9 diciembre, 2020
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha generado un Programa de Acción-Respuesta Específico al VIH, Sida e ITS, documento que es la directriz de la política pública para reducir la prevalencia de las infecciones de transmisión sexual, dice Adán Cuamatzi
Texto: Fernando Merino Noriega / Lado B
Foto: María Ruiz y Cortesía
PUEBLA.- Desde 2018 no se ha generado un Programa de Acción-Respuesta Específico (PAE) al VIH, Sida, e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) a nivel nacional. Así, desde el inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador se ha trabajado con este plan del sexenio pasado que no tiene datos actualizados y es impreciso, denuncia Adán Cuamatzi, integrante de la organización No Dejarse es Incluirse AC “Vida Plena”.
El 1 de diciembre del 2020 se cumplieron dos años de la toma de protesta de Andrés Manuel como presidente de la República, pero el PAE de su sexenio continúa ausente, y aunque el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y Sida (Censida) ha realizado reuniones, no se ha logrado construir el programa.
De acuerdo con el acta de la primera sesión ordinaria del Comité de Evaluación y Monitoreo 2020 del Censida, realizada el 20 de agosto, uno de los acuerdos asentados en la minuta fue la conformación de un grupo de trabajo para la definición de los indicadores del PAE 2019-2024. Pero, a pocas semanas de que se termine el 2020, aún no está definido el grupo de expertos para la elaboración del documento.
Este ha sido un tema pendiente, pues en una reunión realizada el 28 de agosto de 2019 del Comité de Evaluación y Monitoreo del Censida, se llegó al mismo acuerdo para integrar el grupo de trabajo; un año después no se ha concretado.
El activista Adán Cuamatzi señala, en entrevista para LADO B, que no sólo no se ha generado un plan de respuesta, sino que también se han mermado los esfuerzos de organizaciones civiles que durante muchos años atendieron los vacíos provocados por la falta de políticas públicas en materia de atención y prevención del VIH, Sida e ITS, pues desde el 2018 fueron retirados los subsidios que permitían a las ONG hacer pruebas de detección y acompañamiento de pacientes de forma gratuita.
El activista asegura que “no hay ninguna brújula para ver cómo se está conduciendo la política pública a nivel nacional [en materia de VIH]. Y el caso es que, mientras no cambie la estrategia federal, la [política] estatal no va tener ninguna modificación”.
Además, menciona que tampoco hay un panorama epidemiológico claro en Puebla, pues en 2020 se desconocen los rangos de edad en donde hay mayor prevalencia de VIH, los sectores sociales en donde más casos se registran, la tasa de mortalidad y los municipios en donde se han detectado más casos; de acuerdo con Adán Cuamatzi, estos datos permitirían a las organizaciones civiles atender de forma más eficiente la epidemia de VIH, algo que debería hacer el gobierno federal y estatal.
Por otro lado, el “Informe Histórico VIH Día Mundial 2020”, elaborado por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del VIH, refiere que hasta la semana 48 —del 23 al 29 de noviembre— de 2020 en Puebla se han registrado 422 casos de VIH; la semana 26 —del 22 al 28 de junio— fue el periodo en el que más casos se detectaron, con un total de 96, a pesar de la pandemia por covid-19.
Estos números no son suficientes para generar estrategias. De hecho, la entidad se ubica en el tercer puesto con mayor número de contagios durante este año, aunque no ocupa los primeros lugares en tasa de contagios por cada 100 mil habitantes, sin embargo, conocer exactamente el lugar que ocupa tampoco es información accesible, pues en los boletines sólo incluyen los primeros cuatro lugares. .
En 2019, de acuerdo con el mismo informe, en Puebla se registraron 873 casos de VIH, y este año Adán Cuamatzi estima que el número podría ser mayor porque los servicios de detección han disminuido, y el IMSS y el Issste se han negado a brindar sus datos epidemiológicos.
De igual forma, se desconoce la tasa de decesos por VIH de la entidad, porque no se desglosan las cifras por estado y los registros del Censida sólo abarcan hasta el 2018.
La falta de un Programa de Acción-Respuesta Específico para el VIH, Sida e ITS no es el único pendiente del gobierno federal, pues durante los dos años de gobierno de López Obrador ha existido un desabasto de Tratamiento Antirretroviral (TAR) provocado por “el cambio del sistema de compras que tenía problemas en el aparato de distribución y adquisiciones”, de acuerdo con Ricardo Balderas de la organización Poder.
Dicho cambio estaba en proceso al inicio de la pandemia y con la llegada de la COVID-19 se acentuó la falta de medicamento en los servicios de salud.
Adán Cuamatzi comenta que el desabasto no sólo se dio por una mala gestión de las bodegas de los hospitales, sino también por el inicio de la pandemia, ya que se aplazaron los servicios de salud dirigidos a las personas con VIH.
El activista señala que desde mayo de 2020 las personas que han acudido al Issste por medicamento o por atención médica han sido regresadas a sus hogares por el personal médico alegando que hasta el 2021 se restablecerá el servicio. Además, a algunas personas que han acudido a surtir sus recetas de retrovirales en farmacias les han dicho que no tienen medicamentos.
Así pues, en la entidad hay cinco denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el desabasto, siendo el Issste la dependencia que más quejas acumula con un total de cuatro denuncias y una en el IMSS, cuenta Adán Cuamatzi.
“[Las personas] llegan, no reciben medicamento y entonces tienen que meter una queja ante la CNDH para [que notifique al Issste o IMSS] de que hay una queja por desabasto y una vez que pasó el trámite por fin les dan el medicamento; ese proceso tarda aproximadamente tres semanas”, agrega el activista.
La magnitud del desabasto de medicamentos es tal que la organización Medicinas para Todxs señala que el 15 por ciento de reportes que han recibido por desabasto a nivel nacional corresponden a la falta de medicamentos para el VIH, sólo detrás del desabasto de medicamentos para el cáncer (31 por ciento) y para la diabetes (23 por ciento).
De acuerdo con la misma organización, Puebla se ubica en el décimo lugar a nivel nacional en el número de reportes por desabasto, con 28 reportes de durante el segundo cuatrimestre del 2020.
El desabasto tiene implicaciones en la salud de las personas que viven con VIH, pues al no controlar su carga viral —por no tomar su terapia antirretroviral— su sistema inmunológico se ve afectado y al salir ponen en peligro su vida, pues son un grupo de riesgo ante covid-19, dice Cuamatzi.
Adán Cuamatzi indica que el gobierno de Puebla podría asignar una partida presupuestal para abrir otro Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual (Capasits) en el estado; esta exigencia se ha hecho desde hace más de ocho años, cuando se informó que el Capasits existente en la entidad ya estaba con sobrecupo.
Ante esto, en 2016 el gobierno estatal decidió abrir un centro de Servicios de Atención Integral Hospitalaria (SAIH) en Tehuacán. Sin embargo, esta solución no ha sido suficiente, pues su apertura no desahogó el cupo del Capasits.
La propuesta es abrir el nuevo Capasits en la sierra Norte para atender a las personas que viven con VIH en esa región, ya que Adán Cuamatizi indica que en ese lugar se ha identificado una cantidad considerable de casos, de acuerdo con datos que la SSA les brindó en 2016. Hasta la fecha no hay una respuesta a su petición.
Para dimensionar la verdadera magnitud de la epidemia en Puebla, será necesario que la Secretaría de Salud transparente los datos desglosados de los casos de VIH en cada una de las instituciones de salud, para que así las campañas de atención se concentren en los grupos con mayor vulnerabilidad. De esa manera se podrá determinar cuántos Capasits o SAIH más serán necesarios para atender a la población.
Como parte del Día Internacional de la Lucha Contra el Sida, organizaciones civiles de todo el país, entre ellas No Dejarse es Incluirse, exhortaron al gobierno federal a retomar las acciones de prevención y atención del VIH que fueron suspendidas desde hace dos años, ya que las omisiones del estado han provocado un aumento de 4.2 puntos porcentuales en la tasa de defunciones de personas que vivían con VIH, según el Inegi, algo que no pasaba desde 2013.
Este trabajo fue realizado por el equipo de LADO B. Lo reproducimos con su autorización como parte de una Alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. A quí puedes consultar la publicación original.
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