Texto y fotos: Arturo Contreras Camero

Una comisión de 126 organizaciones de toda Latinoamérica logró la empatía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se comprometió a crear una jurisprudencia ante el Fracking en todo el continente

BOULDER, COLORADO.- Este miércoles, 126 organizaciones de la sociedad civil miembros de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, representadas por siete ciudadanos, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno de los máximos órganos de promoción de derechos humanos en el continente, que tome las medidas necesarias para detener los nocivos efectos que trae la extracción de hidrocarburos por medio de la fracturación hidráulica.

La exposición de estos latinoamericanos, entres los que se incluían expertos técnicos, abogados y luchadores sociales de Colombia, Argentina, México y Bolivia, (las regiones con mayor presencia de estas técnicas de extracción en las Américas) fue tan efectiva, que al final de la audiencia pública, los asistentes aplaudieron.

Incluso, la comisionada presidenta, Margarette May, quien lideró la mesa durante la audiencia, se mostró positiva ante la petición:

“Estoy muy agradecida de que haya surgido esta audiencia, y me da mucho gusto que esta audiencia haya sido solicitada por un grupo tan grande”, dijo después de la intervención de los latinos. “Creo que la Comisión, por sí misma, después de haberlos escuchado, debería de designar a alguien que tome la responsabilidad para obtener información acerca de esta práctica que parece ser tan destructivo en tantas fromas”.

“Yo creo que la comisión debería de considerar todas estas solicitudes”, dijo entusiasta a sus interlocutores. “Así crearemos jurisprudencia en este asunto. Veamos qué podemos hacer para prevenir a la humanidad de los peligros y tal vez, como ustedes dijeron, contener los riesgos”.

Estos comentarios fueron hechos durante la sesión 169 de la Comisión, que se lleva a cabo en el poblado de Boulder, Colorado; una pequeña ciudad al este de Denver (que prohibió la fractura hidráulica hace unos pocos años). Aquí se dieron cita una decena de organizaciones de la soiciedad civil de toda América para presentar sus peticiones ante la CIDH, que van desde temas ambientales, de género, de justicia indígena y que cruzan por los derechos humanos.

Sin embargo, no todos los comisionados se mostraron tan optimistas ante la solicitud. Antes de la intervención de la comisionada presidenta, el comisionado Francisco José Eguiguren Praeli, de Perú, se mostró reticiente, e incluso preguntó a los ponentes si su intención era que se prohibiera esta técnica, que, según dijo, aun hoy es necesaria para el desarrollo de toda la humanidad.

A la audiencia, tambén asisitió Soledad García Muñoz, la primera Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), una relatoría especial creade hace un año por la Comisión para atender temas especializados en esta materia.

Después de la audiencia, los siete enviados de la Alianza se reunieron en privado con la relatora García Muñoz. Durante la reunión, que no duró más de cinco minutos, la relatora les solicitó su ayuda y coolaboración para avanzar en las medidas necesarias para detener las amenazas que el fracking presenta para todo el continente, si no es que para todo el planeta.

El fracking, fractura hidráulica o extracción no convencional de hidrocarburos, como también se llama a esta técnica, consiste en la perforación de pozos a grandes profundidades. Estos son inyectados con una mezcla de agua, químicos tóxicos y sales de silicio, que pulverizan las rocas en un radio de tres kilómetros al pozo, lo que permite extrar gas natural u otros hidrocarburos que han permanecido atrapados en el subsuelo desde hace miles de años.

Esta técnica, según Ricardo Ochandia, experto petrolero que coolabora con la Alianza, se ha empezado a aplicar cada vez más en el mundo, desde hace unos pocos años, debido a la baja en la producción en pozos de hidorcarburos convencionales y a la amenaza latente de que este tipo de recursos energéticos se terminen.

Uno de los alegatos de la comitiva de la Alianza, fue que esta técnica se realiza en medio de profundas debilidades institucionales por parte de los gobiernos, quienes no ponen las medidas necesarias para que sea inspeccionada, vigilada y controlada, como explicó Liliana Ávila, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, una de las expositoras durante la audiencia.

“Los gobiernos promueven esta técnica sin que exista evidencia que demuestre su inocuida, y sin la aplicación del principio de precaución”, aseguró la abogada colombiana. “La forma en la que se está proyectando esta actividad está generando tensiones sociales. Las resitencias locales al fracking han deribado en agresiones a defensores y defensoras ambientales”.

Esta, no es una característica exclusiva del fracking en el continente, sino que es presente en todos los proyectos extractivos, mineros o de megadesarrollos energéticos en Latinoamérica, donde, sin importar la voluntad de los pueblos que habitan las zonas donde se pretenden realizar, se instalan a todo costo.

Por ejemplo, en Papantla, Veracruz, la región de México donde actualmente existe la mayor cantidad de pozos que emplean esta técnica, se han encontrado residuos tóxicos en el agua que podrían afectar a 23 generaciones de sus pobladores, como expuso ante la CIDH Alejandra Jiménez, ambientalista de esa zona.

Otro ejemplo es la zona al noreste de la provincia de Chubut, al sur de la Argentina, donde se producen las arenas de silicio, que se emplean como arena aditiva en la mezcla que fractura las piedras. Ahí, las previsiones de seguridad entre los trabajadores son tan pocas que se ven afectados por enfermedades relacionadas a la exposición de estas arenas. E incluso, las poblaciones cercanas también, pues el viento arrastra estas arenas a sus calles, donde son inhaladas por mujeres, niños y el resto de la población.

Así mismo, en el poblado de San Martín, en el norte de Colombia, la noticia de que se harían ahí los proyectos piloto de la extracción no convencional alarmó a la población, que se organizó para detenerlo. En respuesta el gobierno mandó a las fuerzas públicas que a punta de balas y gases lacrimógenos han dispersado las protestas sociales. Doris Estela Gutiérrez, una señora de mediana edad, madre de familia que hasta en su forma de hablar es dulce, ha sido obligada a convertirse en una de las lideresas de la región. Ella asegura que el gobierno la ha tildado de criminal, guerrillera y hasta de terrorista.

“Las comunidades hemos promivido consultas populares, como mecanismos de participación democrática, y hemos votado en contra de las actividades mineras y petroleras en nueve municipios donde se han realizado consultas”. Dijo la señora Doris, con voz temblorosa, cuando leía su muy ensayado discurso durante la audiencia. “El 97 por ciento de los ciudadanos se oponen a los proyectos extractivos, sin embargo el gobierno estatal ha desconocido estos resultados”.

“Venimos en representación de familias y campesinos y pescadores que durante años han sobrevivido labrando y cultivando su alimento. No queremos ser desplazados de nuestros territorios ni perder nuestras costumbres para ahora ser empleadores de empresas petroleras y convertirnos, en algo que no somos”, concluyó.

Ella sabe que sus palabras y las de sus compañeros pueden ser determinantes para el destino de todos los pobladores de latinoamerica.

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