José Luis Abarca, quien fuera alcalde de Iguala, está detenido desde hace siete años por dos casos: la ejecución extrajudicial del activista Arturo Hernández Cardona, y la desaparición forzada de los 43. En ninguno ha sido sentenciado. Uno de los casos está antepuerta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Texto: Lydiette Carrión

Fotos: Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.- Este 3 de junio se cumplieron 8 años de que fue localizado el cuerpo de Arturo Hernández Cardona y dos activistas sociales más, en Iguala, Guerrero, en 2013. José  Luis Abarca, quien fuera alcalde de Iguala, y Felipe Flores Velazquez, su secretario de seguridad pública están acusados de ser responsables en el expediente 100/2014.  Se espera que por fin, en agosto próximo reciban sentencia.

De su responsabilidad en este caso está acreditado el móvil, y también hay testigos sobrevivientes. Sin embargo, los delitos de desaparición forzada, tortura y ejecución no están contemplados en el expediente. Si Abarca y Flores son hallados culpables, lo serán de “secuestro agravado”. 

La Red Solidaria Década contra la Impunidad, organización civil que lleva el acompañamiento a la familia de Hernández Cardona, informó que apenas recientemente la Fiscalía  General de la República (PGR), abrió una nueva carpeta de investigación por los delitos de tortura y desaparición forzada. “Sin embargo, manifestamos que es solo para seguir manteniendo totalmente la impunidad en este caso”, advirtieron en conferencia de prensa. Ya que el proceso se llevaría otros ocho años.

Tanto Abarca como Flores han sido señalados como responsables de la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala el 26 de septiembre de 2014, un año después del crimen contra Hernández Cardona. Sin embargo, a siete años de la noche de la desaparición de los 43 Abarca tampoco ha recibido sentencia.

El pasado 13 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), admitió el caso de Hernández Cardona y el Estado mexicano tiene tres meses para responder sobre el expediente. Sin embargo, la familia no cuenta con medidas cautelares, a pesar de lo riesgoso del caso y a pesar de que la CIDH las ordenó desde 2014.

Testigos directos, móvil y cuerpo del delito

En enero de 2013, diversas organizaciones sociales se aglutinaron en la Unidad Popular en Iguala, para gestionar vivienda social y fertilizante para campesinos. Uno de los miembros era el ingeniero Arturo Hernández Cardona, perredista, de la corriente IDN, y líder de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata (UPEZ). 

Desde que la UP surgió, tuvo una relación tensa con el Abarca, a quien  desde entonces rumores lo vinculaban con la delincuencia organizada, ya que su esposa María de los Ángeles Pineda era hermana de conocidos criminales. En medio de esta situación,  un edil del cabildo, Justino Carvajal, fue asesinado. Carvajal era sobrino del político guerrerense Félix Salgado Macedonio, quien recientemente fue bajado de la contienda electoral.

Con el tiempo, los rumores acusarían a Abarca de haber mandado matar a Carvajal; sin embargo en aquel momento, fue Abarca quien atribuyó el crimen a Hernández Cardona. 

Así, las cosas llegaron a una fuerte tensión, hasta que, el  29 de mayo de aquel año, Arturo Hernández se presentó ante el cabildo con sus compañeros de la UPEZ a exigir algunas cosas. La discusión escaló a tal grado que Abarca al final gritoneó: 

–Dejen de estar chingando, porque yo tengo gente que me haga el trabajo.

Hernández Cardona le reviró:

–¿Para qué tienes gente, presidente? ¿Para qué trabajo?¿Nos vas a matar?

Ese mismo día,  varios miembros de la UPEZ interpusieron una denuncia contra el presidente municipal y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y contra Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública Municipal. 

Los demandantes fueron los siguientes: Arturo Hernández Cardona , Héctor Arroyo Delgado , J. Carlos Dorantes García , Rafael Ochoa , Justino Amos Osores Narcizo , Ángel Román Ramírez , Daniel Jardon López , Francisco Abarca Perales , Feliciano Ortiz Delgado , Gregorio Dante Cervantes Maldonado , y Bernardo Cruz Manjarrez.

Declararon que tenían «temores fundados» de que los demandados podrían privarlos de vida.

Al día siguiente, el 30 de mayo, los mismos simpatizantes bloquearon de forma intermitente la carretera federal de la México–Acapulco. Hubo pleitos con la policía. Pero al final del día se retiraron. Los últimos en irse fueron ocho: Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza Villa, Rafael Bandera Román y Jimmy Castejón. 

Se alejaron en una camioneta particular. En el trayecto los desaparecieron. 

El hallazgo

El 1 de junio de 2013, a las seis de la mañana, encontraron los cuerpos. Estaban sobre la carretera Iguala–Chilpancingo, maniatados y vendados. Refieren los documentos que mostraban signos de tortura. Eran Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez. 

Otros cuatro –Héctor Arroyo Delgado, Nicolás Mendoza Villa, Efraín Amates Luna y Gregorio Dante Cervantes– lograron escapar.

Posteriormente se tuvo conocimiento que Jimmy Castrejón, el último de los desaparecidos, también pudo escapar el mismo día de la captura, pero se mantuvo oculto por miedo.   

Pero en Iguala no se supo nada sino hasta el  3 de junio.  Héctor Arroyo Delgado, uno de quienes lograron escapar, se comunicó vía telefónica con el defensor de derechos humanos Bertoldo Martínez Cruz. Le dijo que habían asesinado al ingeniero Hernández Cardona el día siguiente a la desaparición –el primero de junio– y que él se iba de Iguala, pues temía por su vida.  

Ayotzinapa y Hernández, destinos unidos

Hernández Cardona era un hombre reconocido en todo Guerrero. El 3 de junio, cuando la gente todavía no sabía del desenlace, las organizaciones sociales marcharon para exigir que aparecieran con vida en el centro de Iguala. Vinieron activistas de varias partes del estado, entre ellos los normalistas de Ayotzinapa. 

Sofía, era pareja de Hernández Cardona en ese entonces. Durante la manifestación recibió una llamada anónima: Le sugerían ir al semefo, ya que ahí se encontraban tres cuerpos. Sofía fue, y constató que eran ellos. La noticia se esparció inmediatamente, y cuando llegó  a los manifestantes reunidos, las cosas se salieron de control. Normalistas rompieron  los vidrios de la presidencia municipal. 

En Iguala, dicen que Abarca nunca perdonó a los normalistas por ello. Para noviembre, cuando algunos estudiantes regresaron a esa ciudad, los recibieron a balazos. Por suerte, aquella vez no pasó a mayores.

Abarca impune al paso de los años

El sobreviviente Nicolás Mendoza Villa declaró muchas veces: ante la Procuraduría estatal de Guerrero, ante un notario particular en 2013, y ante la prensa. En todas acusó directamente a Abarca. Pero nadie lo detuvo, no hubo investigación. Abarca y su esposa siguieron reinando en Iguala.

La Unión Popular se disolvió. Los sobrevivientes huyeron uno por uno de Iguala. 

Para marzo de 2014, la entonces  Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) atrajo el caso. Mendoza Villa también declaró ahí. De nuevo no pasó nada. El caso permaneció en punto muerto y Abarca continuó gobernando al lado de su esposa… hasta el 26 de septiembre de 2014, cuando 43 normalistas fueron víctimas de desaparición forzada y otras seis personas, fueron ejecutados de forma extrajudicial.

El escándalo generado por los 43 de Ayotzinapa permitió que la prensa retomara el caso de Hernández Cardona. Un mes después, el 24 de octubre, la Siedo por fin emitió una orden de aprehensión por el caso Hernández Cardona. 

Abarca se encuentra en la Prisión de Alta Seguridad en el Estado de México. El expediente 100/2014 ante el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas.