En un año marcado por la pandemia y las elecciones, la agenda de lo predecible, con sus efemérides, actos simbólicos y citas impostergables en el calendario, transcurrirá en medio de la polarización
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El año que comienza será crucial para la democracia mexicana. Marcado aún por la pandemia de covid-19 y el complejo proceso de vacunación, el 2021 será un parteaguas en la denominada “cuarta transformación”.
Como ocurre cada seis años a la mitad de un sexenio, las elecciones intermedias serán una oportunidad para evaluar al gobierno en turno. Pero como no ha ocurrido en muchos años, esta vez el país se dividirá en sólo dos opciones: aquellas fuerzas políticas y corrientes de opinión que respaldan el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, y una coalición de partidos, grupos, sectores de opinión y grupos de interés que buscan frenarlo.
La disputa electoral y el debate público politizarán prácticamente todo (incluida la Salud y, lamentablemente, la campaña de vacunación), y dividirán al país en dos coaliciones: la oficialista (Morena, PT y PVEM), con el propio presidente a la cabeza, y la opositora, conformada por el PRI, el PAN, el PRD y grupos afines que buscan arrebatarle a Morena la mayoría legislativa, impedir su avance en los estados y descarrilar a la 4T de cara a las presidenciales de 2024.
Ni MC (partido que compite solo en los comicios), y mucho menos los tres “nuevos” partidos políticos, ofrecen una tercera vía sólida y atractiva para el electorado.
La agenda de lo predecible, con sus efemérides, sus actos simbólicos y sus citas impostergables en el calendario, transcurrirá en medio de la polarización.
Para eso son las campañas electorales, para debatir y contrastar ideas y proyectos de país; pero la sobrevivencia y consolidación del sistema democrático dependerá de que los actores políticos (incluido el presidente) acaten las normas que ellos mismos han creado.
El año comienza con un parteaguas importante en la política internacional y en la política exterior de México. La toma de posesión del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca, el 20 de enero, implicará un cambio importante, no sólo por la llegada del nuevo presidente de una de las naciones más poderosas del mundo, y su vicepresidenta, Kamala Harris, sino por el fin de la era Trump, una administración que, durante cuatro años, fue considerada como una anomalía en el orden democrático internacional.
Paradójicamente, con la salida de Donald Trump del poder, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pierde un aliado y amigo –un referente en el estilo compartido por ambos de hacer gobierno desde lo políticamente incorrecto–, y se verá obligado a construir relaciones con Biden, un político que actúa “by the book” y que tiene buenas relaciones con la élite política tradicional de México, con la que AMLO se ha confrontado abiertamente.
En ese contexto, el canciller Marcelo Ebrard, y el nuevo embajador mexicano en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, enfrentarán el enorme desafío de convertir la buena noticia mundial del fin de la era Trump en una buena nueva para México.
México vivirá una situación inédita en su Poder Legislativo a partir del 1º. de febrero, cuando comienza el último periodo ordinario del tercer año de la 64 Legislatura electa en 2018. Más de 430 diputadas y diputados han manifestado su intención de competir para buscar la reelección y quedarse en la curul tres años más. Ante la imposibilidad de regular la forma en que podrán combinar su proselitismo con su trabajo legislativo, México tendrá un Congreso en campaña, donde todos los debates y reformas aún pendientes quedarán atrapadas en el debate propio de la competencia política. Y no es que esto no haya ocurrido antes, sino que ahora los candidatos estarán haciendo campaña permanente desde la curul.
El reto para Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, será mantener el orden en una asamblea conformada por candidatas y candidatos, que estarán pensando más en su reelección que en sacar adelante –y de la mejor manera– reformas aún pendientes, como la Ley del Banco de México, la del “outsourcing” y la de la Cannabis, entre otros asuntos que se han ido rezagando. En esa tesitura, probablemente sería mejor esperar a que la nueva legislatura retome los trabajos legislativos a partir de septiembre.
De acuerdo con la estrategia contenida en el Plan Nacional de Vacunación en contra covid-19, en marzo deberá haber concluido la etapa 2, con la inoculación total del personal de salud y personas mayores de 60 años. Y, aunque en febrero y marzo, México estará en periodo de intercampañas, la vacunación masiva de personas se llevará a cabo en medio de una intensa contienda política, por lo que es previsible que este tema siga siendo bandera de campaña y motivo de controversia entre el gobierno y la oposición.
El 27 de febrero se habrá cumplido un año desde la llegada del Coronavirus a México y, en marzo, un año desde que comenzaron a aplicarse las medidas de distanciamiento social. El recuento de daños será inevitable, con su respectivo uso político.
Además, en marzo los partidos deberán registrar a sus candidatos a la Cámara de Diputados, con lo que quedarán confirmadas las fórmulas de personajes que buscarán llegar o quedarse en la Cámara de Diputados.
El 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, el feminismo mexicano tendrá una nueva oportunidad de posicionar su agenda de paridad y erradicación de la violencia en contra de ellas; esta vez, irrumpiendo en medio del proceso electoral.
El 4 de abril comenzarán las campañas federales rumbo a la renovación de la Cámara de Diputados. En paralelo, comenzarán las campañas para renovar las gubernaturas de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. (Campeche, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora habrán entrado en campaña desde el mes de marzo).
Además, todos los estados del país, salvo Coahuila y Quintana Roo, estarán en campaña para renovar sus Congresos estatales, y en todas las entidades, salvo Durango e Hidalgo, habrá campañas municipales.
Las campañas estarán marcadas por la contienda entre dos grandes coaliciones: una encabezada por Morena, con el PT y el PVEM como aliados, y otra conformada por el PRI, PAN y PRD.
El país entero entrará en una dinámica de debate y contienda política, con un ingrediente adicional: la previsible intervención del presidente en las campañas. Si Andrés Manuel López Obrador insiste en usar las conferencias de prensa mañaneras como palestra para llamar a votar en contra de sus adversarios, y a favor de su cuarta transformación, meterá al país en un grave problema parecido al de 2006, cuando paradójicamente fue AMLO quien denunció la intervención del entonces presidente, Vicente Fox, en las elecciones.
El gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México se han propuesto realizar en 2021 una serie de conmemoraciones para reivindicar hechos históricos y realizar actos cívicos y culturales de alto contenido político.
El 12 de mayo se cumplirán 700 años de la fundación de México Tenochtitlán, que el gobierno federal planea conmemorar con “la recuperación” del Lago de Texcoco, un acto simbólico en la zona donde la anterior administración construía el nuevo aeropuerto internacional de México.
El 26 de mayo de 1521 es la fecha marcada en el calendario como el inicio del sitio y caída de México-Tenochtitlán, el evento emblemático que marca el comienzo de la conquista y la ocupación del territorio nacional por los españoles.
Tanto el presidente como la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, han llamado a la población a rememorar “la invasión española”, como un acto reivindicativo de los pueblos originarios. Las conmemoraciones en plenas campañas, y los actos promovidos por el gobierno para tal efecto, serán motivo de controversia entre el Ejecutivo y los partidos de oposición.
El domingo 6 de junio ocurrirá la jornada electoral más grande de la historia de la democracia mexicana.
Más de 93 millones de mexicanas y mexicanos estarán convocados para acudir a más de 164 mil casillas instaladas a lo largo y ancho del país. Más de un millón 480 mil ciudadanos fungirán como funcionarios de casilla, en una complicada logística que concluirá hasta los cómputos distritales efectuados en la semana posterior a la jornada electoral.
Se votará para renovar las 500 curules de la Cámara de Diputados; 15 gubernaturas, mil 63 diputaciones en 30 Congresos locales, mil 910 ayuntamientos en 29 estados y 16 alcaldías en la Ciudad de México.
En paralelo, al final de este mes debería concluir la cuarta etapa de vacunación contra covid-19 (personas de entre 40 y 49 años), con lo que se abriría la quinta y última etapa, para vacunar al resto de la población en los siguientes nueve meses.
El mes de julio será el de los reacomodos y la conformación de un nuevo mapa político en el país.
El Instituto Nacional Electoral deberá asignar las diputaciones de representación proporcional, con lo que se sabrá cuántas curules ocupará cada partido en San Lázaro. La distribución de las plurinominales será determinante para saber si los partidos afines al lopezoradorismo lograron mantener la mayoría legislativa o si la oposición pudo arrebatarla y obligar al presidente a negociar sus reformas y presupuestos en la segunda mitad del sexenio.
En este mes también será obligado el recuento de los saldos en las elecciones locales, donde los partidos habrán de reacomodarse en las gubernaturas, los congresos locales y los palacios municipales.
El primer domingo del mes se llevará a cabo la Consulta Popular propuesta por el presidente de la República para preguntar a la población si es factible juzgar el pasado, a través de una complicada pregunta redactada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aunque la promesa original de López Obrador era someter a consulta la posibilidad de llevar a juicio a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para poder declarar constitucional el ejercicio, los ministros tuvieron que replantear la pregunta para dejarla así: «¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?«.
La convocatoria a la Consulta entrará en vigor el 15 de julio de 2021, y sólo el INE podrá hacer campaña para promover la participación en la misma; sin embargo, el presidente López Obrador ha encontrado en este tema una forma de mantener vigente su narrativa en contra de la mafia en el poder y el pasado neoliberal como culpables de los principales problemas del país.
El mes inicia con el Tercer Informe de Gobierno del presidente López Obrador y la instalación de la 65 Legislatura, aquella que cohabitará con AMLO en sus tres últimos años de gobierno.
A mediados del mes, darán inicio las fiestas patrias con el tradicional Grito de Independencia –el tercero de AMLO en Palacio Nacional–, y los festejos se extenderán hasta el 27 de este mes, cuando se conmemoren los 200 años de la consumación de la Independencia. Según el programa oficial –a cargo del director del IMSS, Zoé Robledo–, ese día se llevará a cabo una recreación de la entrada triunfal del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, desde el Castillo de Chapultepec hasta el Zócalo.
Octubre suele ser un mes de importantes definiciones económicas. La Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de este mes para aprobar la Ley de Ingresos, y el Senado tiene hasta el 30 para revisarla y avalarla.
La definición de los ingresos será determinante para la confección del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2022, cuya fecha límite de aprobación es el 15 de noviembre. Con una nueva correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados, es previsible que esta vez el debate por el rumbo económico del país y el destino del gasto público se intensifique. Todo, al calor del recuento de los daños causados por la pandemia y las medidas de confinamiento que paralizaron la economía durante varios meses.
El presidente López Obrador ha advertido que la coalición opositora conformada para enfrentarlo en las urnas tiene como principal propósito reorientar el gasto, eliminar algunos programas sociales instrumentados por su administración y, en resumen, dejar de darle dinero a los pobres.
La celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, servirá de pauta para hacer un corte de caja en un problema que se ha agravado en México en los últimos años y especialmente durante el confinamiento obligado por la pandemia de covid-19.
La ONU ha convocado desde hace varios años a pintar de naranja edificios públicos, monumentos y plazas como recordatorio de la necesidad de erradicar este mal, y ha lanzado la campaña “Únete” para mantener 16 días de activismo a favor de esa causa cada año hasta el 2030.
En México, las elecciones de este año tendrán un importante componente feminista al entrar en vigor dos reformas constitucionales aprobadas entre 2019 y 2020: la de paridad total, que obliga a los partidos políticos a postular a igual número de mujeres y hombres a todos los cargos públicos que habrán de elegirse, y la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, que implica una serie de acciones para impedir que las campañas proselitistas se traduzcan en actos de acoso, violencia y misoginia.
Noviembre será una buena oportunidad para hacer el balance de lo avanzado en esa agenda.
Andrés Manuel López Obrador concluirá su tercer año de gobierno, con lo que su mandato habrá llegado a medio término.
Junto con el balance obligado, en este mes se sabrá si grupos afines o adversos al presidente promueven la Consulta de Revocación de Mandato prevista en el artículo 35 constitucional y prometida por el propio López Obrador.
De acuerdo con la Constitución, la revocación podrá promoverse en una sola ocasión durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Para llevarse a cabo, deberá solicitarse con el apoyo de un número de ciudadanos equivalente al 3 por ciento de la Lista Nominal de Electores, y será organizada por el INE.
En caso de que se efectúe, se prevé que ésta pueda llevarse a cabo en marzo de 2022 y, para ser válida, ésta deberá contar con la participación del 40 por ciento del listado nominal de electores. Sólo si la mayoría absoluta vota por revocar el mandato procedería la petición.
El presidente López Obrador podría iniciar su cuarto año de gobierno siendo el promotor principal de la consulta de revocación de mandato, para nuevamente ponerse a prueba en las urnas y regresar a la arena donde se siente más cómodo, la arena de la contienda electoral.
Periodista desde 1993. Estudió Comunicación en la UNAM y Periodismo en el Máster de El País. Trabajó en Reforma 25 años como reportero y editor de Enfoque y Revista R. Es maestro en la UNAM y la Ibero. Iba a fundar una banda de rock progresivo, pero el periodismo y la política se interpusieron en el camino. Analista político. Subdirector de información en el medio Animal Político.
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