El comisionado del Instituto Nacional de Migración comparece ante un juez para escuchar la formula de cargos legales en su contra por la tragedia migrante en Ciudad Juárez en la que murieron 40 personas extranjeras en el incendio de un centro de detención; Antonio M.D. el segundo al mando del INM, fue vinculado a proceso por el mismo hecho

Texto: Blanca Carmona y Marco Antonio López / La Verdad

Fotos: Rey R. Jauregui

CIUDAD JUÁREZ. – El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez libró la cárcel y seguirá en el cargo a pesar de la formulación de cargos en su contra por el ejercicio indebido del servicio público que derivó el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo.

En una audiencia que duró poco más de seis horas, el funcionario federal escucho en silencio las acusaciones en su contra, y la narración de las omisiones y los protocolos que presuntamente incumplió, las cuales propiciaron un incendio en el centro de detención donde perdieron la vida 40 personas migrantes y 27 más sufrieron lesiones.

Garduño es el funcionario de más alto rango que es acusado ante un juez por esa tragedia y señalado de implementar una política migratoria tendiente a detener a personas migrantes incluso fuera de los puntos de revisión migratoria que establece la ley. Hasta ahora son siete los servidores públicos del INM vinculados a proceso por este hecho, de los cuales sólo seis están en prisión.

Al llegar al juzgado federal dijo “vengo a una audiencia”, y al salir afirmó: “sigo en un proceso”. Mientras se retiraba del lugar explicó que ante el juez declaró su garantía de guardar silencio “y aquí ante ustedes también”.

Ante el juez Víctor Manlio Hernández Calderón, el Ministerio Público (MP) lo acusó de haber cometido el delito de ejercicio indebido del servicio público y solicitó suspenderlo temporalmente del cargo para evitar que obstaculice la investigación y porque considera que él representa un riesgo para las personas migrantes por las presuntas omisiones en que ha incurrido desde su posición de servidor público y la ilegal detención de migrantes que lleva a cabo el INM.

El MP también pidió que al comisionado se le prohibiera salir del país y fuera sometido a una vigilancia permanente.

Sin embargo, el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón, sólo aceptó imponerle a Garduño la obligación de que acuda cada 15 días a firmar, porque dijo estar de acuerdo con los argumentos de los abogados defensores.

Patricia Aurora Almada Beltrán, abogada de Garduño, indicó que el INM ha proporcionado todos los datos desde el momento que sucedió el incendio y que ha mostrado “una colaboración absoluta con Fiscalía y con cualquiera que lo solicite”.

Muestra de eso, afirmó la defensora, es la carpeta de investigación que ha integrado el MP.

La defensora también afirmó que Garduño tiene derechos que se deben respetarse y expuso que, si el comisionado quisiera haber huido, ya lo hubiera hecho, pero, “aquí estuvo y aquí estará siempre”.

Otro de los defensores señaló que Garduño ha dedicado su vida al servicio público, pues tiene más de 40 años ocupando cargos públicos; es un adulto mayor y tiene derecho al trabajo.

Mientras se desahogaba la audiencia contra el comisionado, en otro juzgado federal del mismo centro de justicia federal, el director de Control y Vigilancia del Instituto Nacional de Migración (INM), Antonio M. D., fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público por la tragedia migrante.

Al igual que Garduño libró la cárcel y seguirá en funciones en el instituto.

Las acusaciones y las pruebas en contra del comisionado

Al iniciar la audiencia, alrededor de las 9:15 horas de este martes 27 de abril, una de las agentes del Ministerio Público (MP) dio a conocer que Garduño, desde su posición de servidor público federal en activo, omitió ejercer, supervisar, vigilar y proteger a personas y edificios que le correspondían en virtud de su cargo, particularmente la unidad administrativa de Chihuahua.

Esas omisiones provocaron que en la estación migratoria tipo B -ubicada en la calle General Rivas Guillén, junto al puente internacional Reforma-Stanton- se registrara hacinamiento, falta de agua, de enseres y de comida suficiente y adecuada.

También se indicó que el edificio no cumplía con las medidas de seguridad y operaba como un centro de reclusión.

Lo que derivó en una manifestación con fuego el pasado 27 de marzo, en el área varonil donde los migrantes extranjeros estaban encerrados bajo candado y no pudieron salir; 40 de ellos murieron intoxicados con monóxido de carbono y otros 27 presentaron quemaduras de la vía aérea, incluso algunos de ellos aún permanecen hospitalizados e intubados.

La representante social informó al juez que desde el 8 de julio del 2022 Garduño tenía conocimiento de las condiciones en que funcionaba la estación migratoria de Ciudad Juárez.

En esa fecha el entonces titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del INM -hoy detenido y sujeto a proceso penal, por estos mismos hechos-, el contralmirante Salvador G.G., le envió a Garduño y al director General de Control y Verificación Migratoria, Antonio M.D. -a quien también se le formularon cargos por el delito de ejercicio indebido del servicio público-, un oficio y unas fotografías solicitando la ampliación de los dormitorios del área varonil.

En esas fotografías se documentaba el hacinamiento que había en el área varonil, la falta de ventilación y que los migrantes estaban encerrados bajo candado, se expuso.

“Lo que era del conocimiento del imputado”, dijo la fiscal mientras Garduño permanecía junto a sus defensores, masticando chicle por unos momentos y bostezando en otros.

Un dictamen en materia de seguridad industrial permitió establecer que la estación migratoria no cumplía con la normatividad pues no contaba con sistemas contra incendios, tampoco salidas de emergencia, ni rutas de evacuación, se narró.

Había cuatro extintores, pero en el área administrativa no en el espacio de alojamiento. Dos de estos estaban bloqueados con mochilas, uno de esos también se hallaba a una altura fuera de norma; otro tapado con un estante y uno útil, que fue el único que uso un agente migratorio para tratar se sofocar el fuego.

Había también siete detectores de humo, pero fuera de servicio, se mencionó al exponer los datos de la acusación contra el funcionario del INM.

Garduño tiene la facultad de ordenar el cierre de las estaciones migratorias que están fuera de norma y no hizo nada respecto a la estación tipo B que fue incendiada el pasado 27 de marzo, expuso la fiscal federal.

Algunas de las atribuciones de Garduño, explicó, son ejercer y supervisar las unidades administrativas del INM en los diferentes estados del país, sin perjuicio del trabajo que hacen los titulares; definir las estrategias para el aseguramiento de las personas migrantes en las estaciones; vigilar que se de un trato digno y apegado a derechos humanos a los migrantes y opinar sobre el cierre de las estaciones.

Sin embargo, acusó la fiscal, él fue omiso en vigilar el cumplimiento de unos siete protocolos.

Uno de estos el protocolo es para la entrega de cobija y colchonetas; la Unidad Interna de Protección Civil del INM no verificó el riesgo de usar esas colchonetas elaboradas de vinil y al parecer Garduño tampoco, aunque era parte de sus facultades administrativas y a pesar de que él quiera argumentar que delegaba las funciones en otras personas, afirmó la fiscal federal.

Tampoco se cumplió con el protocolo que señala que las estaciones migratorias deben ser espacios libres de humo pues presuntamente los guardias de seguridad de la empresa CAMSA S.A. de C.V, que otorgaba el servicio de vigilancia en la estación, vendían cigarros y encendedores a los migrantes detenidos.

Presuntamente Garduño fue omiso en vigilar el cumplimiento a un protocolo para evitar hacinamiento, en el que se marca que las estaciones no deben estar a más de 80 por ciento de su capacidad. Incluso el MP documentó que en la estación ahora incendiada no se realizaban los procedimientos administrativos de todas las personas que ingresaban al área de alojamiento varonil.

Al momento del incendio había unas 68 personas, pero solo se habían elaborado el procedimiento administrativo para 52, se mencionó.

El comisionado también fue advertido de que al menos un guardia de seguridad de CAMSA dormía durante su horario de trabajo y al parecer también de que comercializaban cigarros y encendedores o cerillo en la estación migratoria, acusó la fiscal.

En la estación provisional había 16 de cámaras de seguridad que estaban enlazadas a un centro de monitoreo en la Ciudad de México y desde ahí se observaron las irregularidades y Garduño Yáñez fue notificado, se aseguró ante el juez.

La fiscal señaló al juzgador que con los testimonios de las mujeres que estaban en la estación al momento del incendio y de los sobrevivientes, se determinó que el lugar funcionaba como un centro de reclusión, incluso a varios de ellos no se les comunicó con los consulados de sus países y tampoco se les permitió hablar por teléfono.

Los migrantes eran retenidos en la estación por más de 36 horas, lo que es anticonstitucional, denunció la fiscal.

Una de las tareas de Garduño es vigilar por el respeto a los derechos humanos. Pero al momento del incendio, el personal del INM y los guardias no auxiliaron a las víctimas.

De las declaraciones de las mujeres que estaban detenidas al momento del incendio y de los sobrevivientes se rescataron expresiones de indiferencia por parte del personal y los guardias, como “dijeron que si ellos lo incendiaron, que se mueran ya que ellos no tenían la culpa”, “que nos fuera bien”, y “que apagáramos eso”.

«No hubo llamada de emergencia»

La fiscal refirió que se estableció que ningún funcionario público llamó para reportar el incendio y pedir ayuda, los bomberos llegaron al lugar porque un mando medio paso por el sitio y vio que salía humo del edificio; incluso cuando estaban las maniobras para apagar el fuego, no se les informó que había víctimas atrapadas en el lugar, ellos se dieron cuenta al tropezar con los cuerpos en medio de la obscuridad.

Garduño Yáñez fue nombrado comisionado el 16 de junio del 2019 y a partir de esa designación y de las atribuciones del cargo, se establece su responsabilidad.

El funcionario acusado no rindió declaración ante el juez, le dijo “me acojo a mis garantías constitucionales y le solicito que resuelva mi situación en 172 horas”.

Entonces el juez fijó la audiencia de vinculación o no a proceso para el próximo domingo 30 de abril a las 11 de la mañana.

Al salir del juzgado, visiblemente contento, Garduño dijo que a los reporteros que no daría declaraciones y que su abogado Rodolfo Pérez Velázquez será su vocero en relación al proceso penal.

“Yo declaré ante el señor juez mi garantía constitucional de guardar silencio y aquí ante ustedes también les agradezco seguir, sigo en un proceso”, dijo antes de retirarse escoltado por dos mujeres que forman parte de su equipo de seguridad personal.

Vinculan a proceso al segundo de Garduño

Unas dos horas antes de concluir la audiencia contra el comisionado, arrancó otra en el mismo centro de justicia federal, donde el director de Control y Vigilancia del INM, Antonio M. D., fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público por el mismo hecho.

Tras escuchar acusaciones y alegatos de abogados defensores, el juez de Distrito, José Avelino Orozco Córdova, dio un plazo de tres meses para que la defensa del imputado y el Ministerio Público amplíen la investigación y le impuso a Antonio la medida de acudir a firmar al Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez cada mes.

El juez determinó que el imputado es probable responsable del delito de ejercicio ilícito del servicio público en la modalidad de comisión por omisión pues, aunque no participó de manera directa en los hechos del 27 de marzo de 2023, las omisiones en sus funciones influyeron en las consecuencias del incendio.

“La Estancia Provisional es un inmueble que no estaba en condiciones de alojar migrantes, no había ventilación suficiente, estaban recluidos y no alojados, no se les dio alimento ni agua necesaria, no había ninguna medida de seguridad y aun así el espacio se amplio en capacidad”, dijo el juez durante su resolución este martes.

La defensa del imputado argumentó que Antonio no tenía una responsabilidad directa en la seguridad del inmueble en cuestión y mencionó que los encargados de la misma eran los empleados de la empresa de seguridad que se contrató por parte del INM.

“Las llaves para abrir el candado tenían que estar en poder del guardia en turno y no de los agentes de Migración, la empresa de seguridad fue omisa”, argumentó la defensa.

Sin embargo, el juez determinó que a pesar de la responsabilidad de la empresa contratada era obligación de Antonio vigilar y dirigir para asegurar un trato digno a las personas migrantes que estuvieran alojadas en el lugar y que estaba enterado de la situación de encierro en que se encontraban por lo que fue omiso en accionar los protocolos necesarios.

En la audiencia se determinó que el dormitorio de hombres no contaba con alarmas de incendio, ni tenía extintores. Y a pesar de que se trata de un espacio 100 por ciento libre de humo, se corroboró el consumo de tabaco en el baño y en la estancia, ya que se encontraron una cajetilla quemada y cinco colillas de cigarro.

Y la responsabilidad de controlar y vigilar el cumplimiento de los protocolos y calidad de las condiciones recae en el director Antonio, segundo al mando, debajo del comisionado Garduño, por lo que se le imputa la probable comisión del delito de ejercicio ilícito del servicio público en la modalidad de comisión por omisión, determinó el juez.

Hasta el momento son nueve las personas vinculadas a proceso por el incendio ocurrido la noche del 27 de marzo en la estación migratoria del INM, siete de ellas son funcionarios del instituto, de los cuales solo seis enfrentan el proceso en prisión.

El 4 de abril fueron vinculados a proceso Daniel G.Y., representante local Noroeste del INM (subdirector); así como los agentes federales de migración, Rodolfo C. de la T. y Gloria Liliana R. G. por los delitos de homicidio y lesiones.

Ese mismo día también quedaron vinculados a proceso por los mismos hechos un guardia seguridad privada que daba servicio en la estación migratoria, identificado como Alan Omar P.V., y el migrante originario de Venezuela, Jeison D. C.R.

El 19 de abril fueron vinculados a proceso penal Eduardo A.M. y Juan Carlos M.C., el primero de ellos se desempeñaba como jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y el segundo como coordinador de Grupo de Protección a Migrantes Beta del INM en Ciudad Juárez y era parte de la Unidad Interna de Protección Civil.

Unos días después, el 22 de abril, el contraalmirante Salvador G.G, extitular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, también fue vinculado a proceso por la posible comisión de los delitos de ejercicio ilícito de la función pública, homicidio y lesiones.

Este martes, Antonio M.D. fue vinculado a proceso por la tragedia migrante, aunque es el único que no se le impuso la prisión como medida cautelar, es decir, enfrenta en libertad la investigación en su contra.

🗣️ Hoy se llevará a cabo la audiencia de formulación de cargos al comisionado nacional del @INAMI_mx Francisco Garduño por el incendio ocurrido ocurrido en la estación migratoria en Ciudad Juárez. Acá abrimos #hilo con la cobertura de la audiencia 👇🏻🧵 pic.twitter.com/iTI7pnfG7N

— La Verdad (@LaVerdadJz) April 25, 2023

Niega FGR acceso a la justicia a víctimas del incendio en estación migratoria, acusan ONGs

Organizaciones defensoras de migrantes denunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, obstruye el derecho de acceso a la justicia de dos de las víctimas del incendio de la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, al rechazar la designación de sus asesores jurídicos y defensores de derechos humanos.

“Niegan representación legal a víctimas y criminalizan a organizaciones”, aseguraron en un comunicado conjunto emitido este 24 de abril por la Fundación para la Justicia (FJEDD), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), el Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI), Asylum Access México (AAMX), Uno de Siete Migrando y Dignidad y Justicia en el Camino A.C. FM4 Paso Libre, organizaciones que exigen a la FGR respetar las decisiones de las víctimas y reconocer las designaciones que han efectuado.

Desde el pasado 13 de abril, cuando las designaciones firmadas por las dos víctimas —un sobreviviente y la hija de una de las 40 víctimas fallecidas en el incendio– fueron enviadas a la autoridad, se han enfrentado obstáculos para acompañarlas en su búsqueda de justicia.

El 17 de abril, la agente del Ministerio Público de la FGR negó las designaciones de las organizaciones representadas, efectuadas por las víctimas, señalando que no existe certeza de que se trate de la firma de las víctimas ni de que sus identificaciones sean auténticas, señalaron.

Las organizaciones explicaron que se ha seguido el procedimiento utilizado en otros casos previos.

“Los escritos de designación de representación legal fueron remitidos vía correo electrónico (12 de abril de 2023), lo cual es una práctica empleada anteriormente en múltiples casos que acompañan las organizaciones mencionadas, bajo los principios de buena fe y enfoque diferencial que deben regir al tratarse de víctimas migrantes”, explicaron.

En estos casos previos, agregaron que la FGR únicamente ha requerido la ratificación de las víctimas vía videoconferencia o ni siquiera esto. “La utilización de medios electrónicos está permitido por el Código Nacional de Procedimientos Penales y es parte de lo que se ha intentando echar andar en el Mecanismo de Apoyo Exterior para la Búsqueda e Investigación en casos de personas migrantes, mecanismo que fue creado justo para acercar la justicia a quienes están en otros países”.

Para las organizaciones, la actitud de la Fiscalía en el caso del incendio en la estación migratoria del INM en Ciudad Juárez, donde 40 personas murieron, resulta una violación al derecho de las víctimas a intervenir en el procedimiento penal, a recibir asesoría jurídica y a elegir libremente a sus representantes, particularmente, en un caso donde están implicados agentes del Estado mexicano.

“Negar el acompañamiento legal de las víctimas vulnera sus derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño, así como les niega su calidad como sujetos procesales titulares de derechos con la capacidad de tomar decisiones, a la par de criminalizar a las organizaciones defensoras de derechos humanos al sugerir que los documentos entregados pueden ser falsos”, afirmaron.

La FGR pone en duda la autenticidad de los documentos, lo que criminaliza a las víctimas y también la labor de defensa de los derechos humanos, mencionan las organizaciones en el comunicado.

Peor aún, se niegan a recibir documentos en sus instalaciones. “También hemos intentado presentar los nombramientos originales de manera física al personal de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la FGR en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero hasta el momento se han negado a recibirlos”.

De igual manera, han solicitado a la agente del Ministerio Público a cargo de la investigación, que se señale fecha y hora para la entrega de estos documentos, sin que hayamos obtenido una respuesta.

Frente a este panorama, las y los asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no han mantenido comunicación con las víctimas que nos designaron como sus representantes. Además, la CNDH ha permanecido en silencio, denunciaron.

Por estas obstaculizaciones, las organizaciones acompañantes presentamos una demanda de amparo, una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y solicitamos la intervención de Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y del Órgano Interno de Control. A pesar de que la denuncia fue presentada ante la FGR desde el 29 de marzo y la queja ante CNDH, el 31 del mismo mes, las organizaciones no hemos podido participar en la investigación.

“En casos en los que están implicados agentes del Estado y ante fiscalías que carecen de autonomía, la labor de los órganos de control es fundamental para vigilar que se respeten los derechos humanos, lo cual no ha sucedido”, señalaron.

Esta nota fue publicada originalmente en LA VERDAD JUÁREZ, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.