Este 28 de octubre, Javier Leyva Segura, funcionario del Poder Judicial de San Luis Potosí, podría encontrar un camino para ser absuelto por las violencias sexual, física, psicológica y económica en contra de su expareja, Giovanna Chávez. Defensoras de DDHH denuncian una red de protección al agresor

Texto: Marcela Del Muro

Fotos: Vivas nos Queremos San Luis Potosí 

SAN LUIS POTOSÍ.- El 19 de agosto del 2019, Javier Leyva Segura, secretario de Estudio y Cuenta de la Quinta Sala Penal del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, fue vinculado a proceso por una denuncia por violencia familiar interpuesta por su expareja, Giovanna Chávez, de entonces 23 años.

Anterior a este proceso, Leyva Segura ya había enfrentado dos procesos penales, ambos con auto de formal prisión: uno por lesiones, presentado por un abogado litigante, y el otro por violencia familiar, presentado por su exesposa. En ambos casos, Javier se amparó y evitó ser sancionado. Pero, estas causas continúan abiertas.

Todos los tipos de violencia

Gio presentó la denuncia por violencia familiar el 9 de abril del 2019, ante la Unidad de Atención Temprana para la Mujer de la Fiscalía General del Estado. Esto, tras tres años y medio de mantener una relación abusiva con Javier, donde estuvo expuesta a numerosos episodios de violencia psicológica, física, económica y sexual.

Su relación inició en 2016. Desde un inicio, las actitudes y manipulaciones de Javier pusieron en alerta a la familia de Gio. En el 2017, las fricciones provocaron que ella, que acababa de cumplir 21 años, se mudara con Javier, que tenía 40 años. Desde un principio, él puso condiciones:

“Teníamos que adaptarnos a vivir como pareja, por lo tanto, no podía salir sola con mis amigas y me pidió que limitara los días que veía y hablaba con mis papás. En enero del 2018, me dejó regresar a la uni y yo me sentía un poco más libre, pero me llevaba y recogía, sabía mis horarios, quiénes eran mis maestros, cuál era mi salón, me pedía fotos para ver qué estaba haciendo. Cuando iba con mi familia, también, tenía que mandarle fotos para demostrar que estaba con ellos”, recuerda Gio.

Conforme el tiempo iba pasando, los comportamientos de Javier se volvieron más violentos y comenzaron las agresiones físicas. “Aumentaron las prohibiciones y enojos hacia mí: gritos, insultos, jaloneos, apretones de cuello, de pierna o de brazos; jalones de pelo, golpes. Más de una vez traté de irme, pero siempre regresé, porque él decía que estaba arrepentido y me amaba. Yo le creía”.

Era tanto el control que el funcionario público ejercía sobre su novia que: “yo no tenía dinero, como trabajaba con él todo me lo depositaban en su tarjeta y sólo me daba cien pesos a la semana”, recuerda la joven abogada. Los compañeros de Gio se dieron cuenta de la violencia ejercida contra ella y Javier la alejó de su trabajo.

El 31 de julio del 2018, Gio puso la primera denuncia por violencia familiar, después de ser azotada, golpeada y arrastrada por su habitación. Ella recuerda que fue un proceso complicado, fue sola a interponer la denuncia porque no contaba con una red de apoyo.

En septiembre del 2018, Javier fue notificado por la denuncia. Ellos estaban separados y Javier decidió pedir perdón. Acompañó su disculpa con una anillo de compromiso y promesas de una vida nueva con terapias de pareja. En la Audiencia de Formulación de Imputación, Gio le dio el perdón. Pasados algunos meses, llegó una nueva golpiza con un puñetazo en la cara, pero esta vez la joven decidió poner fin a todo y nuevamente denunciar.

El proceso

Javier fue vinculado a proceso, pero su vida continúa como si nada: conserva su trabajo, es sostenido por una red de apoyo y el caso fue silenciado en medios de comunicación.

Este 28 de octubre, Leyva Segura tiene una audiencia previa a la audiencia intermedia, cuando se presentan las pruebas. Él metió una solicitud de suspensión provisional del proceso, donde pide realizar terapia psicológica durante 6 meses y una reparación del daño de 14 mil pesos, para poder tener una sentencia absolutoria. Y poder desligarse sin tener una condena, sin ninguna consecuencia.

Ese resultado se ve probrable porque la integración de la carpeta fue deficiente.

Para Gio es cada vez más difícil y desgastante el proceso. Lo justo para sería que Javier Leyva Segura tuviera una sentencia por el daño psicológico y físico que ella ha tenido a consecuencia de la relación.

Desde hace un mes, la presencia física de Javier fue constante en la vida de Gio. Se paseaba por los rumbos cercanos a casa de sus papás, se lo encontraba en la tienda de conveniencia, circulando por la esquina sin decir nada, pero observándola. Javier la tiene vigilada, está presente, la intimida.

Protección al agresor

“En el caso de Giovanna hay una profunda red de protección en torno a su agresor. El camino para ella ha sido bastante difícil y escarpado, precisamente por las relaciones familiares y el lugar que él tiene en el Poder Judicial”, comenta Urenda Navarro, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UASLP y parte de la mesa ciudadana de seguimiento a la Alerta de Violencia de Género en el Estado.

Recordemos que en la Ley General de Víctimas se establece la igualdad procesal para las dos partes. Sin embargo, en el proceso de Gio no existe igualdad, pues Leyva Segura se sigue desempeñando como funcionario público en una institución que imparte justicia.

“A ello, tendríamos que sumar la dificultad que ella ha tenido al transitar en este camino de acceso a la justicia, porque todo este proceso restitutivo para ella no se ha dado de la mano de las autoridades ni del agresor. Es decir, ella ha tenido que irse gestionando todos sus procesos, por ejemplo, el enfrentar la estigmatización y señalamiento por parte de la familia del agresor, ella es la que ha construido redes en las colectivas feministas para ir restituyendo el daño causado. Creo que ahí queda una omisión institucional muy profunda y también la responsabilización que eso trae, de que su agresor pueda seguir impunemente socializando relaciones. Giovanna merece justicia, merece reparación y merece que se denuncie que ella ha estado enfrentando sola este proceso”, señala Urenda Navarro.

Las distintas colectivas feministas se han pronunciado sobre este caso. Exigiendo que se juzgue con perspectiva de género y se deje de proteger a los agresores. Con el hashtag #JusticiaparaGio en redes sociales, las mujeres en San Luis Potosí respaldan a Giovanna y exigen justicia.