La Consulta Popular que se realizará este 1 de agosto revivió una vieja demanda en el país. En las últimas semanas, organizaciones no gubernamentales, los zapatistas y colectivos han impulsado el uso de la consulta como una herramienta que permita caminar hacia la creación de comisiones de la verdad. Aunque nadie sabe en qué derivará la pregunta.

Marcos Nucamendi (@makonucamendi) para el Proyecto A dónde van los desaparecidos*

El próximo 1 de agosto se llevará a cabo la consulta popular “para enjuiciar a los ex presidentes” de México, promovida desde el gobierno federal. Sin embargo, desde que surgió esta idea —a inicios del sexenio— y sobre todo, desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el ejercicio, distintas voces, entre ellas colectivos de víctimas de la violencia y organizaciones de derechos humanos han señalado que esta consulta, aun con sus deficiencias, es una oportunidad para impulsar la creación de comisiones de la verdad.

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. Este domingo, la ciudadanía que decida participar en la consulta deberá responder sí o no a esta pregunta.

Se trata de una pregunta confusa, que se deriva de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de octubre de 2020, cuando el máximo tribunal se vio en la necesidad de modificar la redacción propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para que sea vinculante, cabe aclarar, se requiere la participación de, al menos, 40% del padrón electoral: 37.4 millones de votos. 

¿Cómo es que se llegó a una campaña para impulsar comisiones de la verdad?

Desde el 5 de julio pasado, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Transicional MX, Elementa DDHH y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad impulsan #LaVerdadTrasLaConsulta, campaña que considera que, si bien los “los derechos humanos se garantizan y no se consultan”, es necesario centrar el debate sobre la consulta de este domingo en “encontrar la mejor forma para garantizar los derechos de las víctimas”.

En un artículo editorial para El Universal, publicado el 12 de julio, la directora ejecutiva de la CMDPDH, Graciela Rodríguez Manzo, aseguró que la pregunta aprobada por la SCJN remite a la creación de una Comisión de la Verdad.

De acuerdo con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), las comisiones de la verdad son organismos de carácter oficial, no judicial, y de vigencia limitada, las cuales se establecen con al menos tres objetivos: 1) Establecer los hechos respecto de eventos violentos “que permanecen en disputa o son negados”; 2) Proteger, reconocer y empoderar a las víctimas y sobrevivientes; y 3) Proponer políticas y promover cambios institucionales con miras a una transformación política y social. 

Las comisiones de la verdad se establecen, por lo regular, durante periodos de transición política, con el fin de un régimen autoritario o tras la conclusión de un conflicto armado, como ha sucedido con las 24 comisiones de la verdad instaladas en América Latina desde 1974.

Este sería el primer paso, argumentó la directora del CMDPDH, para dejar atrás el contexto de violencia y de impunidad que prevalece en el territorio nacional, y transitar hacia la construcción de paz y justicia: un primer paso hacia la justicia transicional. 

Rodríguez Manzo explicó que no se trata de una simple ocurrencia, pues además de que la verdad, la justicia, la memoria, la reparación y las garantías de no repetición constituyen derechos, fue el propio presidente de la República quien se comprometió en distintas ocasiones —como candidato, presidente electo y presidente constitucional— a emprender acciones de búsqueda de verdad y justicia. Igualmente, la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, había apoyado esa agenda durante la transición.

Sin embargo, desde entonces se nota una división entre colectivos de víctimas: algunos han manifestado que la prioridad en el gasto debe ser buscar a las personas desaparecidas y no crear mecanismos.  

El 20 de julio, Elementa DDHH y Justicia Transicional MX exigieron al pleno de la SCJN que aclare con mayor detalle el sentido de la sentencia de la revisión de constitucionalidad 1/2020, que dio pie a esta consulta, pues poco se sabe sobre lo que “se le debe exigir a las autoridades si gana el sí”, es decir, sobre los alcances de este ejercicio.

En entrevista para La-Lista, Paola San Martín, la ex consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió que la ambigüedad respecto de la pregunta que se consulta  puede llevar a que “cualquier mecanismo que se tome o que se deje de tomar se pueda justificar en la decisión de la mayoría”, y que la posibilidad de abrir una comisión de la verdad o de instalar un Tribunal Internacional jamás se concrete.

La pregunta —dijo— plantea distintos escenarios posibles: que se abra una Comisión de la Verdad, que se abra un espacio de justicia transicional, que se llame a un Tribunal Internacional, que se traiga un mecanismo como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), hasta un investigador o un novelista o un periodista escriban sobre el pasado. “Hay muchas formas de esclarecer los hechos, pero no queda claro a qué es lo se estaría vinculando específicamente al Estado“, opinó

“Hay que entrarle pero mirando a las víctimas”: EZLN

Uno de los posicionamientos frente a la consulta que más ha sorprendido ha sido la del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En un comunicado, publicado el 16 de julio, señaló que sí a la consulta y sí a la pregunta modificada por la Suprema Corte, que las y los zapatistas entienden como una pregunta “sobre si se debe hacer o no algo para cumplir con el derecho a la verdad y la justicia de quienes han sido víctimas por acciones y omisiones del Estado Mexicano”. 

“Hay que entrarle, no viendo hacia arriba, sino mirando a las víctimas”, escribió el subcomandante insurgente Moisés, quien llama a convertir este ejercicio en una consulta “extemporánea” —inoportuna, inconveniente—, con el objetivo de que, independiente del resultado del plebiscito, comience una movilización social que derive en la instalación de una comisión por la verdad y la justicia para la víctimas.

Ante los intentos del oficialismo por ver en este llamado un espaldarazo a la consulta popular que se promueve desde el gobierno federal, el SupGaleano, en un segundo comunicado, especificó que los pueblos zapatistas participarán pero de forma extemporánea, es decir, siguiendo sus usos y costumbres, con asambleas comunitarias y otras formas de participación política que no se constriñen por los tiempos oficiales. Los resultados de sus procesos internos llegarán eventualmente, en señal de acompañamiento y respaldo, a las organizaciones de víctimas de la violencia, de búsqueda de personas desaparecidas y de presos de conciencia.

Otra forma de entender la consulta popular del 1 de agosto, que no termina al cierre de las 57 mil mesas receptoras que el INE instalará en todo el país.

¿Qué dicen las víctimas?

Para algunas de las víctimas del pasado reciente, la consulta sí es una oportunidad para acusar, con nombre y apellido, a las personas presuntamente responsables de actos violentos, como lo fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

El 25 de julio pasado, en el marco de la Gira Nacional por la Verdad y la Justicia, Melitón Ortega, vocero de los padres de familia, acusó al expresidente Peña Nieto por la desaparición de los estudiantes la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, y por el asesinato de tres normalistas más.

“Enrique Peña Nieto es el responsable de haber hecho una investigación a modo, protegiendo a todos los culpables, desde el más alto hasta el más bajo […] por eso los padres de familia estamos convocando al pueblo de México a que salga a votar por el sí, para meter a la cárcel a esos hombres que dañaron al pueblo”, dijo a cientos de asistentes que se encontraban a un costado del zócalo de Chilpancingo.

En un comunicado publicado el 19 de julio, en vísperas de la consulta, colectivos de víctimas de la violencia y de familiares de personas desaparecidas también se pronunciaron sobre la consulta, lamentando que un proceso “sobre el derecho a la verdad esté contaminado de tantas mentiras”.

En el texto, firmado por más de 400 personas —varios  signatarios se deslindaron del posicionamiento a las pocas horas—, se le recuerda al presidente López Obrador el compromiso suscrito por éste, en dos ocasiones, con una agenda de verdad, justicia y reparación y, en concreto, con la creación de una Comisión Nacional de la Verdad. La primera el 8 de mayo de 2018, en el marco de los Diálogos por la Paz y la Justicia, y la segunda el 14 de septiembre del mismo año, en el Segundo Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia, ya como presidente electo.

Cabe recordar que esta agenda fue incluida en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, publicado en noviembre de 2018; la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en mayo de 2019; y en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014, publicado en el DOF dos meses más tarde.

Quienes suscriben aún el comunicado le piden al presidente tres cosas: 1) Aclararle a la ciudadanía que la consulta no es para enjuiciar a los expresidentes y sí una posibilidad para crear comisiones de la verdad; 2) Una explicación de por qué no avanzó la agenda de justicia transicional que se trabajó con la Secretaría de Gobernación; y 3) Impulsar esta agenda, independientemente del resultado del plebiscito.

Hay que recordar que en septiembre de 2020, 20 colectivos de víctimas y familiares de personas desaparecidas, así como organizaciones defensoras de derechos humanos, hicieron incluso una propuesta de pregunta: “¿Está usted de acuerdo con que el presidente de la República active los mecanismos necesarios, dentro de sus facultades, para que con ayuda de la ONU se investigue y juzgue a los responsables de los crímenes atroces perpetrados contra el pueblo de México, a la par de la creación de una gran Comisión de la Verdad?”

Esta redacción, argumentaban, no vulneraría las obligaciones constitucionales del Estado mexicano ni el derecho de acceso de justicia a las víctimas. Por el contrario, ayudaría a recuperar la agenda de construcción de paz que se prometió en campaña. 

Lo que está en el fondo de la pregunta –mal redactada– que quedó impresa en la boleta, explicó el poeta Javier Sicilia en la Segunda Jornada de Diálogo Nacional sobre la Consulta Popular, es la agenda de justicia transicional que se había pactado entre las víctimas de la violencia y las autoridades federales. 

“Si no trabajamos hacia allá y si no la encausamos, simplemente va a ser un espectáculo más, un show; el rebajamiento de un instrumento de democracia directa a un show más como el que nos han enseñado en estos tres años. El trabajo es hacia allá, porque ya no hay manera de corregir el galimatías que es esta pregunta que vamos supuestamente a responder”, agregó.

A propósito de la interpretación que algunos colectivos han hecho de la consulta, Jorge Verástegui, uno de los fundadores de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), hizo un llamado para no generalizar las demandas de las víctimas:

Si quieren votar o no, háganlo pero no usen a las víctimas como justificación para una u otra cosa.

— Jorge Verástegui González (@JorgeVerastegui) July 29, 2021

En su más reciente columna, el escritor Juan Villoro se pregunta si vale la pena el esfuerzo de construir un puente que de antemano se sabe quedará incompleto. “Tal como está planteada, la consulta es un ejercicio simbólico”, un puente a la mitad que puede, sin embargo, convertirse en un detonante que reactive el debate en torno a la reparación “que aguardan quienes han sido ignorados por los tribunales”. El dolor de las víctimas, sostiene Villoro, exige de un puente entero que construya una narrativa compartida sobre el pasado reciente; sólo así se impedirá “que el espanto se repita” y sólo así, se podrá llegar “a la otra orilla”.

“Los derechos de las víctimas no se consultan”: ONG de DH

El Centro para los Derechos Humanos Fray Juan Larios (Fray Juan) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en un comunicado conjunto publicado el 29 de julio, también abordaron los pormenores de la consulta, señalando que si bien las responsabilidades del Estado y los derechos de las víctimas no se consultan, reconocen que la consulta popular puede ser un recurso útil para la sociedad frente a “la seria crisis de seguridad y de derechos humanos” por la que atraviesa el país.

Sin embargo, mostraron su malestar ante la incapacidad del Estado mexicano para rendir cuentas, específicamente en lo que toca a la investigación, identificación y castigo a quienes resulten responsables de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes que podrían ser considerados como de lesa humanidad.

El periodista Luis Hernández Navarro ofrece tan sólo un ejemplo de las investigaciones que aún están pendientes en su columna más reciente, en donde enlista parte de la geografía del horror mexicano que tuvo uno de sus momentos cumbre al finalizar el siglo XX, particularmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en donde la administración de Ernesto Zedillo acumuló masacres, militarización, cárcel, ejecuciones extrajudiciales, tortura, esterilizaciones forzadas y persecución política. 

“Ninguna autoridad fue juzgada por esos crímenes”, recuerda Hernández, para quien el “horror del zedillismo” es suficiente para participar en la consulta del 1 de agosto, “mirando a las víctimas”, para movilizarse en favor de una Comisión de la Verdad y esclarecer “la multitud de agravios cometidos por los personajes del poder”; algunos de los cuales gozan hoy de “puestos prominentes” en la administración pública, como Esteban Moctezuma y Olga Sánchez Cordero.

La consulta sí va encaminada a crear comisiones de la verdad: Zaldívar

Aunque la sentencia de revisión de constitucionalidad de la Suprema Corte, del 1 de octubre de 2020, especifica que uno los cursos de acción posibles para el Poder Ejecutivo tras la consulta, es “la creación de mecanismos novedosos para esclarecer algunos hechos en específico”, tal y como se ha realizado en “algunos países que han decidido garantizar el derecho a la verdad”, esto no queda claro en la pregunta. 

El ministro presidente, Arturo Zaldívar, a quien AMLO quiere ampliar mandato –hasta 2024– por considerar que puede ayudarle a “renovar el poder judicial”, confirmó esta interpretación en al menos dos ocasiones. La primera  durante una entrevista para Radio Fórmula:

“La pregunta [de la consulta] no habla de juzgar, habla de emprender procesos de esclarecimiento de decisiones políticas. Va encaminada más a la creación de comisiones de la verdad que a procedimientos judiciales”, le respondió Zaldívar a Ciro Gómez Leyva, día después de emitida la sentencia.

En la misma sentencia, dijo, también se abre la posibilidad a otros mecanismos que permitan, a las autoridades competentes, “allegarse de elementos suficientes para iniciar procedimientos de responsabilidad [penal]”, es decir, que apoyen o faciliten su trabajo. Puso como ejemplo el caso de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG), un órgano independiente que apoyó entre 2006 y 2019 las labores del ministerio público del país centroamericano.

La segunda ocasión en que Zaldívar abordó la materia fue durante una entrevista para El País, el 11 de julio, donde el ministro reiteró que la consulta popular no tiene la finalidad de iniciar procesos judiciales: 

“Una consulta de este tipo no es una apelación a procesos judiciales, sino a una especie de comisión de la verdad, a instrumentos no jurisdiccionales que pudieran generar una salida a conflictos y a sucesos dolorosos para el país […] Los procesos judiciales no se consultan, pero sí se puede consultar a la gente si quiere o no que se lleven a cabo procedimientos de investigación o de sanación nacional. De justicia trasnacional”.

Funcionarios federales, a favor de una comisión de la verdad

En un tuit publicado el 25 de julio, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, señaló que los presuntos delitos cometidos por los ex presidentes señalados en un principio por Presidencia (Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto), ya prescribieron.

La consulta, sostuvo, buscaría en todo caso esclarecer los hechos del pasado, no judicializarlos. “Un mandato claro para una Comisión de la Verdad”.

Muchos de los delitos que hubieran cometido los ex presidentes se encuentran prescritos. Por ello, la consulta busca esclarecer los hechos del pasado. Un mandato claro para una "Comisión de la verdad" en temas de corrupción en México.

— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) July 25, 2021

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, se pronunció en el mismo tenor pero volvió al tema de enjuiciar a los expresidentes:.

“En Morena vamos a buscar la ruta para que se cree una comisión de la verdad y los expresidentes paguen por los crímenes que cometieron”, dijo en un encuentro con simpatizantes desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

El investigador Eduardo Buscaglia, en entrevista para Sin Embargo al Aire, aseguró que aún una eventual comisión de la verdad para investigar la responsabilidad de los ex mandatarios tendrá que estar integrada por personas que tengan la infraestructura, el presupuesto y la protección adecuadas, “porque esa gente va a ser amenazada”.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, se refirió a éstas y otras interpretaciones, tanto las que promueven un juicio explícito a los expresidentes como aquellas que ven en el horizonte la creación de una comisión de la verdad de alcance nacional. 

“Ojalá y no haya ciudadanos que lleguen el domingo con la expectativa de contestar una pregunta distinta a la que se va a preguntar”, dijo durante la sesión del órgano electoral este 30 de julio, reiterando que “el INE no interpreta lo que quiere decir la consulta”, es decir, limitando su papel en el plebiscito a una mera función operativa. 

Una pregunta poco democrática y la raíz del problema

En la mesa de análisis de Aristegui Noticias del 29 de julio, el periodista Ricardo Raphael explicó cuál es la raíz de la confusión en torno a la consulta popular. Comenzando por recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había adelantado sus intenciones de consultar a la población sobre este tema durante su discurso de toma de protesta en 2018, con el objetivo de justificar su política de “punto final”, es decir, de no iniciar desde Presidencia investigación alguna contra quienes hayan “ocupado cargos públicos o se hayan dedicado a hacer negocios al amparo del poder”. 

“No habría juzgados ni cárceles suficientes, y lo más delicado, lo más serio, meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación”, dijo aquel 1 de diciembre, cerrando así el paso a las demandas de justicia transicional de una parte del movimiento de víctimas.

El periodista incluso señaló que la redacción de la pregunta, entregada el 15 de septiembre de 2020 al Senado por el consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer, estaba “cargada de intencionalidad política”, es decir, con la conciencia plena de que tendría que ser modificada y que sería la propia SCJN quien pagaría el costo político de la consulta. 

“¿Estás de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”, era la pregunta original planteada por el presidente.

Más importante aún, apuntó Raphael, al modificar la pregunta, la Suprema Corte cometió “un acto antidemocrático”, pues la nueva pregunta no es democrática toda vez que es “incomprensible”. “En un acto de democracia directa el lenguaje tiene que ser llano, próximo a la gente, para que tengamos claro qué nos están preguntando”, dijo. “Sí o no una comisión de la verdad”, “Sí o no a un punto final” o “Sí o no al régimen anterior”, eran opciones más sencillas que no hubiesen arruinado la importancia del ejercicio. 

En los términos en que está planteada la pregunta, comentó Denisse Dresser en la misma mesa de análisis, tanto el Sí –que no será vinculante si no alcanza el mínimo de participación– como el No, le ofrecerán al presidente una “gran salida” para no cumplir con la agenda de las víctimas y no investigar el pasado reciente. En la conferencia matutina del 28 de junio, por ejemplo, dijo que no participaría en la consulta e insistió en que él está a favor del perdón pero no del olvido. 

Dresser argumentó que si lo que se quería era iniciar un proceso judicial contra los ex presidentes fácilmente se podría haber echado mano de la documentación en posesión de la Fiscalía General de la República (FGR) –como en el caso Odebrecht y los señalamientos al ex presidente Enrique Peña Nieto–, sin la necesidad de una consulta. 

Por otro lado, adelantó el fracaso del mejor de los escenarios, que sería la creación de una Comisión de la Verdad de alcance nacional, ya que no sólo los expresidentes sino las Fuerzas Armadas –ampliamente beneficiadas por la administración actual– tendrían que ser llamadas a cuentas.  

*Marcos Nucamendi es reportero. Oriundo de Chiapas, cubre desde Puebla temas relacionados con la desaparición de personas y los derechos humanos. Actualmente colabora, como pasante del Instituto de Investigaciones Dr. José Luis María Mora, para el proyecto A dónde van los desaparecidos. 

Este trabajo fue publicado originalmente en www.adondevanlosdesaparecidos.org