La niña Heidi Mariana Pérez Rodríguez murió con un disparo en la cabeza. La familia no tiene dudas que fueron militares, y acusa a López Obrador de obstruir la investigación para encubrirlos
Texto: Redacción Pie de Página
Fotos: María Fernanda Ruiz
CIUDAD DE MÉXICO.- El día que Heidi Mariana Pérez Rodríguez hubiera cumplido 5 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una versión sobre el asesinato en su conferencia matutina.
“Hubo un enfrentamiento entre elementos del Ejército con una banda de delincuentes y se asesinó a una niña en la balacera, en el tiroteo. Muy lamentable. […] Se hizo la investigación -creo que ya está el resultado- y se va a castigar a los responsables”.
Era lunes 5 de septiembre. Heidi Mariana recibió el impacto en la cabeza la noche del 31 de agosto, mientras era trasladada a un hospital del Seguro Social en Nuevo Laredo para ser atendida por un agudo dolor estomacal. López Obrador dijo que el mismo secretario de la Defensa había ordenado la investigación.
“Porque no hay encubrimiento y se pueden dar esos casos. Pero sí aplica el que lamentablemente es la excepción, no la regla. Se nos presenta esta situación y nuestros adversarios… se alborotan los zopilotes, la chomba”.
Las aseveraciones del presidente fueron tomadas por la familia de la menor como un acto de intervención que pretende exculpar la responsabilidad de militares, en un momento en el que presiona para que el Congreso apruebe la ley que hará depender administrativamente a la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa. Asesorada por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y un grupo de abogados, la madre y otros familiares de Heidi Mariana llegaron este jueves a la capital para refutar lo que califican como un juicio anticipado y tendencioso del mandatario, y exigirle justicia.
“Estamos aquí para pedirle al Estado mexicano que se comprometa a realizar una investigación exhaustiva, imparcial y objetiva”, dijo Raymundo Ramos, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, el activista que ha documentado desde hace 20 años actos de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales a las fuerzas armadas desplegadas en aquella frontera.
“Según las investigaciones que están haciendo los abogados, la familia y el comité de derechos humanos, la responsabilidad es de personal militar, del Ejército Mexicano”.
Las conjeturas expuestas por Ramos no solo contradicen las afirmaciones de López Obrador, sino que han sido tomadas para señalar su ligereza antes siquiera de que la Fiscalía General de la República, la instancia a quien corresponde la investigación, se haya adentrado en la integración de la carpeta. Es a esa instancia, aclara el derechohumanista, a quien corresponde ofrecer declaraciones sobre el caso, no al Ejército ni al presidente.
De acuerdo con la relatoría de la familia y sus asesores, no existió ninguna confrontación de soldados contra delincuentes, tal y como aseveró el mandatario en su conferencia matutina.
A las 10:23 de la noche del 31 de agosto, Griselda Saavedra, madre del medio hermano mayor de Heidi, Kevin, de 7 años, subió con ambos menores al auto para dirigirse al hospital del Seguro Social, distante a unos siete minutos de la casa. Es un trayecto que conoce de memoria, puesto que ella trabaja ahí, lo mismo que la madre y el abuelo de la niña. Pero al llegar al cruce de la avenida 20 de Noviembre y Dr. Mier, Griselda se vio forzada a virar hacia la derecha, puesto que un vehículo militar obstruía el paso. Circuló unos cuantos metros antes de escuchar ruido en el techo del auto, como de granizo, y ver algo parecido a unas centellas.
Fue entonces que su hijo Kevin le dijo que su hermana estaba herida. Griselda la vio cubierta de sangre, la tomó en sus brazos y volvió a tomar el volante hasta llegar a la zona de urgencias del hospital, donde la declararon muerta.
“Lo que viene después es el trato burocrático, insensible de las autoridades, de la Fiscalía de Tamaulipas. La postura del día siguiente del presidente Andrés Manuel López Obrador, intentando minimizar los hechos. ¿Por qué asumen esta postura, tanto la Secretaría de la Defensa como el presidente de México? Porque es Tamaulipas. Porque es Nuevo Laredo. Un estado que lleva dos décadas de violencia. Dos décadas de inseguridad. Dos décadas de militares. Dos décadas de fuerzas armadas. […] Tamaulipas es la evidencia más clara de que el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no funciona, no es recomendable”.
Raymundo Ramos.
Cristina Pérez, su madre, fue quien recibió el cuerpo sin vida en el hospital donde realiza sus prácticas. “Ella cumpliría 5 años el 5 de septiembre”, dijo ante los medios de comunicación reunidos para escucharla. “Acababa de entrar a tercero de preescolar… era una niña muy inteligente, protectora; era una niña muy enojona, pero siempre fue muy alegre. Siempre estaba vestida de princesita bailarina, como ella decía. Todas las noches rezaba a su ángel de la guarda y le pedía que cuidara a todos. Con esa imagen me quedo… Yo solo quiero justicia”.
En lo que va del año, otros militares han sido señalados por acciones similares en esa misma ciudad. El saldo de víctimas inocentes es de una persona muerta y siete lesionadas. Doce años atrás, otros dos menores murieron por disparos de soldados. El caso de Martín y Bryan Almazán Salazar, cuyo vehículo familiar fue tiroteado al cruzar un retén del ejército en Ciudad Mier, suscitó una defensa presidencial, entonces de Felipe Calderón, en un intento por exculpar a los efectivos, acusando incluso a los padres de pertenecer a un grupo criminal.
Aquella ocasión, Raymundo Ramos pudo coordinar acciones con otras instancias y organismos pro derechos humanos, con los que pudo demostrar la responsabilidad de los militares. Esta vez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha negado a intervenir hasta hoy, ante lo cual ha vuelto a convocar alianzas del Comité de los Derechos del Niño así como de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.
Junto con el abogado que asesora a la familia, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo emprendió un recorrido a pie por la ruta que tomó de noche Griselsa Saavedra la noche del 31 de agosto. Metro por metro, dijo Ramos, no se halló evidencia ni rastro alguno que corrobore la versión esgrimida por López Obrador.
“No hay vehículos militares impactados, no hay militares heridos, no hay fachadas que prueben que en ese lugar hubo un enfrentamiento, y no hay vehículos ajenos dañados. En ese lugar no hubo un enfrentamiento como sostiene el presidente de la República”.
Raymundo Ramos.
En su turno, Edgar Netro, el abogado que asesora a la familia de Heidi, dijo que existe evidencia para suponer que el presunto ataque militar fue directo y con intención letal. Ninguno de los neumáticos del auto conducido por Griselda Saavedra fue dañado. La trayectoria de las balas fueron de arriba hacia abajo, con dirección al techo y al vidrio trasero del sedán. “Esto nos indica que la agresión fue con una intención mortal, de quitarle la vida a quienes iban adentro del vehículo”, concluyó.
Pero el Ejército no ha conferido mayor relevancia a esos señalamientos. En su versión, no había ningún vehículo oficial en el cruce desde el cual se presume que se disparó al auto donde viajaba la niña.
Cristina Pérez, la madre de Heidi, solicitó de manera pública medidas cautelares. No solo desconfía del Ejército por la forma en la que exculpa a sus elementos, sino porque un mayor identificado como Emilio Carballo Ruiz acudió a su domicilio para ofrecerle ayuda a cambio de desistirse de sus acusaciones. La casa en donde vive con un hijo menor ha estado vigilada por vehículos militares.
“No sé cuál es la intención que tienen ellos, pero me siento intranquila por mi niño”, dijo ante los periodistas.
Raymundo Ramos tiene claro lo que hay detrás. La defensa presidencial obedece a un momento preciso de su agenda política, y es por ello que interviene, lo mismo que la Defensa, con declaraciones sobre una investigación en la que no tienen competencia.
“López Obrador no es diferente, y lo digo con evidencia, a la forma en que reaccionó Felipe Clderón”, dijo.
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