Una granja de vacas fue cerrada por contaminar los ríos subterráneos de una comunidad en Yucatán. Pero el Juzgado dio por concluido el caso sin pronunciarse, con lo que abre la puerta a que la granja reinicie sus actividades, advierten los pobladores afectados

Texto: Redacción

Fotos: Especial

El Juzgado Segundo de Distrito decidió dar por concluido el juicio de la comunidad maya de San Antonio Chel en contra de la granja que contamina sus cenotes, sin pronunciarse. Con esa decisión, advierte la comunidad, la granja podría reiniciar sus actividades, ya que los permisos de operación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) están vigentes.

En marzo de 2019, la comunidad de San Antonio Chel presentó un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán (SDS), el Municipio de Hunucmá y de la (Conagua) por permitir que la granja de Yuca Agroalimentos opere sin permisos y que vierta desechos de ganado a los ríos subterráneos que se encuentran bajo sus instalaciones.

Los pobladores lamentan la decisión del Juzgado a pesar de haber acreditado durante el juicio que el complejo de mil vacas almacenaba clandestinamente grandes volúmenes de excremento en los montes. El 11 de octubre de 2019, el Juzgado Segundo concluyó que existía “un alto riesgo de que el medio ambiente de la comunidad pueda verse afectado” por lo que ordenó que las autoridades intervinieran e inspeccionaran las actividades de la granja. Por lo tanto, la Secretaría de Desarrollo Sustentable ordenó el cierre de la granja.

Pero la Conagua, acusan los pobladores, a través del Organismo de Cuenca Península de Yucatán, no realizó la inspección y concedió todos los permisos de perforación de pozos y descargas a la empresa, a pesar de no cumplir con los requisitos. 

El 15 de diciembre de 2020, el Juzgado decidió dar por concluido el caso sin pronunciarse acerca de si las autoridades violaron o no los derechos humanos.

En su decisión, el Juzgado argumentó que las violaciones habían cesado porque la granja se encontraba cerrada. La decisión generó inconformidad entre los pobladores debido a que los permisos de Conagua siguen vigentes y la granja podría intentar el reinicio de sus operaciones.

“Al sobreseer el juicio el Juzgado no se pronuncia sobre las violaciones a derechos, ni considera los daños ya ocasionados que deben de repararse”, indicó Kalycho Escoffié, quien asesor legal de la comunidad. “Es absurda la decisión porque si la granja está cerrada es porque el juzgado otorgó la suspensión como medida cautelar, pero sin el juicio esa medida se pierde”, indicó.

Guillermo Solís, también abogado de la comunidad, indicó que presentaron un recurso de revisión para revertir la resolución, ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Yucatán: “Los casos de violaciones al medio ambiente no se resuelven solo parando las actividades, sino también evaluando los daños ocasionados y ordenando a las autoridades que establezcan las sanciones que correspondan”.

Los habitantes de San Antonio Chel reportan que aunque la granja está cerrada el olor a excremento en el agua regresa durante las lluvias, por lo que temen que el agua que utilizan siga contaminada.

“Se han ido las vacas, pero el problema sigue”, dijo uno de los pobladores, de nombre Cecilio Bacab. “Seguiremos con la lucha hasta que se cancelen todos los permisos y se repare el daño que han hecho”.