Por primera vez en la historia reciente se abre el camino para juzgar a los expresidentes de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que es constitucional que los ciudadanos sean consultados sobre la pertinencia del juicio. Más allá de la rabia de algunos, la determinación judicial abre el camino a un nuevo mapa político en el país

@anajarnajar

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sabían que quedarían como el cohetero: 

Si votaban sí, recibirían tomatazos y abucheos. Por el contrario, si aprobaban un no, serían calificados como sometidos, la rabia de los críticos en demanda de su linchamiento.

La manzana de la discordia fue la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se realice una consulta popular, y decidir si los últimos cinco expresidentes deben ser investigados y eventualmente, someterles a juicio.

La decisión de la Corte fue histórica. Por mayoría de votos rechazó una propuesta para declarar inconstitucional la consulta, con el argumento de que violaba los derechos humanos de los exmandatarios.

Como en casi todo lo que concierne a AMLO, especialmente cuando le va bien, la determinación de los ministros desató la furia intelectuales, académicos, líderes empresariales, periodistas y políticos opositores a la Cuarta Transformación, el proyecto político del presidente.

Lo curioso es que algunos de ellos han sido férreos defensores de la SCJN cuando surge alguna crítica de López Obrador. Y ahora sucedió lo contrario.

Uno de los argumentos centrales de su furia es que el presidente doblegó a la Corte, y que el poder Ejecutivo se convirtió en “el poder de poderes”.

Más allá de la esquizofrenia de creer que la Corte es independiente pero al mismo tiempo se somete a otro poder, lo cierto es que en el debate de furia y odio perdieron, de nuevo, la dimensión real del asunto.

Porque en el fondo el tema les favorece. El debate de los ministros se concentró, en parte, en la necesidad de que el poder Judicial asuma su responsabilidad de garantizar la equidad democrática del país.

En el debate algunos ministros recordaron que las consultas populares, establecidas en el artículo 35 de la Constitución, son un camino efectivo para que los ciudadanos adquieran el poder de decisión que históricamente se ha concentrado en los gobernantes.

La democracia participativa se convierte, en los hechos, en un efectivo sistema de control para los eventuales excesos de políticos, gobernadores y, claro, presidentes de la República.

Sirve, también, para contener aspiraciones autoritarias. Quienes tanto gritan ahora que López Obrador lleva al país a una dictadura podrían mirar la sentencia de la Corte. Difícil que lo hagan. El odio los tiene ciegos.

Uno de los argumentos de los ministros parece explicar la furibunda reacción de los adversarios de la 4T. La consulta popular es una especie de válvula de escape, una forma de desfogar la indignación ciudadana ante ciertos temas, dijeron. 

Y en el escenario actual de algunos sectores del país la decisión de la Corte puede desactivar posibles conflictos sociales. 

Lástima. A quienes desde hace semanas se afanan en crear una narrativa de ingobernabilidad, los que siguen paso a paso los manuales de desestabilización, la SCJN los dejó sin una herramienta.

Que no pierdan la esperanza. Porque el aval a la consulta es el primer metro en un largo camino a la justicia. El siguiente paso es que por lo menos el 40% de los registrados en el Padrón Electoral respondan sí a la pregunta reformulada por la Corte.

Y después hace falta librar otro obstáculo. La propuesta de López Obrador era que se avalara una investigación a los últimos cinco expresidentes, pero los ministros cambiaron la redacción.

El texto se refiere, ahora, a “actores políticos”, en términos generales. El cambio pretende vestir constitucionalmente a la consulta, de manera que los expresidentes no puedan alegar una aplicación selectiva de la justicia.

Pero al mismo tiempo puede generar confusiones, sobre todo porque el proceso inicial era sancionar los posibles delitos cometidos por Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

López Obrador dice que los ciudadanos van a despejar dudas. Tal vez. Lo que no está claro es cuál puede ser la conexión directa de esta consulta con una investigación de los expresidentes.

Porque la pregunta autorizada por la Corte se refiere a “actores políticos”. Y eso siempre ha sido posible. Las leyes no exentan a quienes se dedican a la política.

Están obligados a cumplirlas. En términos generales, no se necesitaría una consulta para cumplir el mandato de las autoridades. 

Y en el caso de los expresidentes existen otros procesos legales a cumplir antes de investigarles y, eventualmente, aplicar una sanción. Uno de ellos es su desafuero.

En el fondo se trata de un asunto que rebasa la política electoral y partidista. La determinación de la Corte abre la puerta a la democracia participativa.

Los ciudadanos encontraron la llave de un espacio que, hasta ahora, era exclusivo de las élites, gobernantes, políticos, empresarios y opinadores por ejemplo.

Lo que sigue es sacarle provecho. Hay muchos espacios donde las decisiones corresponden, también, a la gente de a pie.

Falta aprender la geografía de este nuevo México.