Nadie pone en duda el triunfo de Claudia Sheinbaum, pero si el Tribunal Electoral no analiza a fondo las impugnaciones de la oposición, estará abonando a la impunidad y dejando un precedente poco conveniente para la democracia.

Por Ernesto Núñez Albarrán / X: @chamanesco

Las autoridades electorales han entrado a la etapa final del proceso electoral 2023-2024, con tres temas importantes sobre la mesa: la fiscalización de ingresos y gastos de todas las campañas, el desahogo de las impugnaciones que se han promovido ante el Tribunal Electoral y la asignación de las diputaciones federales por el principio de Representación Proporcional.

El tercero de estos temas ha generado una batalla al menos de narrativas, entre el oficialismo y la oposición. Morena y sus aliados confían en llegar a las 370 curules en la Cámara de Diputados, basados en un acuerdo aprobado en diciembre por el Instituto Nacional Electoral, en el que se establece que el límite a la sobrerrepresentación (de máximo el 8 por ciento respecto a los votos obtenidos en los comicios) debe aplicarse por partido político (tal como dice la Constitución), y no por coalición, como lo han planteado los dirigentes de oposición, analistas y expertos en materia electoral.

La diferencia es significativa: si el límite de sobrerrepresentación se aplica por partido, Morena, PVEM y PT alcanzarían 370 diputaciones (74 por ciento de las 500), con lo que tendrían una holgada mayoría calificada de dos terceras partes, necesaria para reformar la Constitución. Si se aplicara por coalición, como argumentan juristas y ex consejeros electorales, entonces no podrían llegar al 66 por ciento, pues la votación de los partidos ya coaligados fue del 55 por ciento el 2 de junio pasado, y máximo podrían alcanzar 63 por ciento de la Cámara.

La batalla parece ganada por la coalición Morena-PVEM-PT, pues el INE ya adelantó que aplicará el acuerdo de diciembre y sólo la consejera Claudia Zavala se ha pronunciado a favor de aplicar el límite del 8por ciento por coalición, y no por partido.

El debate, sin embargo, será álgido en medios y en el Consejo General del INE (donde los partidos tienen voz, pero no voto), y quizás en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde irá a parar el acuerdo que el INE aprobará en agosto asignando las diputaciones plurinominales que le tocarán a cada partido en la próxima Legislatura.

Ese debate debería arrojar luz de cara a una eventual reforma político-electoral. Quizás en lugar de plantear la desaparición de las “pluris” ―una idea que no va a transitar ni siquiera en las filas de sus partidos aliados, PVEM y PT―, la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, debería convocar a que se analice la forma en la que se asigna la Representación Proporcional

La deficiente fiscalización

Otro tema que se resolverá pronto es el de la fiscalización de los ingresos y gastos de partidos y candidaturas. El proceso es complejo, pues a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE le corresponde la revisión de los más de 20 mil informes de candidatos locales y federales.

Con más de 17 mil candidaturas fiscalizables, el INE tuvo que emprender la revisión de ingresos por más de 6 mil 535 millones de pesos y gastos por 6 mil 541 millones de pesos y, en una primera propuesta de dictamen, la UTF ha detectado irregularidades que involucran más de 100 millones de pesos, por las que el INE estaría aplicando multas por 390 millones de pesos.

Según la nota de Érika Hernández publicada en Reforma este domingo, en esta primera propuesta el partido más multado sería el PAN (99.1 millones de pesos), seguido de MC (97.1 mdp), Morena (69.7 mdp), PRI (47.1 mdp), PRD (38.8 mdp), PVEM (28.4) y PT 9 mdp).

Las multas son menores, comparadas con el volumen de dinero gastado en las campañas, y con multas que se han aplicado en otros procesos electorales. Pero lo más relevante de esta información preliminar es que confirma una actitud permisiva y complaciente del INE con los partidos, así como falta de exhaustividad en su labor de auditoría a los partidos.

Un ejemplo de las limitaciones que enfrenta la fiscalización en este 2024 ocurrió recientemente, cuando la Unidad de Fiscalización y consejeras electorales lamentaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, a cargo del morenista Pablo Gómez desde 2022, haya decidido negarle sistemáticamente información a la autoridad electoral.

Una fiscalización deficiente, como la que se alcanza a percibir en el actual proceso, no abona a la transparencia ni al fortalecimiento de la democracia. Ése es otro tema que, con buenas intenciones, podría discutirse en una próxima reforma electoral, si lo que quisieran Claudia Sheinbaum y sus legisladores fuera fortalecer el sistema electoral y las capacidades del árbitro.

El desahogo de las impugnaciones

Nada de lo que ocurra en las próximas semanas y meses con los más de 200 juicios de inconformidad interpuestos por los partidos contra los cómputos distritales, ni con las impugnaciones que promovieron Xóchitl Gálvez, el PAN-PRD y el PRI, cambiará la historia de las elecciones 2024.

Nada impedirá que el Tribunal Electoral declare la validez del proceso, ni que Claudia Sheinbaum reciba su constancia de presidenta electa en el mes de agosto. La certeza proviene de un proceso electoral técnicamente bien instrumentado, en el que la ciudadanía recibió y contó los votos correctamente, y de la amplísima ventaja con la que ganó la candidata de Sigamos Haciendo Historia.

Sin embargo, tanto en el juicio de protección de los derechos políticos de la ciudadanía promovido por Xóchitl Gálvez, como en las impugnaciones de los partidos que la postularon, hay señalamientos graves sobre los cuales deberían pronunciarse las magistradas y magistrados que van a calificar la elección.

• La intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador durante todo el proceso electoral, que ha sido confirmada ―y sancionada, aunque sin consecuencias― por la Sala Superior y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral.
• El uso de recursos públicos y programas sociales para beneficiar al partido en el gobierno y sus candidatas y candidatos; una acción de la que se acusa al presidente, a secretarios de Estado, gobernadores y a los últimos eslabones de la estructura gobierno-partido: los servidores de la Nación.
• La interferencia del crimen organizado, un poder fáctico que asesinó, amenazó, secuestró e hirió a candidatas y candidatos; amedrentó a partidos y a autoridades electorales; generó zonas de silencio donde no hubo campañas, cobertura periodística ni observación electoral, e influyó en los resultados, sobre todo a nivel municipal.
• Finalmente, Xóchitl Gálvez y los partidos acusan en sus impugnaciones una actuación parcial de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a quien se le reprocha una actitud complaciente con el oficialismo y hostil con la oposición. Resulta interesante que, además, se acusa negligencia por parte de la Unidad de lo Contencioso Electoral, el área técnica encargada de resolver las quejas de los partidos que, con sus omisiones respecto a las infracciones de Morena y sus gobernantes, habría generado “un contexto de impunidad” que inclinó la balanza en favor del oficialismo.

Insisto: a pesar de la gravedad de estos señalamientos, nada cambiará la historia de las elecciones. Claudia Sheinbaum puede estar tranquila, pues su triunfo será confirmado.

La calicalificación de las elecciones presidenciales está en manos de una comisión especial dominada por los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, obsequiosos con la 4T. Además, la Sala Superior contará sólo con seis de los siete magistrados en la discusión y votación de la sentencia, pues de último momento se llamará a una decana para cumplir el requisito constitucional de que la elección presidencial debe ser calificada con el voto de al menos seis integrantes.

Suponiendo sin conceder que la sexta magistrada decidiera analizar a fondo los alegatos de la oposición, hay que recordar que la presidenta del TEPJF, Mónica Soto, tiene voto de calidad en caso de empate, y nada parece indicar que Soto vaya a cuestionar la limpieza de las elecciones ganadas por Morena y el lopezobradorismo.

Lo más seguro es que no haya una sanción ejemplar al presidente López Obrador, como pretende la oposición, ni una condena enérgica al uso electoral de programas sociales. Probablemente ni siquiera haya una amonestación pública o un párrafo que -como ocurrió en 2006- confirme que el presidente se metió en el proceso. Y eso será lamentable.

Nadie pone en duda el triunfo de Sheinbaum, pero si las magistradas y magistrados no analizan a fondo los miles de hojas que tienen en sus escritorios con pruebas de lo ocurrido, y si no se pronuncian sobre los puntos cuestionados por la oposición, estarán allanando el camino a la impunidad y dejando un precedente poco conveniente para la democracia y el sistema electoral.

Urgen antecedentes jurídicos sobre el impacto de la actuación del crimen organizado en las elecciones. Si el Tribunal es omiso, y no se admite en su sentencia que hubo una interferencia flagrante de grupos delincuenciales, se estará invisibilizando un problema que ha vulnerado la democracia mexicana.

Sheinbaum puede estar tranquila con su triunfo, pero: ¿estará tranquila gobernando un país en el que el crimen organizado decide quién gana las elecciones en cientos de municipios?

He ahí otro tema para una reforma político-electoral, si lo que se decide es aprender las lecciones de 2024.