La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, propone analizar el criterio con que se aplica la justicia en el país. Es un debate académico. El problema de fondo es arrancar viejas prácticas como la tortura, corrupción y desdén a los mexicanos que prevalece en el poder Judicial

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La reunión era muy animada. Unas 150 personas, entre activistas, funcionarios públicos, diplomáticos y alguno que otro periodista colado.

En uno de los corrillos una exdiputada, que por esos días era parte del equipo central de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), comentaba con cierto pesar lo que enfrentaban a diario.

El 90 por ciento de los detenidos por la Policía Federal, el Ejército y la Marina se presentaban con huellas de tortura ante el Ministerio Público, decía.

Algunos inclusive con heridas graves, tanto que era difícil que pudieran hilar alguna frase.

Pero en esas condiciones debían tomarse las declaraciones, recordaba molesta la funcionaria quien, en los años noventa, fue activista en favor de los derechos humanos.

No era la única que enfrentaba una paradoja similar. En los meses que se celebró la reunión, mediados de 2011, el país vivía la etapa más sangrienta de la guerra contra carteles de narcotráfico.

Las masacres y enfrentamientos militares en las calles eran asunto cotidiano. 

Eran los días del sangriento afán por legitimarse de Felipe Calderón. El impresentable personaje recurría a la retórica y epopeya para tratar de convencer que iba ganando su guerra.

E hizo algo más: toleró, impulsó la tortura como parte de su plan de seguridad. Miles de personas fueron víctimas de abuso en los operativos de seguridad.

La estrategia de terror era evidente. Casi a diario la Policía Federal presentaba ante los medios a personas arrestadas en sus operaciones. 

Lo hacía ante los medios, a veces con transmisiones en directo por televisión. En todos los casos los detenidos estaban golpeados, y en no pocas ocasiones aparecían visiblemente lastimados.

En la exhibición de la barbarie que tanto parecía gozar el impresentable de Calderón, la tortura se normalizó. Fue aceptada como una herramienta válida para combatir el crimen.

La exhibición de prisioneros devino en juicios populares, una inquisición donde a los señalados se les quitaron todos sus derechos.

En ese escenario miles fueron enviados a prisión de manera casi automática, sin el beneficio de un juicio justo. Y en ese proceso un actor central fue el Poder Judicial.

Prácticamente a todos los presentados por la PGR se les ordenaba prisión preventiva, inclusive en los casos donde los detenidos lucían evidentemente torturados.

Muchos jueces desestimaron todos los protocolos de derechos humanos, y virtualmente todas las sentencias que emitieron se basaron en la confesión de los detenidos… Obtenida con tortura.

Las huellas de esa herencia maldita, festinada por el impresentable Calderón y su colaborador de mayor confianza, Genaro García Luna, aún prevalecen.

Un caso reciente se presentó en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La madre de un joven encarcelado bajo este procedimiento le pidió ayuda. Su hijo, Rafael Méndez, fue sentenciado a 10 años de prisión que se cumplieron en 2018.

A pesar de ello, una juez en el distrito de Toluca, Estado de México, se negaba a autorizar su liberación.

El presidente ordenó revisar el caso. El dictamen de la Secretaría de Gobernación fue contundente: al joven se le aplicaron cuatro sesiones del Protocolo de Estambul para determinar si una persona fue torturada.

Los cuatro resultaron positivos. No importó. En una clara violación a las leyes, que obligan a liberar a quienes se violan sus garantías individuales en el proceso de su captura, la juez que lleva el caso lo mantuvo en prisión.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que en ese caso se aplicó un criterio formalista del derecho, es decir, seguir lo que dice la letra de la ley sin importar las circunstancias del caso.

Debió atenderse con un criterio garantista: privilegiar los derechos del detenido, en este caso el más importante, su libertad.

La funcionaria dice que el caso puede abrir un debate sobre la forma como debe cumplirse la ley en el país, y tiene razón.

Pero las discusiones no deben quedarse en los libros. Es necesario desterrar la arraigada costumbre de mantener a la confesión como la reina de las pruebas.

Revisar la forma como los jueces, y el poder judicial entero, entiende la aplicación de las leyes es decir, como si juzgaran tesis académicas y no a seres humanos.

Eliminar la corrupción que se mantiene como la llave que resuelve expedientes y abre todos los juzgados.

Y lo más importante, eliminar la extendida práctica de la tortura, un viejo propósito que no se ha cumplido. De hecho, fue una de las primeras tareas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuando nació, en 1990.

Ése es el debate de fondo, no la controversia académica que propone la secretaria de Gobernación.

Porque el camino propuesto no va a cerrar el viejo expediente responsable de cientos de miles de casos de injusticia e impunidad.