La #ConsultaPopular será legalmente estéril, pero políticamente muy simbólica: servirá para refrendar que millones siguen clamando porque haya justicia, castigo a quienes nos saquearon y reparación del daño para las víctimas

Twitter: @chamanesco

Razones sobran: desde los saqueos relacionados con las privatizaciones, el rescate bancario, las “comisiones” para la concesión de obra pública y las crisis económicas recurrentes, hasta las desapariciones, las represiones, los crímenes de Estado y la falsa guerra contra el narcotráfico.

En un país donde la impunidad ha sido el sello característico de los abusos de poder, es obvio que exista una demanda colectiva de justicia.

Para ser más claros: el 1 de julio de 2018 sí hubo un clamor popular para castigar a quienes nos saquearon una y otra vez en nuestras narices.

El voto de 30.1 millones de personas en favor de Andrés Manuel López Obrador tenía un alto contenido de revancha. Hubo un mandato popular para acabar con la corrupción y los abusos, pero también con la impunidad de los agravios del pasado.

Por eso es tan popular la causa de llevar a juicio a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Porque fue mucho el saqueo: las desincorporaciones de cientos de paraestatales, el “error de diciembre”, la fuga de capitales, el Fobaproa, los Amigos de Fox, el Pemexgate, el despilfarro de los ingresos petroleros, el súbito enriquecimiento de la alta burocracia en los tres Poderes de la Unión, las licitaciones amañadas, la Casa Blanca y otros graves conflictos de interés.

Hay indignación, porque fueron muchos los actos que quedaron impunes: el asesinato de perredistas, el uso desproporcionado de la fuerza contra el EZLN y los crímenes de Estado, en el sexenio de Salinas; la persecución a zapatistas, las matanzas de Aguas Blancas y Acteal, en el sexenio de Zedillo; Pasta de Conchos, Atenco, Oaxaca, en el sexenio de Fox; la militarización, los retenes criminales, múltiples masacres y todo lo que vino con el comienzo de la guerra, en el sexenio de Calderón, y la continuación de la estrategia fallida contra el narcotráfico, con Ayotzinapa como un penoso símbolo de ignominia, en el sexenio de Peña Nieto.

¿Quién estaría en contra de que todo eso fuera investigado y esclarecido, para deslindar responsabilidades y castigar a los culpables?

¿Cuánto del voto de 2018 se movilizó con ese fin?

Por eso, sonaba lógica la pregunta que le hizo Carmen Aristegui a López Obrador en noviembre de 2018, cuando el entonces presidente electo dio una larga entrevista sobre sus planes de gobierno, y dijo, por primera vez, que sometería a consulta la decisión de enjuiciar a sus antecesores.

Desde entonces, el hoy presidente advirtió que él no estaría en favor de llevar a cabo esos juicios, porque eso distraería a su administración y a la sociedad de lo que para él era más importante: el cambio de régimen.

“No sería conveniente, porque significaría conspirar contra la estabilidad política del país… desatamos (a los demonios), nos empantanamos, se suelta la confrontación entre los mexicanos, porque tendríamos que enjuiciar a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, y habría demasiado escándalo, y no podría hacer lo que quiero hacer para acabar con la corrupción”, afirmó en aquella entrevista (Aristegui Noticias, 21 de noviembre de 2018).

Ante la insistencia de la periodista, López Obrador terminó aceptando que somete a consulta la posibilidad de preguntarle a los mexicanos lo siguiente: 

¿Crees que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, debe de promover que se juzgue para que haya justicia, y no sólo se persiga a chivos expiatorios, y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y otros a Carlos Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto?

Pasados los meses, la nueva administración propuso reformas al artículo 35 de la Constitución y a la Ley de Consulta Popular, con el propósito de “facilitar” estos ejercicios permitiéndolos cada año y para incorporar en el texto constitucional la revocación de mandato, otra de las promesas de López Obrador.

En septiembre de 2020, el presidente “cumplió” la promesa de proponer a la sociedad el juicio a los expresidentes, al enviar al Congreso una iniciativa de Consulta Popular con la siguiente pregunta:

¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?

Al revisar la constitucionalidad de la pregunta, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se enfrascaron en una discusión: si corresponde o no a la ciudadanía decidir si se deben investigar y procesar delitos cometidos en el ejercicio de la función pública.

De hecho, en el proyecto del ministro Luis María Aguilar, se proponía rechazar la consulta, al considerar que la pregunta condicionaba la validez y vigencia de derechos fundamentales, pero éste fue rechazado con una votación de seis a cinco ministros del pleno.

Pero para poder validar la consulta, la SCJN tuvo que modificar la pregunta propuesta por López Obrador, excluyendo los nombres de los expresidentes, para quedar así:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Una pregunta que, formalmente, tiene dos respuestas posibles (SÍ o NO), pero en realidad, sólo una respuesta sensata.

¿O alguien considera que NO deberían castigarse hechos que pudieron haber causado un daño grave a la nación?

La pregunta es tan obvia, que a diferencia de lo que ocurre en plebiscitos serios en otras naciones, en México no existe nadie haciendo campaña en favor del NO. 

La pregunta es tan amplia, que en ella cabría todo: desde las decisiones políticas tomadas en años remotos (por ejemplo, en 1968), hasta las de los años más recientes, como la gestión de la pandemia iniciada en 2020. 

Aunque Morena y los promotores de la consulta insisten en llamarle a ésta #JuicioAExpresidentes, lo cierto es que este ejercicio no conduciría necesariamente a ello.

Incluso, investigar, esclarecer y sancionar las decisiones tomadas por Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña podría ser una de las acciones de la nueva administración, sin necesidad de consultar a nadie.

Pero López Obrador dijo desde noviembre de 2018 –y lo repite constantemente–, que él no considera que deba abrirse esa caja de pandora.

La Consulta Popular del 1 de agosto será legalmente irrelevante, porque además tendría que concitar la participación del 40 por ciento del Listado Nominal de Electores (aproximadamente 37.5 millones de personas) para ser vinculatoria y obligar al gobierno a emprender acciones en función del Sí.

Sin embargo, la Consulta va, y todo parece indicar que será el ejercicio de participación ciudadana más amplio y mejor organizado en la historia del país: con mesas de votación, funcionarios de casilla, un padrón confiable, papeletas infalsificables impresas en Talleres Gráficos, cómputos distritales y la validación de los resultados por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El ejercicio costará 522 millones de pesos y será muy distinto a las consultas promovidas por López Obrador como presidente electo, de las que sí derivaron acciones concretas y tangibles, como la cancelación de las obras del Nuevo Aeropuerto en Texcoco, con una “consulta” con mil centros de votación y una participación de un millón de votantes.

La consulta será legalmente estéril, pero políticamente muy simbólica: servirá para refrendar que millones de mexicanas y mexicanos siguen clamando porque haya justicia, castigo a quienes nos saquearon y reparación del daño para las víctimas. Tres cosas que este gobierno aún no ha cumplido.