El proceso para conseguir un eventual juicio a cinco expresidentes, que oficialmente arrancó este 15 de julio, es cuesta arriba y lleno de obstáculos. La realidad es que difícilmente habrá fotos de los personajes encerrados en una celda.

Alberto Nájar

La cuenta regresiva ha comenzado. A partir del jueves 15 de julio empezó el plazo oficial para la difusión de la consulta popular del 1 de agosto.

Es la primera vez que se aplica un ejercicio como éste, y que básicamente pretende reunir el número suficiente de votos para someter a juicio a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El proceso fue autorizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó su procedencia constitucional, con base en la Ley de Consulta Popular promulgada desde hace seis años.

Como todas las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, la próxima consulta ha sido cuestionada. Algunos dicen que los delitos por los que mediáticamente se señala a los exmandatarios ya prescribieron.

Otros critican el costo del ejercicio y varios juran que se trata de una cacería política, una venganza de AMLO contra sus adversarios.

Ciertamente son muy pocos quienes defienden la supuesta inocencia de los personajes. 

La mayoría de ellos son seguidores de Calderón Hinojosa y entre sus argumentos juran que el impresentable sujeto fue el único que enfrentó a la delincuencia organizada.

Más allá de estos delirios, lo cierto es que en el país hay un amplísimo respaldo a la idea de encarcelar a los expresidentes. 

Pero no es fácil. Para conseguir las fotos de Salinas, Zedillo o Calderón -la más deseada- tras las rejas hay que librar una larga cadena de obstáculos.

El primero es la propia ley de la consulta que obliga a la participación del 40 % de las personas anotadas en la lista nominal de electores.

Es decir, para que el resultado sea vinculante se requiere que voten alrededor de 37 millones de personas.

El segundo obstáculo es el plazo para convocar a esta cantidad de electores: sólo están permitidas dos semanas de promoción que está a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE).

Es el mismo organismo que representa el tercer problema, porque Consejo General determinó instalar sólo la tercera parte de las casillas que desplegó en la elección intermedia de junio pasado.

En tal escenario hay un obstáculo adicional. Desde hace varias semanas existe una intensa campaña para desanimar la participación en la encuesta. 

Los promotores de la estrategia son los mismos que aspiran a convocar a millones de personas a votar en favor de que la revocación de mandato al presidente López Obrador.

Contradicciones que provoca el odio. Pero si a pesar de todo se consigue la participación necesaria para considerar vinculante el resultado de la encuesta, para llegar a la imagen de los expresidentes tras las rejas hay que sortear más problemas.

Uno de ellos es conseguir su desafuero en la Cámara de Diputados, donde el partido en el gobierno, Morena, no tiene la mayoría calificada que facilitaría el proceso.

Y después, en caso de librar el obstáculo, empezaría una nueva etapa en el terreno judicial. 

La Fiscalía General de la Republica (FGR) debería empezar una investigación sobre los probables delitos cometidos por cada uno de los expresidentes, con todos los elementos necesarios para que los jueces acepten iniciar un juicio.

Un proceso que, indudablemente, será complicado. Los exmandatarios tienen el derecho de promover amparos para impedir los juicios por una presunta violación al debido proceso judicial en su contra.

El argumento central sería que, desde la convocatoria a la consulta, fueron sometidos a una especie de juicio popular que les sentenció de antemano.

A esto se suman las dificultades para fincar los delitos, porque no es lo mismo una acusación en los medios que un expediente judicial.

Carlos Salinas, por ejemplo, es señalado de cometer y promover actos de corrupción. Pero las autoridades deben comprobar en qué casos concretamente ocurrieron.

Si eventualmente se consiguiera encontrarlos es muy probable que los delitos ya hayan prescrito. 

No sería el caso con Peña Nieto porque los probables ilícitos seguirían vigentes. Pero si fuera posible fincarle una acusación eso no significa que pueda ser encarcelado por ello: 

Cuando se cometieron los probables hechos la corrupción no era un delito grave. 

A Calderón se le ha señalado de iniciar una guerra insensata contra el narcotráfico que provocó un baño de sangre en el país.

Pero ya en los tribunales es necesario establecer exactamente cuál fue la ilegalidad que cometió con eso, así como comprobar que los excesos y masacres en su gobierno son responsabilidad suya.

En estos casos sus abogados pueden alegar que no se violó ninguna ley, porque el despliegue de tropas y las operaciones de seguridad que hicieron son parte de sus tareas como presidente.

Y eso sin contar las presiones políticas de sus aliados, entre políticos, empresarios, intelectuales y medios de comunicación que fueron beneficiados en los anteriores gobiernos.

Una probadita de lo que podría ocurrir es la oleada de manipulaciones, mentiras e insultos que inundan el debate público desde 2018.

Es claro, pues: el camino emprendido este 15 de julio es muy empinado.

Y la recompensa por llegar al final de la ruta difícilmente será el premio mayor que esperan millones de mexicanos.