Las personas varadas entre Arica y Tacna por cordones de represión son una dramática postal de una xenofobia que parece crecer en Chile y Perú. El gobierno peruano de Dina Boluarte impide el paso de los venezolanos, colombiano y ecuatorianos que quieren retornar a sus países bajo el argumento de que entre ellos puede haber delincuentes

Texto: Gustavo González / IPS

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CHILE. – Escenas de violencia y dramatismo en la frontera de Chile y Perú graficaron en las últimas semanas la irrupción en América del Sur de una crisis migratoria larvada, que es sobre todo una crisis humanitaria que no se solucionará con deportaciones masivas ni otras medidas de represión.

Se espera que un centenar de venezolanos varados en la franja fronteriza chileno-peruana podrán regresar a su país en una aeronave particular que enviará este domingo 7 el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según confirmó en Santiago el ministro de Relaciones Exteriores Alberto van Klaveren.

La operación, que forma parte del programa “Retorno a la patria” de Maduro, aliviará en parte la tensión en el tramo que separa los controles fronterizos de Chacalluta, por el lado chileno, y de Santa Rosa, en Perú, donde más de 200 emigrantes, en su mayoría venezolanos, están retenidos por destacamentos policiales que les impiden avanzar hacia el norte.

Para Rodolfo Noriega, abogado y presidente de la Fundación Defensoría de Migrantes, no basta con trasladar cien o doscientos emigrantes por vía aérea, ya que lo más probable es que ello contribuya a aumentar la afluencia hacia la frontera de venezolanos, haitianos, colombiano y ecuatorianos que desean abandonar territorio chileno.

La situación, que desató una protesta del gobierno chileno por declaraciones del primer ministro peruano Alberto Otárola contra el presidente Gabriel Boric, es inédita en el cono sur de América Latina.

Delincuencia, migración y xenofobia

Si bien los desplazamientos transfronterizos de personas no son nuevos en la región, se presentan ahora en un contexto más complejo, donde inciden las distancias políticas entre gobiernos de distinto sello, las dificultades económicas de algunos países y, sobre todo, la tendencia a vincular la preocupación ante el auge de la delincuencia con la migración.

Las personas varadas entre Arica y Tacna por cordones de represión son una dramática postal de una xenofobia que parece crecer en Chile y Perú, en una mala copia de experiencias europeas, como las de Viktor Orban en Hungría o Giorgia Meloni en Italia.

El gobierno peruano de Dina Boluarte impide el paso de los venezolanos, colombiano y ecuatorianos que quieren retornar a sus países bajo el argumento de que entre ellos puede haber delincuentes. Así, la presidenta declaró estado de emergencia en las fronteras de siete departamentos: Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna.

Analí Briceño, coordinadora de la Clínica Jurídica de Atención a Solicitantes de Refugio y Refugiados, advirtió en septiembre de 2022, la tendencia en Perú de culpar a los inmigrantes venezolanos por el aumento de la delincuencia, con campañas mediáticas y políticas “sin fundamentos ni datos”.

Según estadísticas actualizadas a marzo de este año en Perú hay 1.5 millones de inmigrantes venezolanos, mientras en Colombia el número asciende a 2.5 millones, en Ecuador a poco más de medio millón y en Chile a 444 mil. Una estadística referencial, ya que no incluye a los inmigrantes irregulares.

Al 28 de marzo último, se contabilizaban en 7 millones 239 mil 953 a las venezolanas y venezolanos en calidad de refugiados y migrantes en todo el mundo, según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Migrantes y Refugiados de Venezuela (R4V), creada en 2018 para concertar la atención al éxodo venezolano, con participación de agencias de las Naciones Unidas y otras 200 organizaciones de 17 países.

De ese total, 6 millones 095 mil 464 están distribuidos en países de América Latina y el Caribe.

Así como en Perú, también en Chile se observa una criminalización de los inmigrantes, acentuada en los días previos al éxodo hacia la frontera por el asesinato de un carabinero por tres delincuentes venezolanos, lo cual a su vez coincidió con la promulgación de una ley de “legítima defensa privilegiada” para proteger a los policías.

El aporte positivo de las migraciones venezolana, haitiana y de otros países latinoamericanos está respaldado en Chile por numerosos datos estadísticos, tanto en espacios profesionales, como los servicios de salud, y de empleos en el comercio, la gastronomía y la agricultura.

Sin Pacto de Marrakech

El año 2018, Chile fue el único país sudamericano que se negó a firmar el Pacto de Marrakech para la Migración Segura, Ordenada y Regular. El gobierno de Sebastián Piñera alegó razones de soberanía y sostuvo que este acuerdo no diferenciaba entre migración regular e irregular, asociando esta última a la delincuencia y al narcotráfico.

El gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro en Brasil, se retiró del Pacto de Marrakech al asumir el poder en 2019, sumándose así en la región a Chile y República Dominicana, como únicos Estados que no suscribieron este instrumento, que no es vinculante, pero que sí establece criterios para neutralizar la xenofobia.

Xenofobia que en Chile se hizo patente el 29 de septiembre de 2021, cuando en el puerto de Iquique se organizó una marcha contra inmigrantes venezolanos que habían ingresado desde Bolivia, que terminó con inusitada violencia cuando los manifestantes destruyeron y quemaron en la plaza de la ciudad los precarios enseres de los extranjeros, incluyendo los coches de los bebés y sus pobres reservas de alimentos.

Muchos de esos venezolanos hicieron la travesía alentados por el discurso que Piñera pronunció en Cúcuta, en febrero de 2019, ofreciendo acogida y visas de “responsabilidad democrática” a quienes huyeran del régimen de Maduro, en el poder desde 2013.

El tema se instaló con fuerza en la política chilena y fue usado en las últimas elecciones presidenciales de 2021, sobre todo por el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, que ofrecía en su campaña construir una gigantesca zanja en las fronteras con Bolivia y Perú para controlar la inmigración, al estilo del muro que Donald Trump quiso levantar entre Estados Unidos y México.

¿Cómo evolucionará o terminará el conflicto migratorio en la frontera chileno-peruana? Es una crisis que puede escalar, con derivaciones no solo políticas y diplomáticas, sino también humanitarias y sanitarias, en medio del desamparo de un contingente que integran numerosas madres y niños.

La inercia de la OEA

Una solución que está puesta sobre la mesa es la creación de un corredor humanitario desde Chile a Venezuela, que facilite el libre tránsito de los emigrantes, pero ello requeriría de complejas negociaciones y compromisos en que se necesita también de la anuencia, además de estos dos países, de Perú, Ecuador y Colombia.

Mientras tanto, llama la atención la inercia del llamado sistema interamericano ante la crisis, en particular de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, que fue bastante activo el año 2018, cuando los efectos de la diáspora venezolana se hacían sentir sobre todo en Colombia.

Una vez más, los derechos humanos están envueltos en una difícil trama, donde los dirigentes políticos parecen incapaces de contrarrestar el peligroso cóctel de combate al narcotráfico y el crimen organizado con la xenofobia.

Hay una mirada corta que hoy por hoy desplaza de los análisis de la migración a fundamentales factores demográficos, en una América Latina que viene presentando crecientes síntomas de envejecimiento en su pirámide poblacional.

La tasa de fecundidad óptima para que un país renueve su población se sitúa en un mínimo de 2,1 hijos por mujer en edad fértil. Chile está por debajo, con una tasa de 1,5, mientras Perú se sitúa en el borde, con 2,2. La inmigración será crecientemente necesaria para revertir estas tendencias.

Hay, por fortuna, síntomas alentadores contra la xenofobia. El 29 de abril, mientras escalaba la crisis en la frontera chileno-peruana, en Argentina el gobierno de Buenos Aires organizaba por segunda vez la fiesta pública “Celebra Venezuela”.

El secretario de Asuntos Públicos de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, saludó así a los inmigrantes: “Ustedes no son solo bienvenidos, ustedes son parte de la Ciudad de Buenos Aires. Hay algo que ustedes suelen hacer y que los invito a que no hagan más: darnos las gracias. Ustedes no tienen nada que agradecer. Esta ciudad se construye con estos valores, con los valores de la diversidad, de la multiculturalidad y la tolerancia”.

Este trabajo se publicó inicialmente en IPS. Aquí puedes consultar la publicación original.