pobreza extrema, vi la miseria, el hambre, el analfabetismo; muertos por tifoidea. Las muertes maternas se volvieron comunes por falta de médicos.

Recorrió la sierra de Oaxaca, en medio de encinos; caminó por las brechas. “Allá íbamos los instructores comunitarios, caminando veredas que eran en partes convertidas en sembradíos de mariguana. Nosotros los jóvenes quinceañeros, arriesgando todo, llegábamos para estar con ellos, en ocasiones meses enteros, comiendo sólo ejotes hervidos; y cuando bien nos iba un huevo estrellado en el comal”.

Originario de la costa chica de Oaxaca, Luis trabajó en una tortillería en Puerto Escondido. A los 14 años, formó parte de la empresa de un teniente coronel retirado del Ejército. “Me mandó a la chingada, porque según él, me hacía un favor con darme un trabajo, porque no tenía la edad para trabajar; eso sí, sin seguro social”, recuerda.

De tez morena, el normalista habla de la injusticia que le tocó vivir en la sierra, desde los abusos de los militares que les robaban a los campesinos. “Los chatinos solo veían cuando los soldados se llevaban lo poco que tienen para comer”, dice.

Este proceso de aprendizaje comunitario llevó a Luis Hernández a estudiar en Ayotzinapa, porque alguien le dijo que es la escuela para los pobres. Al terminar su estancia en Conafe se inscribió en Ayotzi, ocupando el lugar 80 del escalafón de aceptados.

Durante los dos días que estuvo detenido –dice Luis– lo torturaban en la noche y escuchaba los gritos cuando los policías golpeaban a sus compañeros. Sin saber qué hacer ni cómo moverse en el pequeño espacio, no le quedaba de otra que seguir de pie o en cuclillas.

–¿Qué te preguntaron durante el interrogatorio? –le digo.

–¿Perteneces al EPR o al ERPI? –me preguntó uno.

–¿Qué le dijiste? –insisto.

–Les dije que soy maestro recién egresado, que quiero ejercer mi profesión.

–¿Qué pasó después?

–Volvió a preguntarme de nuevo que si pertenecía a un grupo de choque; le dije que no sabía qué es eso. Me dijo: “Tenemos datos y antecedentes que has estado platicando con personas mayores de edad, dinos el nombre de esas personas”, mientras me golpeaba.

“Les dije el nombre de mis maestros pero no sabía sus apellidos; un hombre con acento del norte me dijo: ‘Anda, Güicho, habla mejor, no queremos partirte la madre. Tenemos órdenes precisas de hacerlo e incluso de cortarte el cuello ahorita mismo… habla, cabrón, antes de que me enoje’”.

Luis dice que durante el interrogatorio los policías lo saturaron con preguntas que van desde su grado escolar, donde estudió, quiénes fueron sus maestros, qué libros leía, con quién se juntaba. Al mismo tiempo, una mujer con una pistola en la cintura graba al egresado normalista.

La PGR pretendía consignar a los cinco identificados como dirigentes. “La postura era que saliéramos todos o nadie”, recuerda Luis.

–¿Qué hicieron cuando supieron el plan de la PGR? –pregunto.

–La negociación se prolongó. Las organizaciones sociales querían que saliéramos los cinco señalados como dirigentes y que los demás esperaran. Porque la intención del gobierno era fincar cargos a los dirigentes, para consignarnos al CERESO de Acapulco.

Agrega: “Entendimos que era la más viable, fuera nosotros podíamos sacar a los demás, dentro sería difícil salir nosotros mismos. Salimos el 2 de diciembre de 2007, fecha de la muerte en combate del profesor Lucio Cabañas Barrientos, nos fuimos a la normal a seguir en la lucha…no paramos”. 

La persecución en contra de los normalistas de Ayotzinapa data de años, así como lo narra Luis Hernández. En detención los alumnos son torturados para revelen nombres de los dirigentes para vincularlos a la guerrilla. 

La detención de normalistas era algo planeado, la Policía Federal ya los tenía identificados, esto por el espionaje que inició desde la década de los años 70, cuando el Ejército mexicano infiltró a militares en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. 

De ahí es urgente desmontar la narrativa que construyó la Fiscalía General de la República (FGR), la “Verdad Histórica”. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no es una orden del narcotráfico, ni confusión entre grupos civiles delincuenciales, sino una represión política. Es un ataque contrainsurgentes.