Si se analizan los temas en los que especialistas comienzan a levantar una voz de alerta, puede concluirse que los riesgos de regresión antidemocrática a veces se exageran, pero no son falsos

Twitter: @chamanesco

Una discusión permea en la agenda pública: la del estado de salud de la democracia mexicana, a tres años de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República.  

Cada vez son más las voces que, fuera de los circuitos gubernamentales y oficialistas, alertan sobre lo que Daniel Zovatto ha denominado “recesión democrática”: una especie de pasmo en el que las democracias de varios países, en lugar de seguir desarrollándose hacia su perfeccionamiento, parecen estar sufriendo retrocesos preocupantes.

México no es la excepción, y son muy variadas las señales y los focos de alerta: desde la continua militarización del Estado mexicano, hasta el asedio que desde los circuitos de la 4T se lanza en contra de instituciones científicas y académicas, medios de comunicación, voces disidentes y organismos autónomos.

Desde la mañanera se dirá que esa preocupación habita sólo en los “conservadores”, y que ésta se basa en mentiras o en datos que no son falsos, pero se exageran.

Sin embargo, si se analizan con cuidado algunos de los temas en los que especialistas de muy diversos ámbitos comienzan a levantar una voz de alerta, puede concluirse que los factores de regresión antidemocrática a veces se exageran, pero no son falsos.

Destacan en el debate público, justo a la mitad del sexenio, al menos siete temas:

1. La continuación de la guerra contra el narco iniciada hace 15 años por Felipe Calderón, continuada por Enrique Peña Nieto y ahora institucionalizada en una Guardia Nacional que se prometió civil, pero que camina a paso firme hacia su militarización total. Por cierto, con nulos resultados en la reducción de la violencia o la recuperación de territorios por parte del Estado.

2. El uso del Ejército para muy diversas tareas, como la construcción de obras públicas, la gestión de puertos y aduanas, la distribución de vacunas y el reparto de combustible, entre muchas otras.

La militarización -un país pintado de verde oliva- no es un territorio propicio para que florezcan la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a las libertades civiles y los derechos humanos.

3. El intento de retorno al híper presidencialismo, con acuerdos o decretos que minan la autoridad de otras instituciones o Poderes; con el ejercicio de una mayoría legislativa que avala automáticamente todas las propuestas del Poder Ejecutivo y con intentos de cooptación al Poder Judicial, como el nombramiento de personas afines al presidente en la Suprema Corte o la intromisión gubernamental en la reforma de este poder.

4. El doble discurso respecto a la libertad de prensa, con una innegable apertura al “diálogo circular” cotidiano con la fuente presidencial, pero una estrategia paralela de comunicación gubernamental que pasa por el intento de control total de la agenda pública, la estigmatización de los medios que no son afines al proyecto de la 4T y la crítica permanente al periodismo que les resulta incómodo.

Tres años después, la enorme bolsa de publicidad oficial que destinaron los gobiernos anteriores a la cooptación de los medios se ha reducido sustancialmente, pero sigue repartiéndose con absoluta discrecionalidad y favoreciendo al duopolio.

El mecanismo de garrote y zanahoria permanece intacto y, como suele ocurrir con todos los políticos, al presidente le gusta salir en los medios, pero no le gusta el periodismo, pues éste tiene como naturaleza auscultar el ejercicio del poder.

5. La crítica oficial y oficialista a los intelectuales que no gozan del aprecio presidencial; la crítica -basada en prejuicios más que en datos- a centros de investigación y enseñanza como la UNAM, el CIDE o el ITAM, y el desprecio a foros como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por considerarlos “fifís” o neoliberales.

6. La descalificación a los organismos constitucionales autónomos, como el INE, el INAI, la COFECE o el IFETEL; la captura, como en el caso de la CNDH, o el intento de control, como el Banco de México. 

En los tres años que van del sexenio, ha sido una constante el presentarlos como instituciones neoliberales, inmorales y antagonistas del proyecto “transformador”; exhibir sus defectos y excesos, ignorarlos, estigmatizarlos o tratar de socavar su autonomía, bajo pretexto de que en el país hay una nueva mayoría que va a “limpiar” la vida pública.

7. El divorcio del gobierno con la sociedad civil -que también pasa por difamar o estigmatizar a sus dirigentes, cortar de tajo los apoyos gubernamentales y descalificar las iniciativas ciudadanas-, ya sean ambientalistas, feministas, defensores de derechos humanos, promotores culturales, periodistas o instituciones de asistencia privada.

La idea de que los movimientos de la sociedad civil -como los feminismos- deberían sumarse a la cuarta transformación, para no quedar rezagados, socava la libertad de asociación y alienta la conformación de un país de militantes.

****

Pasaron tres años desde la histórica toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados, y el impresionante mitin del Zócalo en el que el presidente juró lealtad absoluta al pueblo.

Entonces, era difícil imaginar que el debate público del 2021 estaría permeado por éstas y otras preocupaciones. 

Sin duda, México está en una etapa de transformación que implica sacudir el orden preexistente, y eso ha alentado reacciones de los afectados.

No todas las voces de alerta son genuinas y desinteresadas; pero más allá de la intención de críticos y opositores, el régimen no puede cerrarse a escucharlas.

De ello depende, también, que la transformación no implique regresión.