La resistencia de los pueblos mayas de Campeche a la siembra de soya transgénica en la región de Los Chenes obligó a las autoridades federales a realizar una consulta; un año y medio después, Monsanto se quejó de que el proceso ha llevado mucho tiempo y un juez decidió apresurarlo: en lugar de 34 comunidades, deberán ser consultadas sólo 6, según el acuerdo del juzgador, que ya fue impugnado

Texto: Ana Cristina Ramos

Fotos: Consuelo Morales Pagaza

Un año y medio de trabajo entre el pueblo maya de Campeche y autoridades federales para establecer las pautas de la consulta sobre la siembra de soya transgénica en la región de Los Chenes podría irse por la borda, luego de que el pasado 19 y 20 de septiembre, el juez segundo de distrito de Campeche, Adrián Fernando Novelo Pérez emitió dos acuerdos que favorecen a la empresa Monsanto, que impugnó el tiempo que ha llevado el proceso.

“Monsanto interpuso un escrito argumentando que se estaban violando sus derechos, porque la consulta estaba llevando demasiado tiempo”, explica Naayeli Ramírez, asesora legal de las comunidades.

“Una de las razones que argumenta la empresa es que la consulta se estaba llevando a cabo con varias de las comunidades, no sólo con las de los quejosos”.

El juez Novelo estableció que las autoridades encargadas de la consulta – Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos– tienen 40 días, a partir del 19 y 20 de septiembre, para completar la primera etapa de la consulta con las seis comunidades que demandaron y no con las 34 que están siendo consultadas.

La constitución mexicana obliga al gobierno federal a consultar a los pueblos originarios sobre decisiones que afectan su desarrollo. El proceso de consulta no tiene límites establecidos en la ley. La primera etapa establece las reglas con las que se realizará la consulta.

La batalla de los pueblos mayas en la región conocida como Los Chenes, comenzó en 2012 cuando los pobladores se dieron cuenta que sus vecinos, los menonitas que habían llegado a la región algunos años atrás, estaban sembrando soya transgénica.

También descubrieron que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) otorgó un permiso a Monsanto, empresa que controla 90 por ciento del mercado de organismos genéticamente modificados en el mundo, para la siembra en 253 mil quinientas hectáreas en siete estados de la República, incluyendo Campeche.

El 4 de noviembre del 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prohibió la siembra de transgénicos hasta que no se realizará una consulta a los seis pueblos demandantes de Hopelchén, el municipio que concentra las mayores afectaciones por la deforestación que ha implicado la siembra de soya.

Al dictamen se le sumó la recomendación 23/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la cual contempla la consulta para las 34 comunidades afectadas en la región.

La fuerza de las comunidades chenes está en la unión de apicultores en la región; productores, comerciantes, técnicos y empresarios. En la primera sesión de la consulta, en abril del 2016, todas las comunidades tenían muy claro el primer acuerdo: una sola consulta para las 34 comunidades unidas. Así se estableció en el acta.

“Lo hemos dicho en todas las consultas, vamos juntas y los compañeros lo dicen en serio y te respaldan”, dijo Juanita Keb, una joven de 29 años de la comunidad Cancabchén, la región de la montaña que está entre los demandantes originales.

Pero Monsanto consideró que ha perdido demasiado tiempo en la primera etapa y el juez Novelo determinó que los tiempos de los pueblos mayas violan los derechos de la trasnacional.

Ahora, las 34 comunidades apelaron la decisión del juez ante el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito de Campeche.

Entre los posibles escenarios que se pueden dar, el peor, dice Naayeli Ramìrez, es que se levante la suspensión de siembra de la soya transgénica mientras se lleva a cabo o no la consulta.

Otra posibilidad es que el proceso se suspenda hasta que el tribunal colegiado tome una decisión o que los 40 días se sigan extendiendo indefinidamente.

La mejor opción, pero poco posible, insiste la representante de las comunidades, es que el acuerdo se retracte y apoye los derechos de las comunidades y no de la empresa trasnacional.

Más información en: Resistencias / La consulta de los Chenes

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Ana Cristina Ramos

Periodista que sueña con pajares de agujas, misterios sin escribir y un mundo por explorar.

Consuelo Pagaza

Fotoperiodista documental, productora de proyectos multimedia e investigación de temas de largo aliento sobre derechos humanos, movimientos sociales, migración, comunidades autónomas, desaparecidos, desplazados, medio ambiente. Finalista en el Concurso Latinoamericano de Fotografía Documental “Los trabajos y los días”, con sede en Colombia, en las categorías “Hombres trabajadores” (2012), y “Defensores de Migrantes” (2015). Finalista en el concurso fotográfico Hasselblad Masters (2016).