Es necesario que se cumpla con la ruta que trazó la CNDH en su segundo informe, en cuanto a disculpa pública de ese órgano defensor de derechos humanos, y que reconozca públicamente las fallas y omisiones de las actuaciones de esta Comisión en la investigación y documentación de violaciones graves de derechos humanos

Twitter: @kausirenio

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó su segundo informe sobre caso Ayotzinapa, el 13 de abril de este año, en el que cuestionó a la Oficina Especial para el Caso Iguala que se creó el 18 de diciembre de 2014. En su conclusión estableció que los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala fueron Crimen de Estado. 

Teoría que se refuerza en el informe que presentó la Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa, encabezado por Alejandro Encinas el pasado 18 de agosto en el palacio nacional. Sin embargo, no se ha sancionado a personajes clave de la CNDH, como su extitular, Luis Raúl González Pérez y el responsable de la Oficina Especial para el Caso Iguala, José Trinidad Larrieta, así como la estructura que participó en la fabricación de la dichosa Verdad Histórica. 

Lo cierto es que el Estado mexicano diseñó una estrategia para ocultar la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Utilizó todo los medios y recursos financieros para mentirle a la nación. 

A pesar de que hay tres investigaciones por separadas: La de Oficina Especial para el Caso Iguala de la CNDH; La de Grupo Interdisciplinario de Experto Independiente (GIEI) y la de la Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa. No se ha podido desmontar la teoría de trasiego de la droga en la desaparición de los estudiantes. 

A 32 días de que se cumplan ocho años de la trágica noche de Iguala, en la memoria de los mexicanos sigue presente la idea de aquel robo de la droga en uno de los autobuses que estuvieron en la escena de crimen. 

Sin embargo, nadie ha cuestionado al Ejército Mexicano, ni el discurso de odio y estigmatizante del entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero en contra de los normalistas de Ayotzinapa. Ni siquiera se han preguntado ¿Por qué, los militares infiltrados en la Normal de Ayotzinapa realizaban labor de inteligencia? ¿Qué le investigaban? 

Lo cierto, es que no estamos descubriendo nada, el espionaje militar se hizo costumbre y nadie le prestó atención, es por eso que muy poco se sabe de la labor de contrainsurgencia hacia movimientos estudiantil y campesino en Guerrero. 

De ahí se desprende, qué se plantee una hipótesis de una represión política en el que participaron todas las esferas del poder del Estado mexicano y no una tesis de desencuentro con grupo criminal que operan en la región. Que se busque camuflagear a los civiles armados que intervinieron en la noche del 26 y 27 de septiembre, como estrategia recurrente del Ejército mexicano. 

“La forma de como han matado a nuestros compañeros es el mismo modus operandi, en todas las agresiones en contra de los compañeros, que hemos documentado, aparecen hombres civiles, disparan y se van. Luego la declaración del gobernador del estado, que fue el narco” dijo Bertoldo Cruz Martínez en una entrevista con el reportero en el velorio de Arturo Hernández Cardonas, el 2 de junio de 2013, en Iguala, Guerrero.

El luchador social agregó: “Ahora lo disfrazan de crimen organizados para señalar a nuestros compañeros que andaban en malos pasos. Lo único cierto, de todo esto, es que el Estado represor tiene su escuadrón de la muerte que actúan a su libre albedrió, o sea, paramilitares”. 

El operativo que se puso en marcha en la noche del 26 de septiembre de 2014, participó civiles armados, policías municipales de Cocula, Iguala y Huitzuco, policía estatal, federal, elementos del Ejército mexicano. O sea, la fuerza armada del Estado mexicano, además contaban con estrategia contrainsurgencia. El cuartel militar donde se ubicaba el 27 batallón de Infantería, había una base de apoyo del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), grupo táctico contraguerrilla que surgió en 1994, cuando apareció en la escena nacional el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).  

En esta estrategia contrainsurgente no solo contaron con los militares, sino que recurrieron medios de comunicación y creadores de la opinión pública como Carlos Marín y Héctor de Mauleon intentaron desacreditar la investigación que la CNDH inició sobre el Caso Ayotzinapa en 2021-2022, con esto se evidencia con claridad que fue: Crimen de Estado. 

Así las cosas, Guerrero, cuna de los Sentimientos de la Nación, sigue postrado ante el poder caciquil y mantienen el poder a base de asesinatos de líderes de organizaciones sociales, desapariciones forzadas de estudiantes y defensores de derechos humanos y presos políticos. Que se profundiza por las injusticias históricas acumuladas a consecuencia de las contradicciones históricas de las luchas sociales. 

El Estado mexicano causó daño a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala y al pueblo de México. Es necesario que se cumpla con la ruta que trazó la CNDH en su segundo informe, en cuanto a disculpa pública de ese órgano defensora de derechos humanos y reconozca públicamente las fallas y omisiones de las actuaciones de esta Comisión en la investigación y documentación de violaciones graves de derechos humanos. “Así, una ruta para la reparación integral inicia con la presentación de una disculpa pública hacia las personas en situación de víctimas”.