En Honduras, el mayor país expulsor de migrantes de Centroamérica, el que tiene la ciudad más violenta del mundo y uno de los espacios de mayor lucha y resistencia ciudadana, es el escenario de arranque de la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia que recorrerá 5 mil kilómetros, hasta Nueva York, para exigir un debate de la política antidrogas que en este lugar ha dejado muerte, despojo y miseria.

Texto y fotografía: Ximena Natera. Texto: Daniela Pastrana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Es domingo santo. Decenas de personas y defensores de derechos humanos se dirigen hacia el arranque de la Caravana por la paz, la vida y la justicia, un largo andar por América que buscará debatir la política de guerra antidrogas, impulsada desde Estados Unidos.

El arranque de la Caravana, que recorrerá más de 5 mil kilómetros desde este país hasta Nueva York, coincide con el aniversario del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), uno de los grupos más fuertes de lucha y resistencia de este golpeado país.

El camino al sitio de arranque, en esta capital centroamericana, está tapiazado con el rostro de Berta Cáceres, una líder indígena y ambientalista, defensora de derechos humanos y fundadora de Copinh, que por su trabajo fue asesinada en su casa, hace 24 días.

Por eso este domingo santo es tan especial. Porque en el rostro de Berta, en el aniversario de Copinh y en el caminar de la Caravana está simbolizada la indignación de los ciudadanos por la violencia, pero también la resistencia de un pueblo que busca vivir en paz.

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Este largo caminar por América, que busca llegar a Nueva York el 18 de abril, en la víspera del arranque de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) -que después de 18 años volverá a discutir sobre la política de drogas- busca abrir un diálogo entre la sociedad civil de Honduras, Salavador, Guatemala, México y EU sobre la política de guerra contra las drogas, que ha dejado en la región centenares de miles de muertos, desplazados, detenidos, desaparecidos.

Ted Lewis, de la organización Global Exchange que organizó este andar, confió en que la caravana sea una oportunidad sin precedentes para revisar y reorientar las políticas de drogas nacionales y el futuro del marco internacional para el control de drogas en un momento en el que en Estados Unidos hay un debate fuerte de la justicia criminal y un reconocimiendo de la tesis de Michelle Alexander sobre el New Jim Crow (legalizar la discriminación).

“Es un momento muy importante y de hecho estamos en contacto con las dos campañas (presidenciales) para invitarlos al acto final”, señaló Lewis, quien destacó que la caravana coincide también con el inicio de las primarias demócratas.

También participan una treintena de activistas de Honduras, Salvador, Guatemala y México, y el diputado del partido Sebastián Sabini del Frente Amplio de Uruguay, que ha venido a explicarles las razones que los llevaron a legalizar el uso de mariguana en ese país, como una medida alternativa para enfrentar el narcotráfico y el consumo de drogas ilegal.

“La militarizaciones y los aparatos represivos no nos llevan a un lugar mejor. Hay países que se están dando cuenta de que no funciona”, dijo el diputado Sabini, quien alerta que el mayor riesgo de que esta política se extienda en la región es la narcopolítica.

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Honduras es un país de 8 millones habitantes y uno de los más pobres de América Latina, es el principal expulsor de migrantes de centroamerica a EU porque el país no logra reponerse del desastre económico que dejó el Huracán Mitch en 1998 ni de los efectos políticos del golpe de estado de en junio de 2009, cuando fue depuesto Manuel Zelaya.

“Aquí estamos empezando a ver cosas que en México ya han pasado”, consideró Thelma Mejía, una experimendtada periodista, en referencia a la infiltración de narcos y grupos de poder y políticos.

Thelma se refiere al caso de los Rosenthal. En octubre del 2015 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos determinó a Jaime Rosenthal -fundador del banco continental ex vicepresidente una de las familias más poderosas de Honduras-, su hijo Yani y su sobrino Yankel como «traficantes de narcóticos especialmente designados» según la Ley Kingpin, siendo la primera vez que se cataloga a un banco fuera de Estados Unidos en esta categoría.

El problema en Honduras es una mezcla de poder criminal, de traspazo, de pandillas como las maras y de institucionalidad.

Pero la gente en Honduras está harta y siguiendo el ejemplo de lucha de Berta y otros líderes derechohumanistas, ha provocado que la tierra se mueva:

En el 2016 entrará en funciones la Misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad MACIH y se instalará la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. Además, estará la comisión para vigilar los fondos de la Alianza para el prosperidad, un acuerdo firmado entre Estados Unidos, Honduras El, Salvador y Guatemala para impulsar el desarrollo y frenar la migración.

Quizá por todo ese movimiento –de resistencia y violencia- la Caravana arrancó en Honduras. En su paso por este país centroamericano, recorrerá La Ceiba, Progreso, San pedro Sula –la ciudad más violenta del continente—y a la Esperanza, donde está la resistencia de los lencas.

Carlos Sierra, hondureño, integrante de Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en (Ciprodeh) y de la fundación Friedrich Ebert, opinó que el gobierno de Honduras está obligado a dialogar con los grupos a los que no ha querido escuchar: los líderes ambientalistas, como Berta, indígenas y migrantes.

“El hecho de que la caravana arranque aquí además de visibilizar todos los problemas, puede propiciar que el tema se incluya si lo que se ha hecho en la lucha contra las drogas no se ha hecho bien”.

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Como parte del arranque de la Caravana, en esta capital se llevó a cabo el Foro de organizaciones. Aquí habló Sandra Maribel Sánchez, de Radio Progreso, un espacio de apoyo a migrantes.

“Si no nos matan de un palazo, nos matan de hambre”, dijo.

Ella, como el resto de los participantes, considera que la guerra contra las drogas –el tema de esta Caravana- es una política de Estado, una guerra que a través del terror y militarización, busca el control territorial para quedarse con los bienes comunes.

En este foro resuena la idea de que la política antidrogas tiene en sus entretelones la legalización del despojo del territorio.

“Somos los países del sur (de Estados Unidos) quienes ponemos los muertos. Si nosotros no iniciamos una discución sobre nuevas políticas anti drogas nadie más lo va a hacer”, destacó Sabini, el político Uruguayo que viajó desde más al sur para compartir la experiencia de su país con el resto de América.

En algo entán de acuerdo los participantes de los países que conforman la caravana, la guerra contra las drogas se convirtió en algún punto en una guerra contra las personas. Y aquí, en Honduras, las personas están perdiendo.

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