La cámara de espionaje localizada en un salón de Palacio Nacional es un incidente grave, por más que el presidente López Obrador quiera bajar el perfil del caso. Es un flanco de vulnerabilidad en el cuidado de la vida del jefe del Estado Mexicano

Twitter: @anajarnajar

Sonriente, como si presumiera una compra recién hecha, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró a los periodistas una pequeña cámara localizada en un salón de Palacio Nacional.

Es un aparato minúsculo. Por la base donde fue montada parece que se colocó en el techo de uno de los comedores del edificio.

No se sabe quién la puso allí, ni tampoco lo que pudo haber grabado. Según el presidente era necesario que, cada cierto tiempo, se le retirase manualmente la memoria al aparato.

Es un modelo viejo, fácil de comprar por internet o en tiendas de aparatos electrónicos. Sirven para vigilar las casas cuando los propietarios están ausentes, y eventualmente para vigilar los centros laborales.

¿Estaba allí desde el gobierno de Enrique Peña Nieto? preguntaron al presidente. “No lo sabemos”, respondió, y luego insistió en quitar importancia al asunto.

“Estoy muy atareado, tengo mucho trabajo y quienes me ayudan en el gobierno lo mismo. No vamos a distraernos” dijo.

Sin embargo, el tema no es cuánto tiempo laboral debería invertirse sino lo que significa encontrar un aparato de vigilancia –por muy viejo o rudimentario que sea- a unos pasos del despacho presidencial.

Y no es que el espionaje sea ajeno a México. El país tiene un largo camino en esa ruta, inclusive con episodios dramáticos.

Es preocupante que se vigile al presidente de la República. Pero también es grave que, al menos públicamente, se decida ignorar el asunto.

Desde el principio López Obrador dijo que su gobierno no espiaría a nadie, e inclusive canceló el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Fue una decisión controvertida. Los servicios de inteligencia son fundamentales para mantener la estabilidad de un país. 

No se trata de espiar a opositores o periodistas, como se hacía en gobiernos anteriores, sino de prevenir acciones de delincuencia organizada o inclusive ataques armados o terroristas.

Es peligroso abandonar esa tarea, sobre todo ante el creciente clima de violencia y la mayor militarización de la delincuencia organizada.

Ciertamente, en descargo, es verdad que el Cisen dejó de operar, pero se mantuvieron las áreas de contrainteligencia en el Ejército y sobre todo la Marina.

¿Es suficiente? Quién sabe. Porque hace rato que los sicarios del narco y “huachicoleros” portan armas de guerra. Ya son varios años en que las disputas entre bandas se resuelven con violencia extrema.

Hace mucho que los capos participan en política, apoyan campañas y amedrentan adversarios de sus candidatos.

Hay más. En el controvertido ambiente en que se desenvuelve el gobierno de López Obrador, con adversarios políticos ansiosos de cazar cualquier error o dato irregular para organizar escándalos o campañas en redes, no debe pasarse por alto el incidente de la camarita.

Porque si no se investiga quién colocó el aparato y lo que pudo haber filmado, se envía el mensaje de que el presidente de México es vulnerable.

En cualquier momento puede colocarse un equipo de espionaje en el mismo despacho presidencial.

Es verdad que el estilo del actual presidente es muy distinto al de sus antecesores, pero inclusive en el afán de transparencia de su gobierno hay temas que es conveniente mantenerlos en la discresión.

López Obrador dice que lo cuida el pueblo. Pero a veces, sobre todo en la seguridad y cuidado del jefe del Estado Mexicano, el apapacho de la gente no basta.

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