La fecha para realizarse dependerá de las apelaciones que pueda presentar su defensa y la Fiscalía tras el recorte del número de pruebas documentales y testimoniales que hizo el tribunal

Texto: Jaime Armendariz / Raíchali

Foto: Cortesía

CHIHUAHUA. – Casi mil 800 personas quedaron descartadas para testificar en el juicio oral contra César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua acusado de peculado y asociación delictuosa por el desvío de 96 millones de pesos.

La decisión de una jueza local fue tomada el jueves de esta semana al dar por finalizada la etapa intermedia en la causa penal 3021/2019. Esta etapa comenzó desde el 21 de agosto pasado y requirió de 12 días de audiencia.

Con el recorte en el número de pruebas se abrió la posibilidad de apelaciones por parte de la defensa y de la Fiscalía, ya que a ambas les redujo la cantidad de pruebas testimoniales y documentales que habían solicitado originalmente. Esos recursos podrían prolongar la fecha para presentar al exmandatario a enjuiciamiento.

Los abogados de Duarte contemplaban el testimonio de 2 mil personas, mientras que la Fiscalía, vía el Ministerio Público, pretendían alrededor de 200 más. Sin embargo, luego de una semana de debate en audiencias realizadas en el Tribunal Superior de Justicia, la jueza Delia Valentina Meléndez admitió sólo 410 testimonios para la etapa de enjuiciamiento: 240 de la defensa y 170 de la Fiscalía.

Una vez que se pronunció sobre las pruebas admitidas, la jueza turnó el expediente para que un Tribunal de Enjuiciamiento establezca fecha para realizar el juicio.

Según el Código Nacional de Procedimientos Penales, éste tendría que realizarse en un plazo no mayor a 2 meses, sin embargo los tiempos podrían extenderse por las apelaciones de ambas partes tras la reducción de sus pruebas y por la carga que hay en el Poder Judicial.

Héctor Villasana, uno de los abogados defensores del exgobernador, informó que hasta el martes de la próxima semana se pueden presentar los recursos correspondientes. En su caso es una posibilidad elevada, por los más de mil 700 testimonios que les rechazaron.

Pero aparte buscan quitar de juicio pruebas documentales que, asegura, no tienen que ver con la acusación directa contra Duarte, como información relacionada a la esposa del exgobernador, Bertha Gómez, de algunos otros de sus familiares, o de varios exfuncionarios.

En el caso de las representantes de la Fiscalía también hay inconformidad con la reducción de testimonios. “Si apelan, nosotros también vamos a apelar. Pero si no apelan, nos desistiríamos para ya irnos al juicio”, subrayó Villasana.

Este proceso está integrado en la causa penal número 3021/2019, que originó su detención en Miami, Florida, a mediados del 2020, y luego su extradición a México en el 2022. En esa carpeta se le señala por peculado y asociación delictuosa en perjuicio de 96 millones de pesos. Pero en semanas recientes fue vinculado penalmente por otra causa, marcada con el número 1260/2017, sólo por el delito de peculado, por el supuesto desvío de 120 millones de pesos.

Por ser parte de la defensa de Duarte, quitan a exauditor del Estado como testigo

El exauditor Superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores, vinculado penalmente por varios casos de presunto desvío de recursos, fue descartado como uno de los testigos para el juicio oral contra César Duarte, debido a que se integró hace varios meses como un miembro más de la defensa del exgobernador.

Ese detalle fue uno de los puntos durante la semana más reciente en las audiencias encabezadas por la jueza Delia Valentina Meléndez. En la lectura de las cientos de personas consideradas para testificar en este caso, se detuvo el debate para establecer si se descartaba o no a Esparza Flores como testigo.

La juzgadora aceptó que el caso de Esparza se considera en una de las excepciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El exauditor, con carrera de Contador Público, se integró como auxiliar en el equipo jurídico de Duarte como asesor en temas relacionados a manejo de recursos y no como abogado, ya que no tiene la licenciatura en leyes, se especificó durante audiencia.

Esparza Flores fue designado como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en el año 2011, un año después de la llegada de César Duarte a la gubernatura. En el encargo duró hasta el 2017 cuando comenzaron acusaciones públicas en su contra por presuntos actos irregulares cometidos en su gestión.

Antes de llegar a ser el encargado de la fiscalización de los recursos del estado, Esparza fue colaborador cercano de Duarte en la campaña del 2010 y años atrás.

A los pocos meses de haber renunciado a la Auditoría, en 2017, fue detenido y acusado formalmente por la vía penal de varios desvios de recursos públicos, situación que lo mantuvo en prisión durante 4 años, hasta que logró salir por una serie de amparos que obtuvo a su favor. Sin embargo todavía tiene varias carpetas de investigación abiertas por los delitos de peculado.

Una agente ministerial intentó ser descartada para testificar, pero no lo consiguió

Caso contrario al del exauditor del estado está el de Berenice de la O Coronado, una agente del Ministerio Público que está ofrecida como testigo por parte de la defensa de César Duarte.

Ella intentó que le fuera aplicada la regla de excepcionalidad por ser representante de la Fiscalía y del MP en este caso, pero no lo consiguió dado que su solicitud la hizo una vez que la jueza ya había admitido las pruebas testimoniales para el juicio.

La defensa del exgobernador solicitó la declaración de esa agente del MP porque ella integra el equipo de investigación que armó la acusación contra Duarte.

Además de ella, en la lista de testimonios se consideran a otros exfuncionarios de la administración del panista Javier Corral, como el esxecretario general de gobierno, César Jáuregui Robles, la extitular de la Función Pública, Stefany Olmos, y otros como Martín Solís, exfuncionario de Desarrollo Rural.

Pero también habrá personas que estuvieron en secretarías durante el sexenio de Duarte. Tal es el caso del exsecretario de gobierno, Raymundo Romero Maldonado, los exsecretarios de Educación, Marcelo González Tachiquín y Ricardo Yáñez, y otros calificados como de identidad reservada como Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda y uno de los principales testigos en todos los casos contra los “duartistas”.

Esta nota fue publicada originalmente en RAÍCHALI, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.