26 enero, 2025
Miles de migrantes han quedado varados ante las nuevas políticas antimigratorias de Trump. Algunos, sin alternativa, deciden quedarse en la Ciudad de México, esperando que el destino les ayude. Pero, ¿está lista la capital del país para recibirlos?
Texto: Andrea Amaya, Camilo Ocampo y Laura Buconi
Fotos: Andrea Amaya
CIUDAD DE MÉXICO. – Hace tres meses, Amanda llegó a la Casa del Migrante Arcángel Rafael, ubicada en el corazón de Iztapalapa. Viajó desde Venezuela porque buscaba un futuro mejor para ella y su bebé. En su rostro, la mezcla de emociones es palpable, pues la reciente cancelación de su cita en la aplicación CBP ONE, que le había dado esperanzas de llegar a Estados Unidos, ha roto sus sueños.
«Yo tenía mi cita programada para el 29 de enero. Compré mi boleto de avión, perdí 9 mil 323 pesos, y ahora me cancelaron la cita», cuenta Amanda, mientras su bebé llora en brazos. «Es difícil de explicar, pero miro a mi bebé y tengo que seguir luchando por él».
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Amanda es una de las casi 200 personas que caben en esta Casa del Migrante que se ha convertido en un espacio de refugio, pero también de desesperanza.
Ahí, personas provenientes de Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Cuba y otros países de América Latina se encuentran varadas mientras esperan una oportunidad para cruzar a Estados Unidos o, en su defecto, regularizar su situación en México. Muchos de ellos, como Amanda, se sienten atrapados en un limbo.
Y, aunque el albergue les ofrece comida, cama, medicinas, asistencia psicosocial y asesoría legal con enfoque en derechos humanos, la situación parece estar desbordándose.
Habitaciones del edificio de dormitorios de mujeres de la Casa del Migrante Arcángel Rafael. Foto: Andrea Amaya
Al frente de la Casa del Migrante Arcángel Rafael se encuentra el Padre Luis Carbajal, director de la Pastoral de Movilidad Humana en la Arquidiócesis Primada de México. El sacerdote, quien ha nadado a contracorriente de los vecinos que se oponen a la presencia del albergue, ha logrado mantenerlo en funcionamiento gracias a las donaciones de personas solidarias.
“Hemos luchado contra una gran resistencia, a veces odio y racismo de los vecinos. Entiendo que puedan estar cansados, que no estaban acostumbrados a ver a tanta gente, que no están acostumbrados a que, por una emergencia, alguien tenga que orinar en la esquina o en una botella. Y terminamos nosotros criminalizados, sin que sepan que estamos sobrepasados», comenta el Padre.
La situación parece empeorar a medida que avanza la administración de Donald Trump, pues tras la cancelación de citas a través de la aplicación CBP ONE, muchas personas, como Amanda, se encuentran atrapadas en la incertidumbre.
El Padre Carbajal explica:
«Muchas personas aquí ya tenían cita en CBP ONE, y unos días antes, para un grupo de diez personas, llegó la aprobación y lloraron de alegría. A los dos días, estaban llorando de tristeza. Ahora hay unas 22 o 23 personas, algunas de las cuales ya tenían boletos de viaje para la frontera, y los perdieron. Trabajaron duro en la Central de Abastos, explotados, para conseguir el dinero y viajar de forma segura hasta la frontera, pero todo se vino abajo. Así que ahora estamos viviendo un poco de desesperanza. Algunos, con mucha fe, dicen ‘Dios se encargará’, pero también nos preguntamos qué vamos a hacer ahora».
A esto, también, se suman las personas en situación de retorno forzado, quienes podrían llegar tras el anuncio de deportaciones masivas por parte del mandatario estadounidense. Todo este contexto, agrava aún más la crisis de los albergues en la Ciudad de México.
«Aunque tengamos diez casas para migrantes en la Ciudad de México, no serán suficientes para atender la situación, especialmente si vienen los deportados» afirma el sacerdote, quien además, recapitula el origen de ésta crisis, más allá de las políticas de Trump.
«Todas las casas de acogida de la Iglesia Católica en la Ciudad de México comenzaron a saturarse una vez que, en 2023, la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cerró el albergue de Tláhuac porque abrió una oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y una del Instituto Nacional de Migración. Esto provocó un efecto llamada, y lo sobrecargó con 4 mil 500 personas».
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El sacerdote identifica que, en ese momento, las autoridades no supieron qué hacer. Además de no tener los recursos necesarios, tenían la resistencia de los vecinos.
«Las calles estaban sucias y había niños desnutridos. Había personas haciendo colas de kilómetros esperando los trámites, con unas casitas por ahí, sin personal. Atender a inmigrantes 24 horas todo el tiempo no es algo fácil. Se debe garantizar una atención digna. No es lo mismo meterlos a todos en un corral y hacerlos dormir en el piso para que, después, encuentres a niños y niñas enfermas, o mujeres con infecciones y necesidades médicas».
Tras los anuncios de Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que ya ha trabajado con los estados mexicanos en una estrategia para apoyar a los migrantes retornados y a aquellos que deseen regresar voluntariamente. La estrategia se llama «México te abraza», y está acompañada de una red consular de apoyo, así como programas para recibir a connacionales.
Sin embargo, como explica la doctora Leticia Calderón Chelius, especialista en migración, existe una diferencia entre los migrantes mexicanos que regresan a su país de origen (con derechos plenos como ciudadanos), y los migrantes de otras nacionalidades que, al ser retenidos o devueltos a México, quedan en un «limbo» jurídico y social, sin un marco claro de protección o integración. Esto, añade la especialista, es reflejo de la doble moral de Estados Unidos al promover el «sueño americano» mientras criminaliza a quienes buscan alcanzarlo.
«Los mexicanos que regresan tienen derechos plenos como ciudadanos, pero los migrantes de otros países no cuentan con ese respaldo, lo que agrava su vulnerabilidad. México enfrenta un desafío doble: reintegrar a sus propios ciudadanos y gestionar la presencia de migrantes extranjeros que no pueden continuar su camino hacia el norte.»
Pese a esto, para los migrantes que quedaron estacionados en México, el gobierno Federal no parece tener una estrategia, salvo las políticas generales que trazó desde el sexenio de López Obrador, que por un lado endurecieron la militarización de las fronteras sur y norte, y por el otro, ofreció extender programas sociales para atender las causas de la migración.
Ante esto, Sergio Luna, coordinador de Incidencia de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, no repara en decir que existe una necesidad urgente de establecer un marco jurídico y políticas públicas para atender la migración. Sin embargo, apunta, el Estado mexicano no se preocupa por la población migrante, salvo en casos de emergencia. Evidencia de ello es que, en la actualidad, no cuenta con medidas de prevención, y «no hay interés de parte del gobierno en implementarlas».
Sergio Luna, además de ser coordindador en la Red, también es participante activo en el consejo ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM). Por eso, con pruebas, asegura que existe una total opacidad por parte de las instancias que toman decisiones.
«No tienen información actualizada sobre quién está al frente y cuál es la política a seguir», señala.
La política migratoria de México, dice Luna, es la misma que por años ha sostenido el Estado Mexicano.
El año pasado, por ejemplo, él y su organización denunciaron el incremento del perfilamiento racial, la militarización de las fronteras por parte de la Guardia Nacional y la policía, lo que ha provocado graves violaciones a derechos humanos. Aunado a esto, el incremento de la violencia institucional y cultural, y, sobre todo, el auge del crimen organizado, ha vuelto más lucrativo el negocio del tráfico de personas.
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Ante la anunciada crisis migratoria, «México nuevamente llega tarde con acciones desarticuladas», afirma Luna. Y añade:
«Lo que está pasando con la cancelación de citas es devastador. Muchas personas que ya tenían boletos para viajar ahora los han perdido, y algunos de ellos, como los migrantes de Venezuela, que cruzaron hasta 7 países, se sienten completamente abandonados por las autoridades».
Un grupo de mujeres migrantes seleccionan, lavan y almacenan frutas y vegetales donados por locatarios de la central de abastos. Foto: Andrea Amaya
Lo dicho por Sergio es palpable al escuchar los relatos dentro de la Casa del Migrante.
En el interior del refugio, las habitaciones están divididas en tres pisos. De un lado están las de los hombres. Del otro, las de las mujeres, niñas y niños. A través de las ventanas de cada cuarto, las personas parecen enmarcar sus movimientos entre los bastidores. Algunas observan la palmera que adorna el patio, mientras que otras hablan por teléfono.
En el lugar, el sonido de pelotas rebotando y las risas de los niños y niñas que juegan se mezclan con las conversaciones de los adultos, quienes, más que hablar sobre la situación que enfrentan, buscan calmar las preocupaciones que los acompañan, tratando temas cotidianos.
En el centro de la zona común, un grupo de diez mujeres se dedica a lavar y cortar los vegetales donados por la Central de Abastos. La mayoría de ellas son madres que, además de estas tareas, cuidan a las niñeces que las acompañan.
A poco más de tres kilómetros, dentro de la misma alcaldía, se encuentra una de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en la cual las personas en situación de movilidad esperan poder obtener un documento que les permita su estancia legal en México. Sin embargo, se enfrentan a otro reto: la burocracia extranjera.
La travesía de legalismos mexicanos comienza en Naucalpan, Estado de México, donde familias enteras esperan hasta tres días, a la intemperie y con recursos limitados, para poder comenzar apenas los trámites de asilo humanitario.
Según información de distintos medios, en el lugar se han registrado conatos de bronca, tras verse rebasados por el número de migrantes que han solicitado ayuda.
El Padre Luis habla sobre esto:
«A mi parecer, la COMAR no está fortalecida, ni siquiera tenemos el nombre de un titular. Le quitaron presupuesto en un momento importante, estuvo cerrada meses, y solo se limitaban a dar información en su página de Facebook. Con la información no se come, la gente no trabaja, ni hace nada. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a aumentar la cantidad de solicitudes, y son procesos largos, a veces engorrosos. Porque parece que hay un pre-registro en Naucalpan y después tienen que venir para acá (Iztapalapa)».
Preocupado, el Padre Luis lanza un par de preguntas: «¿Qué va a hacer una señora que tiene cuatro hijas y viene sola? ¿Cómo se va a mover a Naucalpan? ¿Cuánto tiempo le va a tocar? ¿Quién le va a dar de comer mientras? ¿Quién le va a dar atención médica a los niños y niñas? ¿Dónde van a hacer del baño cuando estén haciendo las largas colas en la COMAR? ¿Quién las va a hidratar?»
Ante los cuestionamientos del padre, en entrevista con Pie de Página, la Comisión se limitó a responder que no podía brindar información sobre la situación actual al no contar con una persona al mando, situación que prevalece desde hace tres meses. Sin embargo, de acuerdo a información extraoficial obtenida por el periódico La Jornada, ya existe un nombramiento para este cargo. Se trata de Xadeni Méndez Márquez, exdirectora de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de Migración (INM).
«Fue presentada el miércoles pasado a los coordinadores de área de la COMAR y se comunicó a algunos organismos internacionales su nuevo encargo», señala la nota.
Pero, a vísperas del nombramiento, la incertidumbre sigue entre los migrantes.
Volvemos con Amanda, quien recapitula:
«Para todos los migrantes, emigrar es un momento muy difícil porque nos exponemos a muchos peligros, como caminar por la calle de madrugada. En esta flotilla migratoria, muchas personas se aprovechan de nosotros los migrantes. Muchos intentan estafarnos con dinero, por lo que corremos muchos peligros. Yo estuve protegida por Dios, porque, a diferencia de otras personas, algunas fueron violadas, secuestradas, y yo no».
Además de su suerte, Amanda tiene algo que otras, como ella, no tienen en este momento: un refugio.
Yosselin habitante del campamento migrante de venezolanos ubicado a un costado de la Central de Autobuses del Norte sobre Avenida Eje Central. Foto: Andrea Amaya
En el histórico barrio de La Merced, la Plaza de la Soledad, al igual que la Casa del Migrante, se ha convertido en el hogar temporal de cientos de personas. Todas provenientes de distintas latitudes. Buscan cruzar la frontera de México con Estados Unidos. Ellas habitan los alrededores de la Parroquia de la Santa Cruz. Sus viviendas provisionales son casas hechas con madera, láminas, casas de campaña y plásticos.
Entre las viviendas improvisadas que hay frente a la parroquia se encuentran Iraluz, Jennifer y sus pequeños hijos.
Iraluz tiene 21 años, y su pequeña hija tiene tres. Ambas son de Venezuela. Jennifer tiene 28, y es de Colombia. Las tres acaban de llegar a la Ciudad de México. Buscan llegar a los Estados Unidos.
«Muchas familias tienen el apoyo para llegar directamente allá, pero muchos de nosotros venimos guerreando por muchos meses. Hemos puesto a nuestros hijos en medio de peligros para cumplir un sueño: darles una vida mejor», dice Jennifer, quien le pide a Dios que ablande el corazón de Donald Trump «y piense un poquito en la nueva generación, que son los niños. Ellos pueden ser el futuro y el mañana de Estados Unidos, para que prospere».
Como Iraluz, Jennifer se siente mal por las nuevas políticas de Trump y la cancelación del CBP ONE. «Era nuestra única esperanza de entrar de forma legal al país», dice. Y agrega:
«Nosotras nos expusimos a nosotras mismas y a nuestros hijos en el camino para llegar. Yo vengo con mi niña de tres años. Salí de Venezuela en octubre y apenas hoy (22 de enero) llegué aquí a la Ciudad».
Campamento migrante frente a la parroquia de la Santa Cruz, ubicada en la Plaza de la Soledad en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto: Andrea Amaya
Sin conocerlas, Valeria Scalisse, responsable del área de acompañamiento psicosocial en el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), explica la situación de éstas tres mujeres, y también, la falta de protocolos en el gobierno para atenderlas.
«En IMUMI realizamos una recolección de datos sobre la salud mental de las mujeres, enfocándonos en aquellas que buscan protección internacional, pero también incluyendo a mujeres retornadas y deportadas. Identificamos cuatro temas constantes relacionados con la salud mental: trauma complejo o estrés postraumático, ansiedad, depresión y desarraigo», señala Scalisse.
Y añade:
«Para las mujeres retornadas y deportadas, la salud mental es clave en su proceso de reintegración. Muchas llegan a México con un profundo sentimiento de vacío y frustración, ya que sus proyectos de vida estaban destinados a Estados Unidos. Ahora deben enfrentar la realidad de empezar de nuevo en un país que, en muchos casos, las rechaza».
Aunado a esto, agrega, «el discurso de que ‘no van a poder acceder a derechos’ se sumaba a la discriminación y la xenofobia, exacerbando su desesperanza». Ante esto, precisa la integrante de IMUMI, es fundamental el trabajo en albergues para atender estos casos. Sin embargo, resalta, no existe suficiente capacitación en estos espacios para atender estas problemáticas.
«En 2022, la Suprema Corte determinó que el Estado mexicano incurrió en omisiones al no proteger los derechos de personas devueltas bajo el Protocolo de México. No se incorporó una perspectiva de género, no se respetaron los derechos humanos, y hubo actos violentos contra esta población. Se propuso un plan de protección, pero no se publicó en el Diario Oficial. Es crucial garantizar que no se repitan estas violaciones, especialmente con el aumento de deportaciones y personas que se quedarán en México».
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Por eso, señala que es fundamental trabajar con las autoridades para recordarles que existen leyes que deben respetarse, pero también es importante fortalecer el tejido social. La comunidad puede jugar un papel clave en acompañar y defender a las personas migrantes, especialmente cuando las autoridades no cumplen con su deber.»
Y añade:
«Desde Imumi, tenemos un modelo de atención integral que incluye una ruta psicojurídica y otra específica para casos de violencia. Estos modelos nos permiten priorizar casos urgentes, como la atención a la salud sexual y reproductiva de mujeres que han sufrido violencia durante su tránsito. Además, realizamos talleres en albergues enfocados en salud mental, emociones y acceso a derechos. Estos talleres son multidisciplinarios, involucrando a abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales para atender las necesidades de las personas migrantes de manera integral».
Un par de casas provisionales después, también en la plaza de la Soledad, se encuentra Eddy con un grupo de compañeros venezolanos. Ellos charlan, se ríen y escuchan reggaetón desde su bocina.
Eddy llegó a la Ciudad de México en abril del año pasado y se ha empleado en distintos trabajos para sobrevivir.
«Nosotros somos venezolanos, cruzamos siete países y, bueno, no es fácil estar esperando la oportunidad de pasar para Estados Unidos. Hoy sentimos que no se pudo, pero aquí estamos, en el nombre de Dios, para salir adelante y seguir triunfando por nuestras familias».
Ante la poca certeza que tienen sobre la situación en la frontera, aseguró que, de no ser posible cruzar, le gustaría quedarse en la ciudad:
«Yo trabajo en una construcción, y si nos permiten la oportunidad de estar aquí en la Ciudad de México, me gustaría quedarme y seguir trabajando. El único que sabe es Dios. Hay muchas personas que estamos esperando la oportunidad de pasar a Estados Unidos, no sabemos cuándo, pero que sea la voluntad de Dios».
Eddy no sabe que, su estancia en México, también es parte de una guerra comercial.
La doctora Leticia Calderón explica que, durante décadas, el modelo económico estadounidense buscó mano de obra barata en lugares lejanos, como las maquilas en México.
«México ha sido un proveedor clave de mano de obra migrante, tanto para su mercado interno como para Estados Unidos. Sin embargo, ahora que se habla de reactivar la manufactura en Estados Unidos, surge la pregunta: ¿quién va a trabajar en esas industrias si se rechaza a los migrantes? Esto expone una contradicción en las políticas migratorias y económicas».
Y añade:
«Llevar manufactureras a Estados Unidos suena interesante porque es una activación de la mano de obra, pero el mercado laboral ha cambiado brutalmente. Estados Unidos necesita el trabajo de los migrantes.
A unas cuadras de la Central de Autobuses del Norte, en uno de los camellones de Eje Central, las personas que no lograron ingresar a un albergue montaron un pequeño barrio improvisado al que han nombrado «El Barrio La Esperanza». Esa pequeña colonia es el reflejo del pensamiento de muchas personas que buscan llegar a Estados Unidos, aún pese a las restricciones y amenazas de ser deportadas.
En la entrada, un letrero con la leyenda «Quien me protege no duerme» es la señal de que se entra al hogar de una centena de personas en tránsito.
Hasta el fondo de las casas de madera y cartón, Yosselin hace de comer y, aunque todo el tiempo trata de mantener una sonrisa, cuando narra su travesía, la tristeza es notoria. Fue testigo de cómo un río casi se lleva a una mujer junto con sus hijos en una selva cuya ubicación desconoce.
Yosselin viaja con sus cinco hijos. Aún no sabe a dónde llegar en caso de que pueda ingresar a Estados Unidos. Solo sabe que quiere ser parte del 4.8% de la fuerza de trabajo en ese país. La misma que corresponde a las personas que viajan sin documentos en busca de una vida distinta.
Al salir del Barrio La Esperanza, un joven de poco más de 20 años muestra entusiasmado una planta de chile que viene cargando desde Colombia. En México dio dos pequeños retornos y espera que, en algún punto, pueda estar en una casa disfrutando de comida acompañada de lo que cosechó. Por lo pronto, como las personas que se encuentran en albergues, se mantiene a la expectativa de lo que pueda suceder, y, haciendo honor al barrio donde habita temporalmente, nunca pierde la esperanza.
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